A diez años de su puesta en marcha, el Gobierno presentará en agosto una reforma a la Ley de Transparencia, buscando actualizar una serie de aspectos para tener lo que han llamado una «legislación 2.0» acorde con las necesidades actuales.
El trabajo está siendo encabezado por el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien en conversación con Emol explicó los objetivos de la nueva iniciativa y ahondó en cómo se puede profundizar en materia de transparencia activa y en las sanciones a aplicar. «Mientras más transparencia y más control ciudadano, vamos a tener la certeza de que las instituciones van a funcionar mejor», resaltó el secretario de Estado.
– ¿Qué debilidades tiene la actual Ley de Transparencia y cómo se puede mejorar?
«Más que puntos débiles, lo que nosotros queremos hacer es implementar una Ley de Transparencia 2.0 que se haga cargo de algunos aspectos, donde después de 10 años de marcha de la normativa, uno puede apreciar que hay espacios para mejorar y hacerla más eficaz en su objetivo. Por ejemplo, un aspecto que se podría considerar es ampliar las normativas de transparencia, resguardando las autonomías, a todos los organismos donde se puedan introducir mayores estándares de transparencia. Un segundo aspecto, es avanzar en cuanto a transparencia fiscal. Hay mucha información que hoy está disponible, pero que no es de fácil acceso, y hay otra información que no está disponible y que se podría incorporar.
Lo tercero es mejorar algunos procedimientos, como, por ejemplo, los mecanismos de reclamo, sanciones, el derecho de oposición, lo plazos de reserva y distintos procedimientos que establece la ley para que el proceso sea más expedito, pero siempre resguardando los derechos de las partes involucradas».
– ¿Y cómo se pueden profundizar las exigencias en materia de transparencia activa?
«Hay algunos aspectos que uno podría incorporar y fortalecer en las normas de transparencia activa. Por ejemplo, en materia de información fiscal uno podría avanzar en mejores mecanismos de transparencia en información que se produce en informes financieros, los supuestos que se usan, etc. También se podría avanzar en actualizar el portal de Transparencia, que hoy es muy rígido, que tiene poco dinamismo y que de alguna manera amarra la disponibilidad de información a las propias capacidades que tiene la página».
– ¿Cómo se podría ahondar en las sanciones e infracciones en esta materia?
«Hay varios aspectos que uno podría revisar respecto al procedimiento, pero también a las sanciones. Uno puede evaluar estas últimas, por ejemplo, aplicando alternativamente la multa, censura o suspensión de funciones por tiempos mayores a los dispuestos por la ley, en particular en los casos que son más graves. Eso es lo relevante, cuando hay faltas o infracciones sistemáticas, se puede considerar una ampliación del catálogo de sanciones y en algunos casos, dependiendo de la gravedad, la cuantía de la sanción que se establece».
– ¿Cómo puede ayudar esta reforma a mejorar la percepción de desconfianza que hay en la ciudadanía respecto el mundo político y algunas instituciones?
«Ninguna reforma por sí sola va a revertir la situación de desconfianza que enfrentan las instituciones, no sólo en Chile, sino que a nivel internacional, incluso en países con democracias más avanzadas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es implementar una agenda amplia y consistente en materia de probidad y transparencia, y también de modernización del Estado a partir de tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la política de datos abierta y transparente, pero que resguarde aquellos que son privados. Un segundo eje apunta a la agenda anticorrupción, de probidad, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de mecanismos que sancionen los hechos que atentan contra la integridad pública. 10 años tiene la actual legislación Por eso estamos discutiendo en el Congreso el proyecto que aumenta las sanciones a los delitos funcionarios como soborno y cohecho. También estamos avanzando en la nueva ley de integridad pública, que enviamos al Congreso hace un par de semanas y que en agosto se empieza a discutir, que regula de mejor forma el tránsito entre el sector público y el sector privado e introduce nuevas sanciones ante los incumplimientos. El tercer eje tiene que ver con la transparencia y, en ese sentido, mientras más transparencia y más control ciudadano, vamos a tener la certeza de que las instituciones van a funcionar mejor y van a estar más alineadas en el cumplimiento del interés general y del interés común». (Emol, Agencias)
