Jorge Bermúdez entregó hoy la cuenta pública de la Contraloría, donde el tema de recobrar la confianza ciudadana se tomó su discurso en Punta Arenas. No obstante, esto se da en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por un eventual fraude al interior del organismo fiscalizador.
La subcontralora Dorothy Pérez presentó el pasado 26 de abril una denuncia, bajo la norma que obliga a los funcionarios públicos a remitir a la justicia hechos sospechosos de delitos, por irregularidades al interior de Sernageomin, que suman montos por $1.500 millones y que habrían sido ocultadas para favorecer a una funcionaria del círculo de confianza del contralor.
Esto se traduce en una indagatoria por presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y prevaricación.
La autoridad afirmó que “una mayor transparencia del Estado contribuye a recuperar la confianza en las instituciones” y subrayó el fuerte aumento de las denuncias ciudadanas y solicitudes de información durante el año anterior.
“La colaboración de la Contraloría es esencial para el fortalecimiento del sector público, por eso ha sido parte de nuestro trabajo durante 2018 y este año será un eje estructural, para contribuir a que tengamos una República sana y que utiliza de manera correcta los recursos públicos”, manifestó.
Durante el año 2018 se fiscalizó a 632 servicios públicos, un 7% más que en 2017. Uno de los logros más importantes fue la incorporación del sistema de Big Data para un control más inteligente lo que ha permitido destinar más recursos a la prevención de fraudes en áreas como remuneraciones y pensiones.
Para el contralor Bermúdez, este alto número de solicitudes de fiscalización de parte de la ciudadanía y otras instituciones, “muestra que la Contraloría es una institución confiable en el control de las actuaciones del sector público y estamos en colaboración con el Estado por el buen uso de los recursos públicos, trabajando para la transparencia y la probidad”.
La autoridad recalcó la importancia de la toma de razón como una de las herramientas más importantes para cautelar que los actos administrativos revisados—que en 2018 alcanzaron los 23.750— se ajusten a la legalidad. Por ese motivo, y con el fin de modernizar la toma de razón, durante 2018 se llevó a cabo un inédito proceso de consulta pública que recogió comentarios de la sociedad civil, el mundo académico, así como también de equipos jurídicos de otros servicios del Estado y la propia Contraloría.
La Tercera/Agencias
