Después de realizar una auditoría, la Contraloría determinó que la empresa Caval de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, recibió «informaciónprivilegiada» desde la Municipalidad de Machalí. Les informaron vía correo electrónico sobre el posible cambio de uso de suelo de los tres predios por 44 hectáreas que compraron por $6.500 millones en esa comuna, y que luego vendieron en $9.500 millones.
Tras conocer los antecedentes, el contralor Jorge Bermúdez ordenó abrir un sumario administrativo en la entidad y enviar a la Fiscalía el informe final con los antecedentes que demuestren las irregularidades que «podrían constituir caracteres de delito».
Según consignó El Mercurio, dicha información vino desde Jorge Silva Menares, formalizado por cohecho por pagos que habría recibido de Juan Díaz (rubro inmobiliario) por $55 millones presuntamente pagados a él y a su esposa.
De acuerdo al organismo fiscalizador, Silva mandó un correo a Valero donde le comentó los pasos a seguir del municipio para aumentar la densidad de habitantes.
Otra parte de los antecedentes fue proporcionada por Cynthia Ross,arquitecta contratada a honorarios en la Dirección de Obras de Machalí. También está formalizada por cohecho y le mandó un correo electrónico a Valero en noviembre de 2013 donde le especificó un estudio clave que sería presentado a la Seremi de Vivienda y Urbanismo («Estudio de Capacidad Vial de la Modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, sector Cruce Los Nogales de Machalí»).
En ese sentido, la Contraloría indicó que los funcionarios violaron un artículo referido a la probidad, otro sobre conducta intachable y por último, por usar en beneficio propio o terceros la información reservada o privilegiada; hasta ahora la fiscalía no ha formalizado investigación por este delito. (El Mercurio Cambio 21)
