En la última década cambió sustantivamente la institucionalidad de la educación inicial y escolar con la dictación de muchas leyes, como la Ley General de Educación, la creación de la Subvención Preferencial y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Ley de Inclusión, la nueva Educación Pública y la carrera docente, entre otras. Los objetivos de estas leyes se ven entorpecidos porque se ha ido generando una maraña de normativas que están dificultando seriamente la gestión de las unidades educativas.
Se pueden comprobar más de dos mil trescientas exigencias que recaen sobre las escuelas, contenidas en 18 leyes, siete decretos con fuerza de ley, 60 decretos y reglamentos y cuatro circulares distintas. Además, ellas provienen de un conjunto de instituciones diversas que, desgraciadamente, suelen actuar descoordinadamente y en vez de ser un apoyo terminan siendo una carga para las organizaciones educativas.
Se puede decir que el sistema escolar no está funcionando como un sistema y no está respondiendo adecuadamente a realidades muy diversas, tanto en contexto como en tamaño de escuelas y jardines infantiles. Solo un dato: en Chile, más del 50% de los establecimientos escolares tiene menos de 200 alumnos, y muchos de ellos son uni, bi o tridocentes. Salvo excepciones, no hay diferenciaciones en sus obligaciones. Esta situación no solo tiene efecto en dedicación de tiempo a la gestión pedagógica y formación de los alumnos, sino también en que los establecimientos educacionales terminan trabajando para cumplir las exigencias más que para educar. Este fue, en breve síntesis, el diagnóstico de la Comisión Todos al Aula, que entregó recientemente sus propuestas al Presidente de la República.
Detrás de esta sobrecarga administrativa hay un clima de desconfianza generado principalmente en torno al uso de los recursos públicos. Pasamos de un sistema desregulado a uno excesivamente regulado. Si bien es una realidad que la desconfianza se ha entronizado en nuestras relaciones sociales e incluso personales, todo indica que esta impacta muy negativamente sobre la calidad educativa. Hay evidencia respecto del peso del factor confianza en buenos resultados. Donde hay un discurso positivo desde las políticas educativas hacia las comunidades educativas, sostenedores, directivos y profesores, y relaciones de confianza entre los padres y los estudiantes con sus escuelas, se logran mejores aprendizajes.
El desafío de fondo consiste en cómo lograr un equilibrio, que hoy no existe, entre una efectiva rendición de cuentas, tanto de los recursos como de las acciones educativas, y la necesaria autonomía y flexibilidad que se requieren en las comunidades educacionales para hacer las cosas mejor. Si una escuela recibe del sistema solo señales de control, sin una coordinación adecuada, a veces duplicando requerimientos, exigiendo planes pedagógicos por cada subvención, rendiciones, medios de verificación y múltiples protocolos, con seguridad verá frustradas sus posibilidades de emprender un vuelo alto con sus profesores y sus estudiantes.
Si queremos dar un salto en educación, por cierto no bastan las 46 propuestas que hizo la Comisión en algo tan concreto como disminuir y racionalizar la carga administrativa. Hay muchos otros desafíos, como mejorar competencias y condiciones de docentes y directivos. Pero hay uno que es esencial, que no requiere reforma, sino un cambio de actitud desde los actores de la política pública: pasar de la sospecha y el control al apoyo y la confianza. (El Mercurio)
Mariana Aylwin
