La deuda de cualquier agente económico, sean personas y familias, empresas, ciertamente el gobierno, un país y estado soberano, surge cuando los ingresos de aquellos no cubren sus gastos y, por ende, es necesario recurrir a los acreedores, quienes prestan bajo ciertas condiciones la diferencia. Así, cualquier endeudamiento surge porque los deudores no son capaces en un determinado periodo de cubrir sus gastos con sus ingresos. Cuando no existen acreedores privados aparece el FMI, que impone condiciones de ajuste, si estas no se cumplen, los países quiebran. El caso argentino es un claro ejemplo de esto.
Particularmente en el caso de un gobierno, éste tiene ingresos a través de distintos tipos de impuestos, típicamente primera categoría, empresas, segunda categoría, personas y trabajadores, el IVA, el impuesto inflación. Con esos ingresos tributarios financia el gasto público, que se expande rápidamente en los países que no tienen anclas fiscales, como ha ocurrido en Chile y se ven obligados por ende a emitir deuda pública, que adquieren inversionistas domésticos y principalmente extranjeros.
En Chile desde 2014, la deuda pública creció vertiginosamente, porque pasó de 42.0000 millones de dólares en ese año, a 72.000 millones de dólares en 2018, el año que terminó la administración Bachelet. Es decir, pasó de representar un 14% del PIB a un 24% del PIB. La administración Piñera trató de estabilizar ese porcentaje en torno al 27% (cifra mayor al 24% porque había otros gastos públicos comprometidos desde el pasado), pero los compromisos adoptados tras el llamado estallido social acercaron ese porcentaje a una cifra cercana al 29% del PIB. Solo los intereses de la deuda pública significaron unos 2.500 millones de dólares en 2019. Esto es equivalente a 8 hospitales de alta complejidad, o 1136 escuelas públicas, entre otros bienes públicos.
En el caso de la administración Bachelet, el aumento de unos 30 billones de dólares de deuda pública (30.000 millones de dólares), se debió a la expansión del gasto público, la caída de los ingresos tributarios a menos de la mitad que la reforma tributaria de esa administración había pronosticado, y al bajo crecimiento del producto de la economía, que se vio exacerbado por la caída en la inversión en todos los periodos que ejerció el poder.
Por otro lado, en los dos primeros años de la administración Piñera, se buscó estabilizar este creciente ratio de deuda pública a PIB, buscando una reforma tributaria que incentivara el crecimiento, y por lo tanto, una mayor recaudación fiscal explicada básicamente por actividad económica.
La crisis política detuvo todo porque no solo quedó atascada esta reforma pro crecimiento que se propuso, sino que también las demandas sociales empujaron vertiginosamente el crecimiento del gasto público para este año en casi un 10%, mientras que los ingresos tributarios se verán afectados a la baja fuertemente, por la brutal caída de la economía desde el inicio de la convulsión en octubre de 2019.
Solo por esta razón veremos que, de aquí a 5 años, la deuda pública, que ya aumentó a 84.000 millones de dólares en 2019, proyecta al 2024 llegar a unos 120.000 millones de dólares, es decir, un 40% del PIB.
Esto tiene consecuencias para la economía, porque sin duda el financiamiento externo se comprometerá. Habrá menos acceso a los mercados financieros internacionales y además el riesgo país aumentará, aumentando las tasas de interés que se cobran por la deuda externa. Pero además, este proceso llevará a una devaluación que tendrá un valor del dólar más alto que en el pasado. Es decir, la deuda será más cara porque la tasas de interés son más altas, y porque el peso valdrá menos.
Este gobierno debe, a la brevedad, presentar el decreto correspondiente a la nueva ruta fiscal porque de ello dependerá, sobre todo, la mirada de las clasificadoras internacionales de crédito, que advierten que la disciplina fiscal está en entredicho.
Asimismo, la estabilidad política y el Estado de Derecho se deben restituir a la brevedad. De lo contrario, la inversión seguirá la trayectoria negativa que tendrá este año, que estimo cerca del 5%, y el crecimiento de los próximos años se verá comprometido, incluyendo el producto tendencial, una medida de mediano y largo plazo del crecimiento del país. (El Líbero)
Alejandro Alarcón
