En sus primeras semanas de clases, los alumnos de Derecho aprenden que el mal gusto, lo amoral y lo ilegal no son lo mismo, y que sus reglas y lógicas no siempre coinciden.
Asimismo, aprenden que no todo lo feo o incorrecto recibe sanciones, y que estas últimas, cuando existen, requieren de un proceso judicial con plenas garantías. También aprenden que la libertad de expresión y el derecho a criticar, opinar y a recibir libremente información son requisitos estructurales de cualquier diseño democrático, por lo que la censura, incluso indirecta, debe ser escrupulosamente evitada.
La sorpresa viene muchos años después, cuando se enteran (generalmente por la prensa) que existe una gran excepción a todo aquello: el Consejo Nacional de Televisión. Una mezcla de inspector de patio de colegio (pero en el que las papeletas son multas en millones), de celador de la moral y las buenas maneras, y de ONG administradora de fondos concursables.
Para entender su lógica, conviene recordar que el CNTV, originariamente, incluyó también a la radio. Consta en las actas constitucionales cómo un prominente exsenador argumentara que los niños pasaban mucho tiempo con las nanas, y por lo mismo, expuestos a las radios AM, lo que exigía control. No hubo reparos. Gente de principios.
Pero estamos en 2019. Basta un teléfono celular para acceder a los diarios y canales de buena parte del globo, recibir por WhatsApp filmaciones prohibidas, acceder a los archivos de WikiLeaks y, por cierto, a pornografía gratuita e ilimitada.
En ese contexto, cuesta entender que sigamos dando aire a una institución que solo “vigila” una porción minoritaria de los datos que recibimos, que tiene poca representatividad/pluralismo y cuya capacidad técnica es discutible (dicho sea de paso, ayer dejé de navegar en su página web luego de encontrar brechas de información de más de cuatro años).
Los 11 integrantes del CNTV han aceptado el paternal encargo de “velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena”. Para cumplirlo, pueden decidir que alguna publicidad es “muy directa” para una campaña de interés público, o que ciertas rutinas humorísticas merecen —o alternativamente, no merecen— castigos millonarios, sin que ni siquiera sea posible tener certeza de los criterios que serán utilizados.
A nivel mundial, nadie discute que los asuntos que se refieren a un “interés público” gozan de una especial protección. Pero cuesta pensar en alguien que pueda plantear que la facultad de limitar estos derechos deba ser otorgada a un grupo de 11 personas designadas políticamente, sobre la base de causales genéricas.
En el mundo audiovisual, a la hora de hablar del fin del CNTV, suele surgir la inquietud por los fondos que distribuye. Pero todos sabemos que el fin de una institución no significa la desaparición de sus fondos, que podrían ser administrados, por ejemplo, por Corfo, o por el Ministerio de las Culturas. O por un Fondo Nacional Audiovisual, abierto a todo tipo de plataformas y postulantes (pero sin facultades de policía).
La pregunta por el futuro del CNTV no se limita al subsector de la industria que regula, sino al diseño institucional en torno al mundo audiovisual, al derecho a la información y, finalmente, a nuestra comprensión de la democracia. (El Mercurio)
Francisco J. Leturia
