Uno de los temas que será clave en la última etapa de la elaboración del borrador de la nueva Constitución será la definición de las reglas que establecerán desde cuándo y cómo se le podrán hacer modificaciones a la propuesta redactada por el órgano, si es que esta es ratificada en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Mientras unos plantean que los cambios se puedan realizar desde el mismo momento en que entre en vigor, los cuales podrían ser concretados por el actual Congreso Nacional, otros señalan que para hacer reformas es necesario esperar que se termine de instalar la nueva institucionalidad o esperar un periodo de tiempo específico.
Dicho debate ya se está dando en la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, la cual generará las normas que permitirán el paso desde el viejo al nuevo orden. Esa será la instancia que zanje el tema, el cual despierta atención entre quienes están por el Apruebo, pero aspiran a realizarle ajustes al texto constitucional.
Por ejemplo, el convencional de la DC, Fuad Chahín, comentó que «una Constitución no puede ser pétrea, no podemos establecer periodos de intangibilidad del texto constitucional. Ni Jaime Guzmán se atrevió a tanto. Creo que es muy importante que las reglas de la democracia se apliquen desde el primer día».
En esa línea, postuló que una Constitución flexible podría ayudar a decidir a votar Apruebo: «Hay mucha gente a la que algunos artículos le incomodan y tienen la esperanza de que pueda ser modificable. En la medida en que tengamos un texto más flexible, hay un incentivo a votar Apruebo para modificar».
En contra de esa idea está su par del PC, Marcos Barraza, quien afirmó que “pensar en reformas de la nueva Constitución cuando aún no está implementada a plenitud es contrademocrático (…) se tiene que establecer que podrá ser reformada desde la entrada en vigencia del nuevo Congreso. Antes de eso, es antidemocrático«.
Ante esta disyuntiva, el Gobierno también fijó posición, luego de que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, expresara una visión más cercana a lo que planteó Chahín, al destacar que «nosotros no hemos esbozado en ningún momento que tenga que haber un período donde no haya cambios”.
«Lo que sí, muy probablemente recién ratificado un texto va a ser muy difícil que, en las cosas medulares, haya quienes quieran cambiar eso sustantivo. Pero dejarlo restringido puede obviar aquellos cambios que sean más instrumentales, que generen consenso y que permitan la correcta implementación de lo sustantivo«, agregó.
Tras presentar los insumos que el Ejecutivo preparó para ayudar a la transición entre el texto actual y el próximo en Antofagasta, el secretario de Estado coincidió en que una flexibilidad en esta materia «debiese ayudar» a las personas que tienen cierta incertidumbre respecto del proceso y de votar a favor de la nueva Carta Magna.
A su juicio, es importante que ellos «sepan que si es que hay algo que se puede modificar y que quedó con algún nivel de incertidumbre, que eso pueda tener un consenso y ser mejorado», aunque advirtió que «si es que hay consenso en torno a una modificación de un texto recién plebiscitado, es porque debiese ser algo urgente».
SENADORES Y EXPERTOS
Esa postura es compartida en la centroizquierda. Por ejemplo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló a Emol que “no creo que sea una buena alternativa para Chile una constitución pétrea que no pueda perfeccionarse. Siempre debe establecerse un mecanismo para su reforma”.
«Pretender congelar la nueva Constitución no ayuda a la opción del Apruebo, no olvidemos que los redactores de la Constitución del ‘80 dejaron todo atado y bien atado. Sería una paradoja pretender hacer lo mismo, no cometamos el mismo error, la Constitución no debe clausurar el debate democrático sino promoverlo», recalcó.
En tanto, el jefe del comité de senadores del PS, José Miguel Insulza, expresó que «yo espero que no tengan un mecanismo pétreo de reformas, que se pueda reformar bien, pero tampoco creo que sea una cosa de cambiarla y convertirla en una ley que se cambie por el simple voto mayoritario en la sala de las cámaras«.
«Ya para empezar van a haber muchas cosas que ya se van a ver en el Congreso de todas maneras, hay que dictar una serie de leyes, y la manera de reformarla ya va a estar consagrada. Ahora, algunas son un poquito fuertes, como pedir dos tercios o plebiscito y otras son mayoría simple en las dos cámaras», dijo a este medio.
Mientras, la jefa del comité de senadores de la DC, Ximena Rincón, apuntó que “no voy a opinar hasta que termine la Convención de trabajar y ofrecer las normas (…) es fundamental antes de opinar ver cómo va a terminar el texto definitivo, mientras este no esté, porque lo están armonizando y estableciendo normas transitorias”.
No obstante, expresó que «me parece muy liviano sostener que uno tiene que votar Apruebo porque va a poder modificar lo que la Convención ha establecido. O sea, yo voto Apruebo pese a lo que no me gusta, porque lo voy a cambiar. Me parece, de verdad, de niño de pre-kinder. Pero tengo que estudiar el borrador con detención».
Sobre el debate abierto, el doctor en derecho constitucional y profesor de la Universidad de O’Higgins, José Antonio Ramírez, recordó que «el poder constituyente derivado, tras la aprobación del texto constitucional, radicará primeramente en el actual Congreso, hasta que no entre en funciones el futuro Parlamento».
En ese sentido, recalcó que «no es constitucionalmente recomendable dejar cerradas las puertas a los cambios o adecuaciones precisas para el buen funcionamiento institucional mientras ocurre este proceso de transición hasta el 2026«.
En la misma línea, el abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, manifestó que en este aspecto «la norma debe ser flexible, del poder constituyente originario que dicta una nueva Constitución, entra en vigencia el poder derivado y puede necesariamente adecuar o modificar el texto«.
«Imponer una cláusula pétrea de no reforma sería muy enjuiciable del punto de vista del principio democrático«, agregó, junto con destacar que la idea de “aprobar para reformar «me parece una estrategia política que permite lograr un mayor respaldo constitucional«.
«Es una cuestión estratégica, de cómo personas moderadas que están con cierto resquemor a votar Apruebo, una eventual modificación del texto les permitiría votar con tranquilidad. Algunos apoyarán lealmente desde el comienzo, otros tendrán que ir formándose una opinión y la flexibilidad para cambiarla puede ser un incentivo», dijo.
La misma visión señaló Ramírez, quien comentó que «los textos constitucionales no deben entenderse como disposiciones pétreas e intocables. El texto propuesto contiene un mecanismo de reforma precisamente porque se reconoce que las obras jurídicas son perfectibles».
«Quienes voten Apruebo aceptan que pueda mejorarse el texto por el nuevo mecanismo que exige quórums especial de dos tercios o referéndum ratificatorio para temáticas relevantes, como por ejemplo cambios en derechos fundamentales o régimen político», remarcó.
En tanto, sobre la idea de fijar un plazo para no hacer ajustes, Jordán indicó que «no estoy de acuerdo que haya uno, me parece que las Constituciones tienen que regir y los poderes tienen que aplicarse y ejecutar su poder constituyente cuando corresponda. En este caso, el derivado desde que entra en vigencia». (Emol)
