El 17 de febrero de 2015, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra todos quienes resultasen responsables de los presuntos delitos de tráfico de influencia y negociación incompatible en la venta y compra de terrenos de la empresa Caval -de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon- en Machalí, por $ 6.500 millones, tras recibir un préstamos del Banco de Chile.
Sin embargo, el 10 de abril, los abogados Mario Zumelzu y Carolina Contreras se querellaron en la causa por el eventual ilícito de cohecho contra Sebastián Dávalos (hijo de la Presidenta y ex ejecutivo de Caval), Natalia Compagnon, Mauricio Valero y los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí Wilfredo Valdés , Jorge Silva Menares y Cynthia Ross.
La investigación avanzó, con la toma de declaraciones e incluso se formalizó. Sin embargo, el 22 de septiembre los intervinientes del caso recibieron una sorpresiva notificación: el juez de Garantía de Rancagua, Ricardo Libretti, decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa, donde Dávalos, Compagnon, Valero, Ross, Valdés y Silva Menares aparecían como querellados. Según se consigna en la resolución, “habiendo transcurrido un término superior a 30 días por la querellante, sin diligencias útiles para dar curso al proceso de su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 402 del Código Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento total y definitivo de la causa”.
Ocho días después de la resolución, la abogada querellante Carolina Contreras solicitó al tribunal que rectificara la resolución, pues argumentó que “esta norma antes indicada (cierre por no solicitar diligencias) se refiere a delitos de acción privada y la causa denominada Caval es un delito de acción pública”. Sin embargo, el tribunal, el 30 de septiembre, se desentendió de la resolución de sobreseimiento, argumentando que “en la presente causa no se registra resolución con fecha 21 de septiembre de 2016”. La explicación no dejó conforme a las defensas, ni de Dávalos, ni de Compagnon, quienes se dirigieron al tribunal el 6 de octubre, a través de sus abogados, para que la resolución que recibieron fuera ejecutoriada.
En el caso del hijo de la Presidenta, sus abogados, Alvaro Morales y Pablo Araya, argumentaron que la resolución sí fue emitida y notificada por el Estado Diario del Tribunal, por lo que solicitaron que se ejecute lo dictado en septiembre. Para fundar su reposición adjuntaron “pantallazos” con la notificación. En el oficio señalan que “resulta sorprendente la certificación mencionada, ya que es completamente contradictoria con lo obrado por el tribunal (..), lo que provoca una indeseada situación de incertidumbre, ya que presuntamente se habría incurrido en un error”.
En el caso de Compagnon, su abogado, Antonio Garafulic, argumentó que la causa sí fue sobreseída: “En sistema del Poder Judicial, tal como se acredita con el documento que se acompaña, se dio por concluida la tramitación”. En el escrito se agrega que “dado el carácter de sobreseimiento total y definitivo no puede ser dejada sin efecto ni por lo intervinientes ni por el tribunal (…). A esta altura procesal, la resolución que decreta el sobreseimiento definitivo es plenamente válida y debe producir todos sus efectos legales, es decir, cosa juzgada”.
El martes, el tribunal volvió a notificar a los intervinientes. “Habiéndose cumplido ordenada en autos y apareciendo de los antecedentes que por un defecto de diseño de sistema computacional de notificación a los intervinientes un proyecto de resolución antes de que se concluyera su tramitación con firma digital, proveyendo las presentaciones de los apoderados de Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon Soto, no ha lugar la resolución en que sustentan su pretensión” de mantener el sobreseimiento.
REACCIONES
Para el decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, Juan Enrique Vargas, “en el caso de delitos de acción pública no debiera invocarse (el argumento del tribunal para sobreseer el caso), pues es aplicable para ilícitos de acción privada, lo cual aparentemente no es el caso”. En tanto, sobre la rectificación del tribunal, dijo que “depende en el momento que se haga, pero en un principio, sí puede hacerlo”.
Por su parte, otro de los intervinientes, el abogado de Cynthia Ross, Mario Vargas, dijo que están evaluando la posibilidad de dirigirse al tribunal. “La inquietud que queda es cuál es la capacidad de los intervinientes para controlar el sistema informático que utiliza el Poder Judicial. No ponemos en duda la actuación del tribual, pero sí preocupa la forma en que se están resolviendo las incidencias”.
En tanto, la abogada querellante, Carolina Contreras, manifestó que “era evidente que se trataba de un error, en la resolución que nunca tuvo existencia jurídica, pues se trataba de un borrador de resolución sobre la base de un delito de acción privada y no pública como es este caso”.
FISCAL DEL CASO CAVAL
El fiscal a cargo de la investigación del caso Caval, Sergio Moya, se refirió hoy la notificación de sobreseimiento -que finalmente no se hizo efectiva -para los querellados Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, Mauricio Valero, Cynthia Ross, Wilfredo Valdés y Jorge Silva Menares.
El persecutor señaló que “esa notificación lo que hace es comunicar un documento que jamás llegó a constituirse en una resolución judicial, porque no fue firmada por ningún juez y al no emanar de un juez no tiene el carácter de resolución judicial por lo que no genera ningún perjuicio en la investigación”.
La resolución de sobreseimiento fue notificada respecto a los querellados en la acción judicial del abogado Mario Zumelzu, quien es parte en la causa, pues su escrito está adjuntado a la carpeta investigativa del caso.
En tanto, el Juzgado de Garantía de Rancagua, emitió un comunicado donde manifestó que “al advertirse que no existía resolución alguna con esa fecha (21 de septiembre) en el sistema SIAGj (Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial) se ordena certificar y con el mérito de aquello (que la presente causa no registra resolución de esa fecha) se desestima el recurso (presentado por los intervinientes)”.
SINDICO CHADWICK
El síndico de quiebras Herman Chadwick declaró por segunda vez en la fiscalía de Rancagua en el caso Caval. Chadwick, formalizado por delitos tributarios y ventajas indebidas, fue interrogado por los fiscales Sergio Moya y Marcia Allendes.
La diligencia se extendió por más de seis horas y fue solicitada por la defensa del síndico. Llegó acompañado por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo Piergentili y Aldo Díaz.
Tras declarar en la fiscalía, el imputado aseguró que entregó información relevante. “En vista de los antecedentes que han aparecido en la carpeta investigativa que tuvimos conocimiento, aportamos información que puede desmentir muchas de las cosas que se han dicho”, señaló. (La Tercera)
