Cinco cargos presentó el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, contra su suspendido par de O’Higgins, Emiliano Arias, en el marco del proceso administrativo que se está llevando en contra de este último. La indagatoria partió en abril pasado producto de las denuncias que hizo el adjunto de la región del Libertador y hoy también suspendido fiscal Sergio Moya, en las que acusó una serie de irregularidades por parte de su superior jerárquico. Alguna de ellas ligadas a violación de secreto, trato preferente con abogados y tráfico de influencias.
Sin embargo, y tras meses de investigación, Ayala descartó estas dos últimas e imputó a Arias cinco hechos. Dos de estos refieren a haber utilizado el sistema interno de la fiscalía para entregar información a su hermana en Puerto Montt; otros dos por no haber iniciado investigaciones administrativas ante eventuales filtraciones a la prensa; y el último por haber instruido la falta de apoyo a un Fiscal Adjunto en una audiencia por caso Caval. Las imputaciones fueron rechazadas por Arias, según señala el comunicado difundido por su abogado en el proceso administrativo, Roberto Garrido.
Los descargos «Reafirmamos su inocencia e inexistencia de infracciones administrativas en el ejercicio de su cargo». Así el abogado Roberto Garrido defendió a Arias e inició el comunicado donde responde cada una de las imputaciones. Sobre el uso del sistema interno para fines particulares, el abogado reiteró «la falsedad de tal imputación. La información extraída fue utilizada solo para denunciar penalmente a personas involucradas en un delito para ser investigadas por el Ministerio Público de la Región de Los Lagos, siendo entregada exclusivamente a la Policía y en ningún caso para favorecerlos».
«Han afectado gravemente su honra y dignidad personal y profesional». Abogado Roberto Garrido sobre denuncias contra Arias Y agregó: «La investigación acreditó que nuestro representado comunicó al fiscal nacional subrogante y luego dio instrucciones para que fueran remitidos a la Fiscalía Nacional».
En cuanto a las filtraciones a la prensa, Garrido manifestó que «nuestro representado no ha infringido norma administrativa alguna toda vez que no existen antecedentes que vinculen a un funcionario público del Ministerio Público en tal sentido». Por último, se rechaza una falta de apoyo en una audiencia determinada, «toda vez que se puso a disposición de dicho fiscal los recursos disponibles en la Región». Garrido concluye recalcando que «las falsas denuncias», que implicaron la suspensión y traslado de importantes investigaciones, «han afectado gravemente su honra y dignidad personal y profesional», pidiendo además levantar la suspensión en cuestión debido a la «evidente falta de fundamentos de todos los cargos imputados». Así también, el abogado solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria.
Emol/Agencias
