A raíz del acuerdo constitucional se discute la participación de mujeres y pueblos originarios en el eventual órgano constituyente. Es indispensable preguntarse
cómo aumentar la participación de grupos tradicionalmente subrepresentados en la deliberación política, especialmente considerando que se trata de un proceso excepcional. Pero esto no puede llevarnos a ignorar las preguntas que despiertan algunas propuestas, como
las cuotas de resultado, distintas a las cuotas de postulación.
Las primeras aseguran cupos en el órgano respectivo distorsionando el veredicto popular.
Esta medida puede entrar en conflicto con el derecho político a elegir y a ser elegido. Al asegurar un porcentaje para ciertos grupos, los votos por el resto de los escaños valdrán más, rompiendo la igualdad democrática básica: “una persona, un voto”. Además, eso implica asumir que los miembros de cada uno de esos grupos piensan y se comportan igual, cosa al menos dudosa.
Finalmente, surge la duda sobre los titulares de esos escaños. Así como respecto de las mujeres y los pueblos originarios hoy, mañana podrían alegarlos otros grupos de amplia representatividad, como los adultos mayores, discapacitados, menores de edad —que ya ocurre—, y confesiones religiosas. O grupos de interés, como la CUT o gremios empresariales. ¿Quién tiene justo título?
Diseñar las reglas del proceso constituyente exige pensar un adecuado mecanismo que asegure la más amplia participación, sobre todo porque es bueno incorporar percepciones diversas, que quizás no hemos valorado lo suficiente. Pero al hacerlo se debe respetar el principio democrático, valioso activo en este camino. Sin él (y sin una dosis mínima de orden público) no habrá solución alguna a nuestra crisis.
Claudio Alvarado
Mariana Canales
Instituto de Estudios de la Sociedad
