A mediados de abril, la Corte Suprema declaró ilegal la desvinculación de una funcionaria a contrata —una categoría definida legalmente como transitoria—, pues dicha persona había trabajado por diez años de modo ininterrumpido en la Subsecretaría del Interior. Ese tiempo, en opinión de la Corte, es suficiente para que ella desconozca la condición precaria de dicho empleo y señale que el número de años transformó su función en una de carácter permanente. Hace pocas semanas, la Corte volvió a fallar de la misma manera en tres nuevos casos: declarando ilegal la terminación de las contratas en razón del tiempo transcurrido (ahora 10, 11 y 15 años). Al fallar de ese modo, resuelve más que un caso concreto, pues decide indicar, de un modo brutal, que la actual regulación del empleo público resulta insostenible.
Desde que se comenzaron a transformar en recurrentes los cambios de coaliciones de Gobierno, los jueces y la Contraloría han venido dando progresiva protección a los derechos de los trabajadores en el sector público. Primero, reconociendo estos en el caso de los funcionarios a honorarios, y en los últimos años, cuestionando las motivaciones para poner término a los empleos a contrata. Para la Corte y la Contraloría, las autoridades administrativas no pueden disponer del término de dichos empleos a simple voluntad de quien dirige el Gobierno. Esta tensión ha llegado al propio Tribunal Constitucional y forma parte de una de las disputas que sostiene con la Corte Suprema.
El Estatuto Administrativo, que rige actualmente como norma general del empleo público, se encuentra completamente superado en la práctica. Algunos ejemplos reveladores. Los cargos de planta, teóricamente el pilar base del empleo público, hoy están congelados y son minoritarios: si en 1995 por cada funcionario a contrata había tres de planta, en el año 2018 había 2,4 funcionarios a contrata por uno de planta. Hoy, cerca del 70% de los cargos del Estado se encuentra en la contrata. ¿Cómo ha sido esto posible? Simple, mediante sucesivas leyes de presupuestos que han permitido que el sistema de empleo público crezca sobre la base de un empleo legalmente transitorio.
El panorama actual se puede resumir, entonces, de la siguiente manera: una ley general (el Estatuto Administrativo) completamente superada por la realidad, siendo la jurisprudencia (judicial, administrativa y constitucional) la que se está haciendo cargo de esta realidad. Esto es insostenible cuando más de 280.000 personas trabajan en la administración pública solo a nivel central. Y, por supuesto, cuando debemos pensar en el Estado y sus funciones en el largo plazo.
El problema es que, desde hace ya varios años, nada de esto es novedad. Y, a pesar de ello, los poderes colegisladores no parecen haber tenido ni tener la urgencia de emprender reformas sustantivas en el empleo público. Esto no se debe a falta de propuestas de cambio. A principios de este año el Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, cuatro centros de estudios que postulan distintas líneas de pensamiento, se pusieron de acuerdo en una propuesta de cambio a la regulación del empleo público. A grandes rasgos, dicha propuesta busca continuar separando la administración del Estado del gobierno de turno y apuntando a una mayor profesionalización, con más mérito, estabilidad y movilidad horizontal. Ello implica modificar los sistemas de ingreso, capacitación, remuneraciones, evaluaciones, promociones y formas de terminación de la relación.
La discusión que actualmente estamos viendo en Salud, de alguna manera es similar a la del empleo público. Los poderes colegisladores, dados los costos de economía política, prefieren evitar emprender reformas sustantivas, dejando la solución de los casos puntuales a los tribunales. Una fórmula condenada a magnificar el problema. La pregunta es entonces en qué momento el empleo público se torna ineludible para la clase política. Creemos que ese momento ya llegó. Seguir escondiéndolo bajo la alfombra no se condice con el país que decimos ser ni con el Estado que queremos tener.(El Mercurio)
Isabel Aninat (CEP); Luis Cordero (Espacio Público)
