Marcado por la ausencia de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, este martes se ha llevado a cabo el juicio por la demanda laboral que el ex gerente Hugo Bravo interpuso en contra del holding en la que exige una indemnización por $2.300 millones.
16:55.- El ex gerente Hugo Bravo declara ante el juez Daniel Gómez, a quien le señaló que en el año ’90 se le detectó una diabetes, período en el cual era gerente general de BICE. «luego pasé a Penta, cargo que ostenté hasta abril de 2010 y participé de todo el crecimiento que tuvo empresas Penta entre 1992 y 2002».
16:58.- Agregó que en abril de 2010 «contrataron a Manuel Antonio Tocornal, que era gerente general de Cuprum, para que fuera gerente general de Penta. Conversaron conmigo, su interés (de Délano y Lavín) era que continuara y me nombraron director y vicepresidente de Penta y gerente general de Penta Tres».
17:02.- «Mensualmente yo recibía 36 millones de pesos bruto, el que se iba reajustando trimestralmente por el IPC o desempeño en ciertas ocasiones», dijo, denunciando que «Penta como que enmascaraba las remuneraciones, eran secretas, nadie sabía, se pagaba una parte por boleta, otra por factura».
17:03.- El ex gerente añadió que a raíz de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó «una factura de Manuel Antonio Tocornal por 42 millones de pesos, que era una de las formas de pago, que databa de abril de 2013. El SII lo detectó en marzo de 2014, se acordó y decidió regularizar lo más posible esto».
17:07.- «No estaba en mi contrato de trabajo pero sí estaba en la planilla que preparaba Manuel Antonio Tocornal con las remuneraciones totales de cada uno de los ejecutivos de primera línea», sostuvo Bravo, asegurando que tal decisión fue de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Eugenio Délano. «Este último en el 2008 me motivó para que hicieran una sociedad y pudieran pagarle de ésta y mi sociedad se llamó administraciones e inversiones Santa Cecilia que comenzó en 2008», detalló.
17:23.- En su declaración, asumió haber grabado completa la conversación que tuvo con Carlos Eugenio Lavín y su hijo, Carlos Lavín, «porque tenía dudas por todos los ofrecimientos que me habían hecho y que no me los cumplían». 17:20.- Según Bravo, Carlos Alberto Délano se comprometió «a una indemnización de 2 millones de dólares».
17:24.- Agrega que lo despidieron mediante una carta que le entregaron el lunes 28 de julio. Su abogado le fue pasando los papeles para que él firmara eran más de dos fojas. ¿Recuerda el contenido de esa carta?, le preguntan. «Ahora sí, porque después la leí». En ella se señalaba que ésta hablaba de que se le despedía por incumplimiento grave de contrato de trabajo, por haber mantenido y contratado a personas de dudosa reputación.
17:25.- Sobre por qué no avisó de la grabación que le hizo a los ejecutivos, Bravo admitió que «(A ellos) no les dije, a lo mejor fue una torpeza, pero no se habló nada personal», añadió, asegurando que durante su estancia en la compañía «nunca hice algo que no hubiese sido solicitado por Carlos Eugenio o Carlos Alberto». «Cuando me avisaron que venía carlos Alberto y su hijo (a la reunión), tuve la idea de grabar».
17.27.- Bravo reitera que no tenía poder, que era un simple empleado. «Nunca hice algo que no hubiese sido solicitado por Carlos Eugenio o Carlos Alberto». Añade que incluso le pidieron que no declarara con el fiscal Gajardo porque tenían una «movida» con el ministerio del Interior para solucionar la situación.
17.30.- «Queremos pedirte un favor, que no vayas mañana a la citación del fiscal Gajardo. Necesitamos que no vayas porque tenemos movida para llegar donde el ministro del interior y tratar de arreglar esto», recuerda Bravo sobre las conversaciones con los controladores del holding.
17.32.- Pero no aceptó la propuesta, por recomendación de sus abogados, dice Bravo. Tras ello, Bravo dice que empezó a ser hostigado. «Ahí empezó el ataque frontal, con demanda, con amenazas. Si la había pasado mal en agosto, en septiembre fue atroz. El daño no era para mí, era para mis hijos. Fue atroz». De todas formas, Bravo recuerda que siguió reuniéndose con los ejecutivos. Tuve tres encuentros y una llamada telefónica, el 9 de septiembre. «Lo recuerdo con precisión porque me mandaron a la punta del cerro, porque no quiso dejar de ir donde el fiscal Gajardo y contesté todas sus preguntas».
17.35.- Termina la declaración de Bravo. 17.33.
FORMALIZACIONES
Al menos dos formalizaciones más estaría evaluando realizar la fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana Oriente, en el marco del bullado caso Penta.
Así lo indicaron a Emol fuentes vinculadas a la investigación, quienes agregaron que ambas instancias serían solicitadas al 8º Juzgado de Garantía de Santiago para marzo, pero después de la instancia judicial que ya está programada para el 4 de ese mes.
En ésta última comparecerán los controladores del grupo empresarial, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que son investigados por los delitos tributarios, entre ellos cohecho y lavado de activos.
De acuerdo a lo informado a este medio, se espera en que una de las nuevas formalizaciones, los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena comuniquen cargos en contra del ex gerente y ex director del holding, Hugo Bravo.
En la segunda instancia, en tanto, se espera que comparezcan Marcos Castro Sanguinetti, representante legal de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., e Iván Álvarez, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Mientras que una tercera audiencia sería solicitada a partir del mes de abril, en que se formulará cargos en contra de algunos los políticos que hasta ahora estarían vinculados a la investigación.
ACLARACIÓN DEL GOBIERNO
El ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró que la afirmación que realizó el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, sobre una supuesta «movida» en el Ministerio del Interior, en el marco del juicio por la demanda laboral que interpuso en contra del holding y con la cual pide una una indemnización por $2.300 millones, «carece de todo sentido».
El vocero expresó que esos comentarios no tienen ningún fundamento y que no se avalará la «impunidad». «Una afirmación de esa naturaleza carece de todo sentido, porque la,postura del Gobierno ha sido categórica desde el primer día: no vamos a avalar un manto de impunidad respecto de los delitos que esta investigando la Fiscalia», dijo.
En esa línea, añadió que «en un Estado de Derecho y particularmente en uno cómo el chileno, a quien le corresponde llevar adelante la investigación es a la Fiscalía y a quien le corresponde juzgar los eventuales delitos es a los tribunales de justicia». «Por eso, desde el primer día hemos señalado que debemos dejar que el Ministerio Público lleve adelante la investigación en forma autónoma, sin presiones ni interferencias políticas de ningún tipo», completó. (Emol)
