Hace meses que las encuestas reflejan descontento con la forma en que funcionan diversas instituciones en el país, especialmente aquellas relacionadas a la Política, así, con mayúscula. Esta impresión se vio confirmada estos días por la crisis de las pensiones en Gendarmería y por los problemas en el Sename, además por el deficiente proyecto de reforma de la educación superior. Tanto así, que Ricardo Lagos declaró ayer que Chile estaba sufriendo su peor crisis institucional. Sin llegar a compartir tal calificativo, es evidente que el país está pasando por una dificultad política mayor.
La sensación de descontento se agudizó por las masivas marchas del domingo pasado por un No+AFPs en Chile, cuya convocatoria se posibilitó por la indignación que causó la revelación del monto de la pensión de la funcionaria de Gendarmería Myriam Olate.
No obstante, resulta ser insólito que a raíz de una de las fallas del sistema de reparto -cual es que el sistema se presta para que unos pocos reciban, a costa de los demás contribuyentes, pensiones desorbitantes sin haber aportado acordemente- se pretenda abolir el actual pilar de capitalización del sistema de pensiones chileno. ¿Por qué los organizadores no convocaron simplemente a un movimiento en favor de mejores pensiones, sino lo hicieron además a favor de un sistema de pensiones específico?
Es evidente la hábil manipulación que algunos hacen de una demanda ciudadana legítima -pensiones más acordes a las remuneraciones al momento de jubilar- para reimplantar el sistema de reparto, que en Chile fracasó rotundamente y que en nuestro país, cuya población está envejeciendo rápidamente, no tiene futuro alguno.
Es normal que existan demandas ciudadanas insatisfechas. Lo que no es normal es que estemos, como ahora en Chile, en presencia de la incapacidad de una élite política -polarizada- incapaz de, o sin voluntad para, priorizar esos requerimientos en forma consensuada. Eso le permite -como lo ilustra el caso de las pensiones- a pequeños grupos de interés, de ideólogos o de populistas -que en la actualidad pueden movilizar con facilidad grandes masas en pos de la promesa de prebendas- llenar el vacío dejado por dicha élite y ser capaces de imponer sus agendas. Es lo que sucedió con la educación escolar y ciertamente puede suceder en otros ámbitos.
El innegable progreso económico de Chile ha dado origen a un importante movimiento a favor de un mayor grado de inclusión. Este legítimo movimiento -en vista de la incapacidad o la falta de voluntad de la élite política para canalizarlo en forma consensuada y eficiente– ha sido capturado por ciertas minorías que buscan apropiarse de rentas, y/o tienen fines ideológicos, y/o proponen medidas populistas. Según las encuestas, las recetas de estas minorías -adoptadas por el gobierno- han sido hasta ahora, por fortuna, mayoritariamente rechazadas. ¿No será hora de volver decididamente a buscar acuerdos para resolver efectivamente las demandas ciudadanas, que es la forma en que, en democracia, se progresa?
La Tercera/The Clinic
