Grandes diferencias habrá este año entre los aranceles que cobran las universidades y los valores de referencia que establece el Estado para el financiamiento de carreras mediante becas y créditos. La mayor de estas brechas se registra en el caso del valor anual fijado para Odontología en la U. Andrés Bello, cuyo costo supera en $ 4.366.958 la estimación que hizo para 2018 el Ministerio de Educación.
De acuerdo con la información publicada por el Mineduc, en dicho plantel esa carrera tiene un costo mensual de $ 7.952.520 y las becas y créditos que entrega el Estado solo cubren $ 3.585.562. Y al igual que este ejemplo, existen 1.665 carreras donde las universidades establecieron valores que duplican o más lo que debería costar según la cartera de Educación. Y esa diferencia es la que deben cubrir las familias. Por ejemplo, en el caso de Odontología en la U. Andrés Bello si un alumno cuenta con Crédito con Aval del Estado (CAE), este beneficio le financia hasta un máximo anual de $ 3.585.562, apoyo que viene acompañado de una deuda bancaria con los respectivos intereses. Pero, además, ese estudiante debe buscar la manera de costear lo que no cubre el apoyo estatal, que en este caso es de $ 4.366.958.
El rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez, planteó que “Odontología es una carrera de alta calidad, con equipamiento de última tecnología y un cuerpo académico de primer nivel, entre otras características a destacar”. Y manifestó al respecto que “no contamos con aportes fiscales directos -como los planteles del Cruch- y nos financiamos casi en totalidad a través del arancel real”.
La carrera de Odontología en la U. Mayor es la segunda con mayor brecha y sobre ello el rector del plantel, Rubén Covarrubias, dijo que “el Estado históricamente ha hecho un cálculo a la baja de este tipo de aranceles, y no se dan cuenta del alto costo que tiene poder implementar esta carrera, porque utilizamos campos clínicos del Estado que nos cobran ellos mismos y caros.
Nuestro arancel se ajusta a lo que se necesita, con equipamiento superior que el de otras universidades: tenemos un sillón clínico por cada estudiante, en cambio en otros planteles deben compartirlos”.
Desde el Mineduc explicaron que el cálculo de los aranceles de referencia se basa en una metodología estandarizada “que considera, para determinar los montos que financiará el Estado por cada carrera, un conjunto de criterios objetivos para evaluar la calidad de los programas, conocidos por las instituciones de educación superior”.
Entre los indicadores que se consideran está el número de académicos que tienen las instituciones y su relación con la cantidad de estudiantes, los proyectos de investigación y de publicaciones científicas, además de las tasas de titulación oportuna, de retención estudiantil y los años de acreditación.
Para el director ejecutivo de Acción Educar y ex asesor del Mineduc durante la primera administración de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, “en el caso de los jóvenes que estudian con becas o créditos, la brecha la deben cubrir por sus propios medios, lo que evidentemente puede afectar sus posibilidades de acceso. En este último caso, un buen diseño de las ayudas estudiantiles que combine adecuadamente las becas y los créditos puede permitir el financiamiento de la brecha, sin afectar ni al alumno ni a la universidad”.
Para Figueroa, el hecho de que las brechas más elevadas correspondan a universidades privadas se debe a que “no reciben aportes basales del Estado y, por ende, dependen en gran medida de los aranceles para financiar tanto la docencia como la investigación, a diferencia de las Ues. estatales y las privadas del Cruch”.
El investigador de la U. Diego Portales José Joaquín Brunner indicó que “ciertamente, hay un conjunto relativamente importante de carreras cuyo costo es extraordinariamente alto en comparación con los salarios promedio de las familias chilenas”. Y planteó que “la complejidad de todo este cuadro que emerge, confirma el error que significa estar debatiendo este tipo de materia en un proyecto de ley que se está tratando de aprobar a matacaballo en el parlamento”.
Para el académico, la heterogeneidad de las brechas da cuenta de que “el gobierno no tiene un modo suficientemente sofisticado para calcular valores referenciales para una masa tan grande de carreras e instituciones”.
En esa misma línea, el economista de la U. Católica, Carlos Williamson apunta “que lo que se requiere -y es lo que se ha tratado de corregir- es pasar de un método artesanal de cálculo de aranceles de referencia a un sistema con un comité de expertos que haga un análisis más fino de los costos de docencia y de investigación que tienen las instituciones”.(La Tercera)