La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaboró y publicó un cuarto informe especial sobre la evolución y los efectos de la pandemia del covid-19 en la región.
Esta vez, el análisis se centra en el golpe de la crisis en la estructura productiva y empresarial de los países de la zona, la cual ya presentaba «debilidades que se han originado a lo largo de décadas».
Así, el documento destaca que la contingencia generada por el covid-19 ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas de la región y se identifican tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados).
De esta manera, la Cepal concluye que los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
En ese sentido, se estima que un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia.
Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada. «La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región», advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en la presentación del informe.
CERRARÍAN 2,7 MILLONES DE EMPRESAS
«La gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades: tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo», expone el informe.
Así, según una recopilación hecha por el organismo basada en información de las cámaras empresariales de cada país hasta la primera semana de junio: en Chile el 37,5% de las empresas redujeron su personas entre abril y mayo, y el 44% de las empresas están a en un estado financiero malo o crítico, cifra que aumenta al 51% entre las microempresas.
En Brasil, el 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción y el 55% ha tenido dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo. En Argentina, el 44% de las empresas industriales no tenían liquidez para pagar el 50% de los salarios de abril, el 48% no pudo pagar a sus proveedores y el 57% no pagó los impuestos.
En Uruguay el 59,4% de las empresas de comercio y servicios han enviado a sus empleados al seguro de desempleo; mientras que en Centroamérica, el 50% de las empresas necesitarán entre cuatro y nueve meses para recuperar el nivel de facturación previo a la crisis.
«Aunque la crisis afecta a todas las empresas, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes, por su peso en la estructura empresarial de la región, en que se traducirá en grandes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo», afirma la Cepal.
Y sobre la base del diagnóstico expuesto por las cámaras empresariales en relación con la situación de las mipymes, la entidad proyecta que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo.
MEDIDAS ADOPTADAS
La Cepal remarca en el análisis que uno de los objetivos inmediatos de los gobiernos ha sido reducir la destrucción de capacidades (despidos y cierres de empresas) provocadas en la fase crítica de la pandemia, ya que dicha destrucción dificulta la recuperación de la actividad una vez pasada la emregencia.
A partir de marzo, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas: la entidad identificó 351, agrupadas en seis categorías según sus objetivos.
En 19 países, 91 de estas medidas tuvieron un enfoque sectorial y se orientaron a problemas específicos de ramas productivas determinadas.
En conjunto, el monto comprendido por las medidas de crédito anunciadas en 19 países representa el 3,9% del PIB de la región de 2019.
Según el detalle, Chile destaca como el país que más porcentaje de su PIB ha anunciado que destinará a las medidas en materia de crédito: un 11,4%. Le sigue Colombia con 8%, Perú con 7,6% y Uruguay con 5,3%.
En general, la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual. «Estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual», advierte el organismo de las Naciones Unidas.
PROPUESTAS «A GRAN ESCALA» DE LA CEPAL
Ante esta situación, la Cepal enfatizó la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone cuatro conjuntos de medidas:
1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.
2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.
3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
En particular, la Cepal promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.
Asimismo, propone la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
Además, la Comisión resalta que «es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones», por lo que resalta la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. (Emol)
