Luego de años de tramitación y varios meses en comisión mixta, finalmente la ley de fortalecimiento de la Regionalización- o de transferencias de competencias- desde el Estado a las regiones, fue ratificada por unanimidad y despachada por la Cámara de Diputados.
Su aprobación dio luz verde definitiva a la primera elección popular de los gobernadores regionales (hoy intendentes designados), la que se efectuará en octubre de 2020 junto a las elecciones de alcaldes y concejales.
Según la reforma constitucional, aprobada el año pasado, la elección popular de estos cargos sería viable sólo si previamente se aprobaba la ley de transferencias de competencias, condición que finalmente se cumplió hoy.
Además se aprobó un segundo proyecto, el de la ley orgánica constitucional que hace operativa la ley de elección de gobernadores, quedando pendiente solo el artículo sobre la duración del periodo de los consejeros regionales, el que pasó a comisión mixta para su resolución.
“Es un día histórico, lo llamamos aquí en la Cámara el súper martes de la regionalización. Hubiésemos querido que la elección fuera este año, pero no se pudo por una serie de resistencias, pero ya es un hecho que se hará en 2020. Además con esto se despeja la critica de quienes decían que íbamos elegir gobernadores sin competencias ni atribuciones”, señaló el diputado Marcelo Chávez, presidente de la Comisión de Gobierno Interior.
Heinrich von Baer, titular de la Fundación Chile Descentralizado, valoró el mecanismo gradual de traspaso de competencias desde el Estado a las regiones y lo consideró “un piso perfeccionable a futuro, pero mucho mejor que nada. Para nosotros es un día de fiesta que hemos esperado por años, en que los propios gobiernos regionales podrán además solicitar las competencias que requieran al Estado para desarrollarse”.
Así lo confirmó también Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, quien señaló que a la ley solo le falta el trámite preventivo de constitucionalidad para su promulgación por parte de la Presidenta en enero, probablemente, o antes de que termine su mandato para su puesta en marcha en 2018.
“Vamos a empezar a construir esta nueva administración de las regiones antes de que llegue la figura del gobernador, para eso tenemos tres años hasta que eso ocurra. Por mientras se irá adquiriendo la experiencia en esta nuevo modelo para que cuando el gobernador electo llegue tengamos una institucionalidad robusta en su funcionamiento”, explicó.
Atribuciones
El subsecretario agregó que con los intendentes designados aún en funciones, se iniciará el traspaso de competencias, mediante un decreto presidencial a regiones se podrán luego ir solicitando nuevas.
Además se crearán en los gobiernos regionales las nuevas divisiones de fomento productivo, de desarrollo social, infraestructura y territorio; se podrá tomar decisiones con respecto al transporte o las basuras en forma integrada.
También se iniciará la creación de un plan regional de ordenamiento territorial, una especie de plan regulador, “el cual podría durar dos o tres años en su elaboración por lo que creo que debe ser una decisión que tome la autoridad electa, para que ese plan sea muy validado socialmente por los ciudadanos”.
Lo complejo, en opinión de Esteban Valenzuela, ex titular de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, es qué tan regionlista será el próximo gobierno, “pues las transferencias que pueden ser pedidas por cada región se posponen para 2022, quedando el proceso en manos de la voluntad del Ejecutivo”.
Según el investigador en temas de descentralización de la Fundación Piensa, Guillermo Pérez, “habría que extender en el tiempo las atribuciones del gobernador hacia otras áreas como el transporte, bajo el concepto de un contrato con el Estado que entregue capacidades al gobierno regional”.
Por su parte el senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Gobierno, y también de la comisión mixta que elaboró el informe votado hoy, señaló que “en este proyecto hay materias que resultan extraordinariamente confusas, y espero que en el próximo gobierno las podamos resolver, porque de lo contrario esto se va a judicializar”, precisó.
ARTÍCULO EN DISCUSIÓN
Sobre la ley orgánica que regulará el proceso, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, puntualizó que solo falta que la comisión mixta nombrada hoy “defina cuándo hacemos el ajuste del período de los Cores, si ahora o en el 2021. Nuestra opción es ahora, pero estamos dispuestos a un acuerdo”.
Esto porque quedó establecido que la primera elección de gobernadores coincidiría con las elecciones de alcaldes y concejales en 2020. Esto significaría acortar el actual periodo de los Cores electos el 19 de noviembre pasado, de cuatro años a solo 2 años 9 meses, lo que fue rechazado hoy en la cámara transversalmente.
“Esperamos que la comisión mixta entre en razón. Es un despropósito acortarnos el período porque la gente votó por Cores por cuatro años en la última votación. De lo contrario, acudiremos al Tribunal Constitucional reclamar”, señaló Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.
La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la Ley Orgánica Constitucional que permite que la elección de los gobernadores regionales se realice en las próximos comicios de 2020, pero hay un aspecto del proyecto que deberá discutirse en comisión mixta.
La piedra de tope estaba en que la reforma estipula que la elección se realice en conjunto con la de alcaldes, concejales y consejeros regionales, y así todos esos cargos tengan la misma extensión de cuatro años.
Sin embargo, si se cumple con esa redacción, los consejeros regionales volverían a ser votados el 2020 y por ende sólo alcanzarían a estar en el cargo por tres años, ya que fueron electos en los recientes comicios del 19 de noviembre.
Es así entonces que es necesario que para el regular funcionamiento de esta ley, se decida cuándo se hará el período de ajuste en el que por una única vez los cores sólo estén tres años: en 2020 o en la elección siguiente.
Según explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, la comisión mixta definiría este período de ajuste «durante la próxima semana» para así dar por despachado el proyecto.
«El diseño que nosotros tenemos respecto de esta materia, es que creemos que es más fácil de comprender y se mejora la institucionalidad con el ajuste se realice ahora. Sin embargo, hay opiniones distintas en esta materia, de que el ajuste hay que hacerlo más adelante y hay buenas razones para ambas posiciones», explicó el secretario de Estado.
Ante la oposición que existe de parte de algunos Cores que critican que las fechas sean modificada ya en el ejercicio de su cargo -y por ende prefieren que el ajuste se realice en la elección subsiguiente- el ministro sostuvo que «la verdad es que experiencias respecto de acortamientos de plazos a autoridades electas hay en la historia constitucional chilena, mandatos presidenciales y también alargamientos».
«No nos olvidemos que también los Cores vivieron un alargamiento de su período de cuatro a cinco años, entonces en esto no hay nada escrito sobre piedra, por lo tanto lo que tenemos que definir es cómo ajustamos el hecho de que ya tenemos una fecha cierta para la elección de gobernadores y dónde hacemos el ajuste de los cores», añadió. (Emol-La Tercera)
