Nuevamente el manejo de recursos municipales están en tela de juicio. En esta ocasión, la Contraloría detectó graves irregularidades en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, desde donde se realizaron millonarios pagos en excesos a exdirectivos y por diferentes conceptos. Esto luego de que la alcaldesa Emilia Ríos (RD) detectara posibles desvíos de dineros durante la administración de su antecesor, el ex Renovación Nacional Andrés Zarhi (2015–2021).
De acuerdo con el informe emitido por el organismo tras efectuar una auditoría y un examen de cuentas al proceso de pago de indemnizaciones a los trabajadores de la mencionada corporación, comprobaron que dicha entidad pagó a Roberto Stern Elfenbein, quien se desempeñaba como Director de Salud, un monto en exceso de $38.932.699 por concepto de incentivo al retiro.
Y es que como pudieron constatar los examinadores, lo aprobado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente para esos efectos fue de $141.342.949, pero el pago real que efectuó por la corporación municipal ascendió a $180.275.648.
Además, los profesionales constataron que una vez que el funcionario se acogió al retiro voluntario, con fecha 1 de julio de 2020, la corporación volvió a contratarlo, pese a que no habían transcurrido los cinco años que la ley establece para que se reincorpore sin necesidad de devolver los fondos que había recibido.
“Posteriormente, el señor Stern Elfenbein fue nuevamente finiquitado el 23 de junio de 2021, percibiendo, esta vez un monto improcedente de $51.563.886 (…) Por lo tanto, considerando los pagos realizados en exceso al trabajador en cuestión, esta Sede Regional procederá a formular el reparo pertinente (o sea, el inicio de un juicio de cuentas) por el monto de $90.496.585″, se indica en el citado informe.
Pero esa no es la única irregularidad detectada, puesto que Contraloría también verificó que la corporación municipal pagó finiquitos a siete trabajadores de esa entidad corporativa que fueron desvinculados “por necesidades de la empresa y por desahucio”, determinando diferencias por un monto de $31.603.803 pagados en exceso, por concepto del mes de aviso, feriado proporcional e indemnizaciones de años de servicio. Por lo mismo, también determinaron iniciaron abrir un juicio de cuentas por estos hallazgos.
Además de ordenar el inicio de un juicio de cuentas, proceso en que se deberá determinar cómo se reintegran los fondos pagados en exceso, Contraloría también informó que pondrá a disposición del Ministerio Público los antecedentes.
En dicha instancia, cabe destacar, Emilia Ríos ya había estampado una denuncia, específicamente ante Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
NO PAGOS Y OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS
El proceso de análisis realizado por la II Contraloría Regional también concluyó que la mencionada corporación no pagó un monto ascendente a $1.120.964 en el finiquito realizado al señor Gabriel Ortega Montti, específicamente en los ítems de mes de aviso y feriado proporcional. Por lo que piden que se haga el recalculó de lo adeudado y, en caso de que proceda, gestionar su regularización, situación que tendrán que ser acreditada documentadamente a la entidad.
Igualmente, los funcionarios que analizaron los antecedentes de la corporación constataron que el sistema computacional de remuneraciones de esa entidad privada no permite registrar los días progresivos de vacaciones de cada funcionario, por lo que no fue posible obtener un reporte relacionado con los feriados legales utilizados por los 18 trabajadores de la muestra examinada. Asimismo, se verificó que el registro de las vacaciones se realiza a través de papeletas físicas, cuyo contenido no se registra en el respectivo sistema computacional, “no existiendo un procedimiento establecido que permita conocer los feriados legales reales de cada trabajador”, precisaron.
Tampoco cuentan, concluye el informe, con manuales de procedimientos que regulen los procesos relacionados con las materias de personal, como las indemnizaciones por término de relación laboral.
Ahora bien, de la revisión efectuada a los expedientes de los 18 trabajadores de la muestra examinada, los analistas informaron que en su mayoría no contienen la documentación requerida según el referido Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, tales como currículum vitae, certificado de antecedentes, contrato y finiquito anterior, cédula de identidad y certificado de experiencia.
Asimismo, constataron, entre otros elementos, que la corporación municipal cuenta con un libro de actas de sesiones de directorio, no obstante, la última acta incorporada en dicho libro es la N°256, de 29 de diciembre de 2011. Por su parte, se corroboró que en el período auditado, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, sólo existen dos actas correspondientes a los meses de julio y agosto de 2021. (La Tercera)
