Los millonarios pagos que está realizando Fonasa a clínicas privadas -algunas de ellas desconocidas y no acreditadas y sin licitación-, para que atiendan pacientes que son derivados desde los hospitales públicos llevó a un grupo de diputados de la Nueva Mayoría y Chile Vamos a anunciar la creación de una comisión investigadora.
La iniciativa se anunciará oficialmente hoy y la próxima semana se realizará la votación, que tendría el apoyo de ambos conglomerados políticos. Ya se acordó que el médico y diputado PPD de la Región de Coquimbo, Miguel Ángel Alvarado, presida la comisión, ya que tiene experiencia en los servicios de telemedicina que ofrece la clínica Ensenada a comunas de esa región, uno de los establecimientos cuestionados.
Entre enero y julio de este año los pagos a privados se dispararon en casi $20 mil millones, cifra que supera en 84% los $10 mil millones del mismo período del año pasado. Según antecedentes, ha habido un incremento de 60% en el número de pacientes derivados y un 111% en los pagos de Fonasa por este concepto.
El ex ministro de Salud Jaime Mañalich dijo que el contralor Jorge Bermúdez debería hacer una investigación “porque hay partidas en esta derivación que son inexplicables: tratos directos con proveedores que aparecen recientemente adjudicándose cifras millonarias. Todo debe ser investigado”.
El diputado Juan Luis Castro, uno de los impulsores de la comisión investigadora, profundiza para “El Líbero” las razones de su creación.
-¿Por qué decidieron crear una comisión investigadora?
-Para investigar dos cosas, primero, las condiciones en que se han hecho estas compras, tanto en el precio como en la calidad de los servicios que a nuestro modo de ver no están lo suficientemente acreditados, sobre todo, porque hay clínicas nuevas, distintas a las tradicionales, algunas desde 2014, que no están acreditadas por la Superintendencia de Salud, y que funcionan al lado de un strip center y con una página web en construcción en que no se sabe de quién se trata. Nunca se había dado que la compra se hiciera a establecimientos que tuvieran una procedencia poco clara. Por otro lado, se investigará a sociedades o grupos médicos organizados al interior de los hospitales con fines comerciales que brindan anestesia, neonatología, u otras especialidades, y que han proliferado y que también constituyen una compra privada que se da al interior de los centros asistenciales, en condiciones que son más costosas que fuera. Por lo tanto, la suma cuantiosa que gasta todos los años el sistema público requiere una aclaración. Con la misma fuerza como investigamos lo ocurrido 2010-2014, cuando la ex ministra Helia Molina llevó el informe de las cuantiosas compras a la clínica Las Condes, nos parece que en el mismo sentido hoy es necesario aclarar cómo se están gastando esos recursos, a quienes se les está comprando, si hay eventuales conflictos de interés, qué acreditación tienen, porque son usuarios públicos los que usan las camas, y cuál es la relación entre el gasto efectuado y el retorno de prestaciones hechas por las empresas.
-¿Fonasa puede traspasar recursos a una institución que no está acreditada por la Superintendencia?
-La verdad que eso tendría que explicarlo Fonasa, porque aparece poco consistente que en el sistema público se le exija acreditación a los hospitales, y no se le exija acreditación a una clínica privada, a la cual el Estado le compra para sus usuarios las camas. Todo indica, a no ser que haya un informe que no conocemos, que el mismo estándar debe exigirse en lo público y privado cuando se trata de pacientes del sistema público. Es poco consistente que haya ocurrido, y sobre todo, respecto de la precariedad de clínicas que no se desconocen qué servicios han prestado al servicio público, si están cumpliendo y qué condiciones tienen de satisfacción al usuario y de precios y costos.
-¿Qué opinión le merece que se adjudiquen millonarios contratos por trato directo?
-Lo lógico es que sean con licitación. Si hay tratos directos se tiene que explicar por qué, cuál era la situación tan perentoria que obligó a hacer tratos directos en el caso de la clínica Ensenada, por ejemplo, que es la número uno en prestaciones, en circunstancias que es un procedimiento que se hace todos los años, que tiene una modalidad habitual de adjudicación, que compiten distintos lugares privados. Quisiéramos entender qué lógica y explicación tiene que se haya usado el trato directo, porque hay que evitar conflictos de interés que pueden estar detrás.
-¿Por qué Fonasa deriva tantos pacientes a clínicas privadas?
-Porque lamentablemente en períodos difíciles del sistema público, sobre todo en invierno, las camas son traspasadas a enfermos agudos, como niños con virus sincicial, pacientes de tercera edad con broncopulmonía, etc, que obligan a postergar cirugías del AUGE y trasladarlas al sector privado para no suspenderla la actividad normal de un hospital. Cuando tiene el 90% de sus camas ocupadas con enfermos agudos se posterga la lista de espera de enfermos crónicos. Por eso se recurre el sector privado. Otra cosa es que miremos si la compra se hizo correctamente, a tiempo, con las mejores condiciones y precios.
-¿Cuáles serán los plazos de la comisión?
-Esperamos que la próxima semana sea votada y estimamos que tenga un plazo de 30-45 días para evacuar su informe final. No queremos una comisión que se alargue en el tiempo, son temas muy sensibles y no debe pasar de noviembre la entrega final antes de que se vote el presupuesto del próximo año. (El Líbero)
