A través de una declaración pública, los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; del PS, Álvaro Elizalde y del PR, Carlos Maldonado, quienes conforman el bloque Convergencia Progresista (CP), exigieron al Gobierno «transparencia y celeridad en el otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0».
La segunda cuota del beneficio para familias del 80% de mayor vulnerabilidad durante la emergencia, según el indicador socioeconómico de emergencia (ISE), comenzó a entregarse este pasado jueves, alcanzando a 404.530 familias, «lo que corresponde a un poco más de un millón de personas, de las cuales 800 mil y un poco más son mujeres», según dijo el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg desde La Moneda.
Esta situación, no dejó a todos conformes, y la oposición ya salió a hacer sus reparos. En el texto, los timoneles destacan que «el país sabe que el Marco de Entendimiento sobre el Plan de Emergencia se suscribió con el objeto de acordar un conjunto de medidas económicas y sociales para enfrentar la emergencia que viven millones de familias chilenas», recordando el hecho que tuvo lugar el 14 de junio, tras intensas negociaciones de parte de la oposición con el Gobierno.
Así, recordaron que «respecto al traspaso de fondos a las familias en el Marco de Entendimiento, el Gobierno no estuvo dispuesto a aceptar el monto del IFE 2.0 que se propuso desde la Oposición, para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Con todo, se suscribió el Marco de Entendimiento porque la Oposición participante logró aumentar el escuálido monto que proponía el gobierno, aumentando la cobertura del beneficio hacia la clase media y, sobre todo, bajo la promesa de que el dinero llegaría pronto a las familias».
Los reparos caen, concretamente, en las dudas sobre la fórmula que el Gobierno está aplicando para entregar este beneficio, considerando la cantidad de familias que ahora recibió la llamada «segunda cuota».
Por eso, los timoneles destacan que «el gobierno acaba de anunciar que ya otorgó el IFE 2.0 de $100.000 por persona a 404.530 familias, en tanto el IFE anterior lo recibieron 1.260.000 familias que también debían recibir el IFE 2.0».
A su juicio, «es incomprensible e irresponsable que este nuevo aporte no se les haya otorgado a todas ellas. Además, aún no se sabe cuántos son los potenciales beneficiarios del nuevo traspaso, ni se ha informado a las familias de las gestiones necesarias para obtenerlo».
«Tampoco se ha fundamentado la razón por la cual a muchos se les rechazó el subsidio original, y cuántos de esos ahora sí podrían recibirlo, ya que subió el monto para ser beneficiario. Por otra parte, hemos conocido la situación de muchas familias cuyo Registro Social de Hogares reporta ingresos superiores a los que han tenido, sin mediar explicación de porqué ello ocurre», destacan.
En ese contexto, apuntan a que «subsisten serios problemas administrativos que limitan el acceso al IFE 2.0 que urge corregir. La actual situación demanda transparencia, que el Gobierno no está teniendo».
«El Gobierno insiste en la estrategia del cuentagotas que ha demostrado su total fracaso. Primero, propuso un IFE de $50.000, después uno de $65.000, más tarde, bajo presión, aceptó uno de $100.000. Ahora lo empieza a distribuir de a poco. ¡Ya basta!», sostienen.
Por último, reiteran la exigencia de «celeridad y transparencia en el otorgamiento del ingreso que desde hace tres meses propusimos. Millones de familias no pueden sobrevivir sin él y se ven forzadas a salir a ganarse el pan, poniendo en riesgo su vida y la del resto de la población», concluye el texto.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
En respuesta a esta misiva, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) divulgó esta tarde un comunicado en el que da cuenta de los avances que han habido desde que se promulgó la ley, y aborda las principales críticas expuestas por parte de la oposición.
«Como Gobierno no solamente nos hemos comprometido a trabajar con la mayor celeridad y transparencia en su implementación (del IFE), sino que también con un sentido de urgencia y foco en las familias, apuntando a resolver y facilitar todas aquellas situaciones que podrían generar dudas sobre como acceder al beneficio», sostiene el escrito.
Agrega que también se ha estado «fortaleciendo nuestros canales de información y capacitando a la mayor cantidad de personas involucradas en los procesos de revisión de información en los territorios, y en las comunas, que es donde las personas acuden primero a la hora de actualizar sus datos del Registro Social de Hogares«.
En la declaración, la cartera dirigida por Cristián Monckeberg aborda también otra de las dudas planteadas por Convergencia Progresista: los cambios que han sido denunciados en las fichas del Indicador Socioeconómico de Emergencia, la fórmula con que se definen a los beneficiados.
«Aquí es importante mencionar que la situación socioeconómica de las familias durante la emergencia se construye con la última información disponible de ellas, razón por la cual, la última palabra respecto de los ingresos siempre la tienen los vecinos», asegura.
Y añade: «La profundidad de la crisis, la crudeza de sus efectos, y la urgencia con la que debemos actuar, nos obliga a que todos los actores involucrados actuemos con temple, responsabilidad y espíritu de colaboración«.
EL PROGRESO
Por otro lado, el MDSF recuerda que el aporte empezó a ser impartido este jueves, lo que benefició a 404.530 familias, es decir, 1.345.195 personas. Explica que también se ha hecho un «intenso despliegue territorial, para difundir y resolver todas las dudas» sobre el IFE y que se han realizado capacitaciones «a actores sociales clave sobre cómo opera».
«Adicionalmente, hemos redoblado los esfuerzos para reducir las barreras de acceso a la ciudadanía tanto en el proceso de solicitud del beneficio como el de actualizar la información de su Registro Social de Hogares. Por ejemplo, para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia se estableció como principal mecanismo de rectificación o actualización de datos una declaración jurada de ingresos digital que permite a las familias reportar cambios en sus ingresos de forma rápida y sencilla», complementa.
Asimismo, afirma que «la nueva ley amplió los plazos de solicitud del beneficio y apelación, para quienes hayan sido rechazados en el primer pago. El plazo máximo para solicitar el Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia se fijó para el día 9 de julio, mientras que el plazo de apelación para el día 3 de julio, manteniendo el 10 de julio como horizonte de pago para quienes postularon a la segunda cuota».
«Este compromiso supone un esfuerzo enorme de parte de todos los equipos involucrados en el proceso de pago para llevar tranquilidad a las familias que hoy están pasando momentos difíciles (…) Pero también, un despliegue comunicacional, político y territorial que nos permita llegar a cada uno de los chilenos que pueden acceder a este beneficio, tal como se comprometió en la discusión legislativa», finaliza el documento. (Emol)
