Cuando todavía está en la retina que los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín solo pagaron con clases de ética, una multa de 857 millones de pesos cada uno y una pena de presidio menor por el escándalo de platas políticas, surge otra noticia que confirma que al holding le siguen perdonando sus pecados.
Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper Chile) reveló que Empresas Penta fue beneficiada con la aprobación de una rebaja de más de 1.400 millones de pesos, que gastó en asesoría legal, del monto total de sus impuestos del año tributario 2018.
De acuerdo a la información, el pasado 3 de agosto el Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de la firma para que los pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal por distintos delitos tributarios fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta.
La información provocó inmediatas reacciones. “Los controladores de Penta cometieron delitos tributarios reiterados y aun así el SII decide un perdonazo de $1.400 millones. Finalmente, las y los chilenos terminamos pagando la defensa de quienes financiaron ilegalmente la política”, señaló el diputado independiente Renato Garín.
Otro diputado que opinó fue el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), quien catalogó esta rebaja de impuestos como “escandalosa”. “Por estos abusos y privilegios a súper ricos, Chile estalló”, dijo en Twitter.
El parlamentario anunció que citará a la instancia para explicar el caso al ministro de Hacienda Ignacio Briones y al director del SII, Fernando Barraza, quien a su juicio debe renunciar al cargo.
También apuntó a la actuación del SII el diputado ex PS Marcelo Díaz, quien recordó que la entidad está más “preocupada de recuperar los bonos de 500 lucas que no correspondían”, en alusión a los beneficiarios del bono clase media, mientras hace vista gorda con el caso Penta.
POLÉMICA DECISIÓN
SII dijo a Ciper que la resolución «se ajusta a las normas». Sin embargo, al interior de la entidad indican que el beneficio no corresponde, dado que los controladores -Carlos Délano y Carlos Lavín, condenados por delitos tributarios reiterados en 2018- actuaron con dolo para que su empresa defraudara al Fisco.
Dichas fuentes, de carácter anónimo, aseguraron que tras la resolución del SII, la dirección jurídica de la institución fiscalizadora emitió un instructivo que indica que esta política se extenderá «cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas en el marco de un proceso penal que la involucre» y que esos pagos serán considerados como «necesarios para producir la renta».
Penta por otro lado, le dijo a Ciper que el SII con esta resolución «deja en claro que el gasto por defensa legal es un gasto aceptado, con tal que el gasto se vincule o tenga incidencia en el resultado de la gestión de negocios del contribuyente en su globalidad».
Sobre esta devolución, originada por un juicio por delitos tributarios, Penta añadió que «la determinación de la responsabilidad penal de Penta como persona jurídica es una cuestión que no ha sido sentenciada y sigue pendiente, pero, como se indicó anteriormente (…) del SII se deja en claro que el gasto por defensa legal en juicio es un gasto aceptado y que su procedencia o improcedencia no puede estar supeditada al eventual resultado del pleito».
Cabe recordar que los controladores del holding, Délano y Lavín, fueron condenados en julio de 2018 solo por delitos tributarios, dado que durante el proceso judicial se eliminó el delito de cohecho. La sentencia contempla cuatro años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva, una multa de 857 millones de pesos cada uno, que equivalen al 50 por ciento del monto eludido, y las clases de ética que cumplieron en la Universidad Adolfo Ibáñez.
SII NIEGA «PERDONAZO O PRIVILEGIO»
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, comparece ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja este miércoles en la sesión que fue convocada hoy mismo ante el escándalo que generó la rebaja de tributos a Empresas Penta.
Según la información entregada anoche por Ciper, el grupo económico fue beneficiado en atención a que el servicio consideró como «gastos necesarios» una importante cantidad de recursos para su defensa en la causa que lleva su nombre.
El reportaje reveló que fueron descontados más de 1.400 millones de pesos, reducción que se habría efectuado en varias partidas: las de Alcaíno Abogados; Bofill Escobar Ltda.; Sociedad de Profesionales López Escobar del Río Ltda., y también por las dietas y participación de directores.
También hubo una partida por varias asesorías presentadas por el actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que fue uno de los controladores del Grupo Penta, por un monto de 453 millones de pesos. Sin embargo, estos no fueron reliquidados, porque desde un principio fueron considerados como gastos necesarios, y al revisarlos no hubo diferencia en los montos.
En su exposición ante la Comisión, Barraza partió señalando que la causa está amparada en el secreto tributario, por tanto, «no podré referirme al caso en una sesión pública».
Sin perjuicio de lo anterior, dio a conocer algunas generalidades, como que se ha cumplido «fielmente» lo que la ley indica en todas las etapas de la causa, y que «cualquier conclusión que se pueda emanar de un artículo de prensa no tiene un asidero técnico ni jurídico», aludiendo al reportaje de Ciper.
Asimismo, el director del SII afirmó que todos los chilenos tienen derecho a que se les considere sus gastos en defensa en materia tributaria.
«Acá no hay una situación de privilegio más allá de la normativa. Lo insólito es que esto se filtra», sostuvo Barraza quien añadió que «en este caso, como en todos los que se someten a fiscalización, nosotros no hemos hecho más que cumplir con lo que la ley establece«.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también fue convocado a esta sesión, pero se tuvo que excusar debido a que a esta hora participa en la Comisión de Hacienda del Senado.
El Director del SII, Fernando Barraza, advierte a la Comisión de Hacienda que este caso está amparado por el secreto tributario y no podrá dar detalles.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) October 28, 2020
(El Mostrador-Emol)
