Una reunión de emergencia lideró ayer pasadas las 19.00 en La Moneda la ministra del Interior, Izkia Siches. La secretaria de Estado analizó junto a sus principales asesores salidas a la compleja crisis que se había desatado horas antes: que por un error de la División Jurídica -dependiente de su cartera- el gobierno quedaría fuera del emblemático caso Huracán en que se acusa a funcionarios de Carabineros de implantar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche de actos terroristas.
La decisión fue clara: remover a la directora de esa división, la abogada independiente Camila Barros (37). Si bien la jurista no saldría -por ahora- del Ministerio y sería reubicada en sus funciones, el próximo lunes, en su reemplazo, asumirá en el cargo la abogada penalista Luppy Aguirre.
El hito era grave y así lo entendía Siches y también el Presidente Gabriel Boric, quien en horas de la tarde de ayer tomó contacto con la secretaria de Estado. Quienes conocieron del intercambio entre ambos aseguran que el tono del Mandatario apuntaba a entender la cadena de sucesos que terminaron con una equivocación de esa naturaleza. Él mismo había advertido públicamente -en una actividad en Viña del Mar- que era una situación “inaceptable” y que debían perseguirse responsabilidades.
“(Se deben) agotar todas las instancias jurídicas. Entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error -desde mi punto de vista- es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades sin lugar a dudas. Porque para nosotros la persecución de este tipo de delitos… Esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución. Y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a cejar en perseguir a los responsables”, dijo ayer el Presidente.
Sus dichos se dieron a solo horas de que la coordinadora del área penal, Javiera Corvalán, fuera notificada del fallo de la Corte de Temuco en que se declaraba inadmisible un recurso de apelación, dejando así al Ejecutivo fuera del caso. Esto, luego de que a mediados de mayo la magistrada Marcia Castillo decidiera excluir al gobierno como querellante por no corregir vicios formales de su acusación.
Al cierre de esta edición, la ministra Siches abordó el tema y acusó intentos por excluir al gobierno de la causa. “Quiero aprovechar de referirme al caso Huracán. Quiero transmitirle al país que este es un caso de la máxima relevancia para nuestro gobierno (…). Nos ha llamado la atención cómo la preparación del juicio oral ya lleva más de dos años y medio, como una de las audiencias lleva más de un año, y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos como gobierno es en marzo de este año fue presentar una queja disciplinaria frente cómo ha sido el curso de este proceso. Así también como Ministerio del Interior somos parte querellante y hemos estado insistiendo y persistiendo, a pesar que tanto la defensa como los distintos procesos de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación. Y no solo que nosotros. También al CDE y al INDH. Pero quiero manifestar que vamos a persistir e insistir y agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance para seguir siendo parte querellante como Ministerio del Interior. También observaremos cómo gobierno que este juicio pueda llevarse en los tiempos prudentes que requiere una investigación de tal relevancia”, advirtió.
“Más allá de este caso en particular, quiero aprovechar también esta instancia para comunicar que desde hace un tiempo a esta parte como Ministerio del Interior hemos estado reforzando los equipos. Y es así como tomamos la decisión de reforzar también nuestro equipo de la División Jurídica. Desde el lunes asume la jefatura de la división la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos”, agregó.
La polémica complica nuevamente a la titular de Interior, quien ya había tenido que reestructurar sus equipos tras los errores que ha protagonizado desde que asumió el cargo. La entrega de información falsa a la Cámara de Diputados, donde acusó al gobierno anterior de ocultar el retorno de un avión con migrantes expulsados, la obligó a remover a su exjefe de gabinete, Roberto Estay, y a reforzar sus equipos con militantes de partidos oficialistas como Víctor Ramos (CS).
Camila Barros ingresó al gobierno de Gabriel Boric el 11 de marzo, como directora de la División Jurídica, la cual integró para el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando ésta fue liderada por Luis Correa Bluas, y trabajó ahí incluso hasta bien avanzada la segunda administración de Sebastián Piñera.
La instalación del nuevo equipo de la división jurídica no ha sido calma.
El debut de la abogada egresada de la Universidad Diego Portales estuvo marcado por el retiro de las 139 querellas presentadas en el marco de causas abiertas tras el estallido social, en las cuales el gobierno había invocado la Ley de Seguridad del Estado. Era una de las promesas prioritarias del nuevo gobierno. A la hora de almuerzo del mismo 11 de marzo, día en que Boric fue investido como Presidente, Barros llegó a las oficinas de Teatinos 72 –donde opera la división- y dio la orden de que nadie saliera del recinto hasta que se revisara cada una de las querellas, se prepararan los escritos y se ingresaran al tribunal. Finalmente, el retiro de estas querellas como primer “gesto” a los presos del estallido no liberó a nadie.
Casi un mes después de su instalación, gran parte del equipo de abogados que existía hasta ese momento cambió. La salida que más llamó la atención entre los funcionarios del Ministerio del Interior fue la de Carlos Flores, abogado que encabezaba la unidad judicial y se desempeñaba en la cartera desde 2004. Con ello se tuvo que buscar otros nombres para llenar los cupos vacantes, en su mayoría profesionales jóvenes. En su reemplazo llegó Corvalán y otros profesionales: Pedro Vidal, Paula Astudillo, Sofía Wilson, Fernando Guerra y Samuel Malamud.
En La Araucanía también hubo movimientos clave. Sergio Arévalo, el abogado que representaba al Ministerio del Interior en La Araucanía desde 2018, fue despedido. El profesional estaba bajo la figura de contrato a honorarios, y era uno de los profesionales encargados de la redacción e interposición de querellas por violencia rural en la zona. Los despidos provocaron que un grupo de ex profesionales presentaran ante la justicia laboral una acción indemnizatoria acusando razones políticas para sus salidas.
“La división jurídica del Ministerio del Interior tiene una importancia especial respecto de otros ministerios, su función no se restringe a asesorar jurídicamente a las autoridades del Ministerio sino que además son los abogados que litigan penalmente en aquellas causas en las que, por su relevancia social, el Ministerio es querellante y acciona penalmente”, asegura el exsubsecretario de Interior, Juan Francisco Galli. “Es por eso que los abogados que se desempeñaban en esa división tenían años de experiencia en litigación, conocían en detalle juicios de alto perfil público como los casos de atentados con bombas, las querellas por ley antiterrorista y ley de Seguridad del Estado y eran parte de una política de Estado que no cambiaba de un gobierno a otro (…) Lamentablemente, parece no tenerse conciencia de la relevancia de la División Jurídica de Interior y ahora están viendo las consecuencias de privarse de herramientas útiles para enfrentar la violencia”, agrega. (La Tercera)
