El sistema político chileno, más precisamente su elite, atraviesa por la situación más compleja que le haya tocado vivir desde la recuperación de la democracia en 1990. En efecto, no se trata sólo de una crisis de tipo coyuntural asociada a fenómenos aislados de corrupción, porque de hecho, no todas las situaciones que han adquirido cierta connotación pública lo son, sino que una crisis de tipo estructural asociada a ciertas dinámicas que son consecuencia, como diría Peter Siavelis, de los “enclaves de la transición”.
El efecto más evidente de esto es que la “fatiga de materiales” de nuestra democracia, tras 25 años de instalados sus cimientos, requiere tomar medidas de grueso calibre que no sólo implican mejorar la legislación para regular adecuadamente la relación entre política y dinero, sino que también hacerse cargo que parte de la necesaria refundación requiere de un nuevo trato, donde los ciudadanos, las estructuras de representación y el Estado construyan una nueva mirada y un proyecto de sociedad inclusivo, no sólo en lo social, sino que también en lo político.
Las condiciones en que se produjo la transición a la democracia en Chile fueron consecuencia de cuestiones que estaban contenidas en la Constitución de 1980, donde se consideraba, por ejemplo, el plebiscito en 1988 para definir la continuidad del régimen, y en caso de derrota, la permanencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército hasta 1998. Siendo justos, esa transición tuvo mucho de ejemplar, porque evitó, entre otras cosas, derrotar a la dictadura a través de las urnas y evitar el derramamiento de sangre. No obstante, como todo proceso político complejo, generó muchas deudas también en varios frentes.
Probablemente la más evidente hoy es la incapacidad de romper lo que tan brillantemente Antonio Cortés-Terzi llamó el “círculo extra institucional del poder”, que a diferencia de los poderes fácticos, claramente identificables y perfectamente conocidos, se mueven en las sombras y se alimentan de los distintos grados de influencia en el campo de la política. Este es el fenómeno más silencioso y transversal de la política doméstica, que se originó en la necesidad de otorgar garantías al empresariado y gobernabilidad al país en momentos donde la amenaza a la regresión autoritaria era inminente. El problema fue que aquello que fue concebido -en su minuto- de manera justa como una necesidad, se transformó en virtud, y la virtud en práctica normalizada por los múltiples actores del juego político que desfilan y desfilarán ante la justicia.
Ello no quiere decir que todo el financiamiento privado o empresarial de la política haya tenido por objetivo la captura de los intereses, pero la vía extra institucional generó espacios para los abusos, y son estos los que hoy reciben fuertes cuestionamientos de una opinión pública desconfiada y distante, porque nunca se sintió invitada a la fiesta.
Es ese el origen estructural de la crisis: un modelo de democracia que pasado un cuarto de siglo se agotó. Eso es lo que explica que si bien avanzar hacia una mejor regulación de la política y el dinero sea fundamental en el mediano plazo, no sea este el único camino para recuperar la confianza, mientras la justicia realiza su labor. De lo que se trata aquí es de entender que el origen de nuestros vicios no es sólo la Constitución hecha en dictadura, sino que la forma en que delineó las prácticas y las condiciones de la transición.
En tal cuadro, sobran razones para decir por qué es importante un plebiscito para una nueva Constitución: porque es la única manera de volver a reconstruir de verdad el vínculo extraviado con la ciudadanía. Por cierto, ni el plebiscito, ni el mecanismo elegido, y ni siquiera la nueva Constitución redactada garantizarán por si mismas la legitimidad, y eso es preciso considerar, ya que sólo se hace con los ciudadanos como miembros activos y comprometidos con el proceso de refundación democrática. (La Tercera)
