Un duró revés recibió durante las últimas horas la Municipalidad de Las Condes, propinado directamente desde la Contraloría.
La historia se remonta a octubre del año pasado, cuando el diputado Leonardo Soto denunció ante el ente fiscalizador que la municipalidad habría capacitado a funcionarios de seguridad para actuar como una “brigada” contra las protestas ocurridas durante el estallido social, tras un reportaje del medio digital NYC.
El organismo recopiló antecedentes que dieron cuenta de que fueron 46 inspectores de seguridad de la Municipalidad de Las Condes, dependientes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes participaron de un curso de formación impartido por miembros de la Policía de Cataluña, a comienzos de este año. Pero no fue solo eso.
Aunque Contraloría rechazó que los funcionarios municipales participen de actos de control de orden público, y solo deban ceñirse a prestar apoyo a las policías, y no intervenir directamente en su mandato constitucional, la resolución más dura dice relación con la adquisición de un alto contingente de elementos para repeler ataques y disuadir eventos violentos.
El dictamen señala que “de los antecedentes tenidos a la vista, tales como órdenes de compra, facturas, actas de autorización presupuestaria, entre otros, se advierte que durante el año 2020, la referida entidad edilicia adquirió para el personal de la Dirección de Seguridad Pública: 45 pares de rodilleras ‘Titanias race negro’, mediante compra ágil, menor a 30 UTM, por un monto total de $ 1.259.640, a la empresa Trail SPA; 110 cinturones tácticos con accesorios (…), 110 linternas, 110 portalinternas, 110 esposas, 110 portaesposas, 110 bastones retráctiles, 150 gas pimienta y 110 portagas pimienta, por un total de $ 19.555.270″.
El catastro del organismo que es dirigido por Jorge Bermúdez agrega que, además, se adquirieron “45 cascos y 45 escudos antidisturbios, a través de la licitación pública (…), por un monto de $ 9.877.000, cuyo proveedor es la empresa Comercial e Industrial Dagoway Trade SPA, y 50 unidades de cascos blindados y visores balísticos, mediante la propuesta pública …., adjudica a la empresa de importaciones exportaciones e ingeniería limitada, en la suma de $ 17.920.448″.
En total, lo adquirido por la municipalidad, entre licitaciones públicas y tratos directos, supera los $ 47 millones, algo que, a la luz de lo resuelto por los abogados de Teatinos #56, no deberían siquiera ser usados. “Los aludidos funcionarios no pueden intervenir directamente en el marco de las manifestaciones sociales, ya que dicha situación importaría exceder las labores de apoyo y colaboración para las que están habilitados”, dice la resolución, agregando que “tampoco resulta conciliable con la referida labor de apoyo el empleo de gas pimienta, bastones retráctiles o lumas por parte del personal municipal dependientes de la Dirección de Seguridad Pública”, se lee en el documento.
En esa misma línea, Contraloría advierte que “su uso es estrictamente para que sean utilizados en el cumplimiento de la función municipal relativa a la seguridad comunal, puesto que los cuerpos armados establecidos por el ordenamiento jurídico para tal efecto son de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades, lo que la aludida entidad edilicia deberá tener presento en lo sucesivo”.
La Tercera PM consultó a la Municipalidad de Las Condes qué pasará con los artículos comprados y cómo acatarán lo resuelto por el ente contralor.
“Dada la resolución de la Contraloría General de la República sobre la Brigada de Intervención y Orden Público –BRIOP-, podemos precisar que esta brigada actualmente no existe, y que solamente sirvió de apoyo y colaboración a Carabineros de Chile en el contexto del estallido social en el año 2019, colaborando con dicha institución en el despeje y limpieza de las vías públicas ante manifestaciones que interrumpieron el tránsito peatonal y vehicular en la comuna”, explicó Patricio Navarrete, director jurídico de la Municipalidad de Las Condes.
Navarrete agregó que “jamás se ha pretendido sustituir las competencias que la Constitución y la ley entregan a las policías. Por tanto, se trató solamente de una labor de colaboración y apoyo a las policías en su rol de mantención del orden público”.
Sobre qué ocurrirá con los elementos adquiridos, Navarrete expuso que “los cascos, rodilleras y los escudos son elementos de protección, que actualmente están guardados en bodega. Sin embargo, pueden ser utilizados cuando sea necesario en algún evento en que Carabineros necesite de nuestro apoyo en el despeje de las vías públicas como elemento de protección de nuestros inspectores”. (La Tercera)
