La semana pasada, el jueves, la empresa CMPC contestó a la demanda civil colectiva que presentó la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), en la que pide que se indemnice a los consumidores por la colusión en el mercado de productos de papel tissue.
“La acción ejercida se encuentra prescrita bajo cualquiera de los plazos de prescripción aplicables a esta causa. De no encontrarse completamente prescrita se encontraría al menos parcialmente prescrita”, dice el escrito de la empresa ligada al grupo Matte, en un documento presentado ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, donde pide rechazar esta acción.
Conadecus demandó a la papelera en noviembre de 2015. Sostiene que el daño que ocasionó la colusión entre CMPC y SCA en el período 2000-2011, llegaría a US$ 510 millones.
Según el informe elaborado por Andrea Alvarado, ex economista de la Fiscalía Nacional Económica ese monto se obtuvo a partir del modelo europeo de cálculo de compensaciones al analizar cerca de 130 casos de colusión.
“La acción ejercida excede el ámbito de aplicación de la ley de protección del consumidor, por cuanto CMPC Tissue no puede ser considerado ‘proveedor’ para efectos de dicha ley. En virtud de lo anterior, CMPC Tissue no tiene legitimación pasiva en la presente causa”, señala la contestación de la empresa.
Añadió que al no existir un vínculo contractual con los consumidores no corresponde indemnizarlos. Junto a esto, rechazó los montos planteados por Conadecus.
“Las sumas exigidas por Conadecus dicen relación con una demanda que no persigue la reparación del daño cierto, personal y directo, como corresponde a una auténtica demanda indemnizatoria. Es por ello que su pretensión no puede calificarse como indenmizatoria, sino más bien punitiva”, sostiene la empresa.
A su juicio la “completa indeterminación” en cuanto a los consumidores afectados y el perjuicio sufrido por ellos podría llevar a que CMPC Tissue se viera enfrentado a indemnizar más de una vez por el mismo daño en distintos litigios.
La empresa sostiene, además, que podría darse el caso que individuos que jamás fueron afectados reciban una suma idéntica a aquellos que habrían experimentado un daño, y que aquellos sujetos que sí hubiesen experimentado un daño personal no reciban “una adecuada” reparación.
Dado esto, la empresa apuntó a la mediación que mantiene con el Sernac como una forma de indemnizar a los consumidores afectados por la colusión.
CRITICAN PRESIÓN DE CÉSPEDES A FISCAL ECONÓMICO
Luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cerró la investigación por colusión en el mercado de los pañales, expertos en libre competencia ven como una mala señal que el Ministerio de Economía haya exigido al organismo liderado por Felipe Irarrázabal revelar los antecedentes del caso y conocer todos los aspectos que derivaron en el cierre de esta pesquisa.
Estiman que se estaría generando un «ruido político» por un caso que se estaba investigando hace más un año según reveló la FNE el viernes.
Según entendidos en el tema la condena pública por parte de la cartera que lidera Luis Felipe Céspedes a la FNE no es buena para la libre competencia y marcaría un mal precedente institucional. «No puede ser que aquí se opere con el fanatismo del fútbol, un día elogios para el organismo por su actuar en varios casos y ahora se pida que rueden cabezas», comentó un abogado de la plaza.
Lya Rojas, de Rojas Abogados, estima que la señal que envía la secretaría de Estado es que «no está confiando en el fiscal nacional económico» al solicitar todos los antecedentes del caso y pedir mayor transparencia.
Para el académico del departamento de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, «existe una situación de cuestionamiento que no habíamos visto» y apunta que los principales reparos surgen por la filtración de antecedentes de la delación compensada de uno de los involucrados.
«Lo lamentable es la filtración ya que eso generó un resquemor, un enjuiciamiento a la labor del organismo. Es una situación lamentable porque uno veía un trabajo exitoso de la Fiscalía, con causas contundentes», dijo.
PRESCRIPCIÓN
No obstante, los expertos tienen opiniones divididas sobre la decisión de la FNE para archivar el caso aludiendo motivos de prescripción de los delitos.
Francisco Agüero cree que correspondía que el organismo presentara los antecedentes ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC). «Soy crítico de que la Fiscalía declare administrativamente la prescripción del caso ya que debiera ser el Tribunal quien se pronunciara sobre esta prescripción», sostiene.
Otros expertos respaldan el actuar de la FNE y su atribución. En este contexto, estiman que si el fiscal resolvió archivar la causa es que no existían méritos para un requerimiento.
Lya Rojas sostiene que si el fiscal determinó que el delito estaba prescrito «no tiene sentido que inicie un requerimiento» ya que incluso el organismo podría haber sido condenado en las costas de la investigación si se determina que no existía un cartel en el mercado de pañales.
De todas formas, algunos expertos estiman que la FNE podría haber dejado pasar mucho tiempo para cerrar la investigación ya que cuando existen documentos confidenciales se corre el riesgo de filtraciones como ocurrió en este caso.(DF)
