Nada hay peor para un país que transformarlo en un campo de batalla, sin consensos mínimos y sin respeto por las normas vigentes. Pensamos que pueden destacarse en este sentido cinco puntos que avalan lo anterior.
En primer lugar, ha existido un abuso extremo de las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, destinadas a alterar la agenda del gobierno y debilitarlo. No obstante su rechazo por falta de fundamento, han distraído la acción del gobierno en los temas relevantes. Basta estar en desacuerdo para interponer un juicio político. El mecanismo constitucional para deducir estas acusaciones no ha cumplido su propósito de equilibrios políticos. No ha funcionado sino para alterar el orden institucional.
Segundo, el cambio de tres ministros del Interior en pocos meses -Chadwick, Blumel y Pérez- ha afectado la mantención del orden público. Las autoridades encargadas de conservarlo han pasado sus potestades y deberes de una mano en otra, impidiendo la coordinación con las fuerzas policiales. Mientras tanto, las protestas de grupos minoritarios campean sin ninguna represión real. La mantención del orden público no funciona.
En tercer lugar, no existe en Chile un organismo de Inteligencia que haya podido descubrir y desenmascarar a los organizadores de la violencia sistemática, lo que es grave para un país que reclama el fin de los incendios, saqueos y destrucción de sus bienes. Esta esencial institución no funciona.
En cuarto lugar, miles de carabineros han sido heridos de gravedad y la Comisión de Derechos Humanos los ha discriminado, desechando condenar la violencia en contra de ellos, ni tampoco ha condenado la destrucción, saqueo e incendios que han afectado a miles de chilenos. Es decir, parece más una organización política que una destinada a preservar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Luego, esta institución no actúa con equilibrio ni objetividad. No funciona.
En quinto lugar, la situación de violencia en La Araucanía ha revelado ser inmanejable y gravísima, afectando la seguridad de sus habitantes, los derechos de realizar actividades económicas lícitas, el derecho de propiedad sobre múltiples campos atacados, la destrucción masiva de implementos y maquinarias de trabajo, y, desde luego, la economía de la región. La protección de la vida, de la propiedad, de la industria, no funciona.
En este contexto de desarmonía, se busca reservar escaños a los pueblos originarios. Es una buena idea, pero dentro de los acuerdos alcanzados en noviembre, en que sus integrantes serían 155 y no 178. Esta pretensión nos parece un acto discriminatorio y atenta contra las reglas claras plebiscitadas y defraudan la voluntad de los ciudadanos. El acuerdo alcanzado no funciona.
Finalmente, recordamos cuando el expresidente Aylwin decía que “cada día tiene su afán”. En estos momentos, cada día se ha transformado en uno de más encono, rabia y descomposición de la democracia. (La Tercera)
Álvaro Ortúzar
