Una «movilización ascendente» a partir de hoy y un paro nacional para el próximo miércoles 13 de octubre anunció el Colegio de Profesores para protestar por un veto supresivo que envió el Gobierno a un proyecto de ley que ya había sido aprobada por el Congreso Nacional –el pasado 9 de septiembre–, el cual entrega una serie de beneficios al gremio docente.
Según explican en el gremio, la iniciativa (boletín 11.780-04) incluye modificaciones al estatuto docente, resuelve la situación de los evaluados en 2015, termina con una causal de despido y libera de la Evaluación Docente sin pérdida de bonos a los maestros que están próximos a jubilar, entre otras medidas.
«(El proyecto) consagra múltiples avances laborales para el gremio docente, los que ya habían sido complemente aprobados por el Congreso Nacional luego de años de lucha (…) Se trata de avances en estabilidad laboral que no significan ni un solo peso de gasto para el Estado, pero que logran aliviar el agobio laboral docente, reducir la incertidumbre laboral y permitir que los docentes de Chile se enfrenten de mejor manera a la ardua tarea de educar», señala el Magisterio, en una carta dirigida al Presidente de la República, que entregaron este jueves en el Palacio de La Moneda.
«Hemos venido a dejar una carta al Presidente de la República en la cual estamos expresado nuestro absoluto repudio, nuestra indignación respecto del veto presidencial que Sebastián Piñera el día de ayer ha anunciado para una ley que veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo en el Congreso Nacional, que ya pasó todas las etapas que tenía que pasar, y que significa importantes logros y avances», sostuvo el presidente del gremio, Carlos Díaz.
PIDEN A PARLAMENTARIOS RECHAZAR VETO PRESIDENCIAL
En la carta, los docentes le exigen al Mandatario que «no sea un obstáculo» y que «retire el veto castigador impuesto ayer».
«Hoy el profesorado está a punto de lograr avances concretos en sus condiciones laborales, estos avances tienen amplio apoyo político transversal (…) solo hay un elemento que está obstaculizando avanzar: el veto supresivo impuesto por usted», señala el escrito.
Ante este escenario, el presidente del Colegio de Profesores anunció que, en reunión del directorio nacional del gremio, «hemos determinado iniciar un proceso de movilización ascendente desde el día de hoy en adelante, que va a considerar asambleas territoriales, reuniones con padres, madres, apoderados y con parlamentarios para solicitar formalmente que este veto sea rechazado en el Congreso».
Junto a esto, dijo el Colegio de Profesores convoca a «un gran paro social por la educación y por los derechos de los trabajadores», para el próximo miércoles 13 de octubre, donde «las trabajadores y los trabajadores de todo el país podamos salir a la calle a expresar nuestro repudio frente al actuar de este Presidente».
Aseguró que «vamos a realizar protestas a lo largo y ancho del país, para exigir que este veto sea eliminado y podamos tener esa ley que acordamos con el Congreso Nacional semanas atrás».
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la crítica que realizó el Colegio de Profesores a la decisión del Ejecutivo de enviar un veto supresivo a un proyecto de ley que ya había sido aprobada por el Congreso Nacional –el pasado 9 de septiembre–, el cual, según estima el gremio docentes, les entrega una serie de beneficios laborales.
El ministro defendió la medida adoptada por el Gobierno y sostuvo que «el veto presentado no restringe ningún beneficio que actualmente tengan los profesores» y que «lo que busca es resguardar la calidad de la educación y evitar discriminaciones arbitrarias entre distintos tipos de trabajadores».
«Específicamente, lo que hace es mantener las consecuencias de la reiterada mala evaluación de los profesores, quienes hoy día –en virtud de la ley– si sistemáticamente son mal evaluados, deben dejar la dotación docente, incurriendo en una causal de término de la relación laboral», explicó el secretario de Estado.
Sostuvo que «nos parece que va en directa relación con la calidad de la educación el hecho de asegurar que si un profesor es sistemáticamente mal evaluado deba dejar la funciones de aula, sobre todo si ha recibido apoyo precisamente para superar esa dificultad». (Emol)
