Cuando Paulo Burgos, agricultor de Cañete, denunció la quema de 70 hectáreas de trigo (equivalente a 700 toneladas del producto), acusó intencionalidad en el incendio. Aseguró que hubo testigos que vieron gente encapuchada ingresar al campo y disparos posteriores. “No hay ninguna duda”, declaró a los medios el 28 de enero. Cinco días antes hubo otro atentado incendiario en La Araucanía, esta vez contra un predio de Juan Sutil, presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), en Galvarino; el segundo a sus tierras en lo que va de 2021.
Hechos como estos no son raros en la Provincia de Arauco y en la IX Región, donde los ataques, extorsiones y tomas de terrenos se hacen notar en medio de la temporada de cosecha que se prolonga hasta finales de febrero.
Desde que comenzó el 2021, según reporta constantemente la Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía (APRA) en sus redes sociales, al menos 4 incendios en predios han sido provocados por grupos violentistas de la zona y, a su vez, media docena de terrenos han sido tomados en medio de las extorsiones. Desde la región aseguran que es difícil saber la cantidad exacta de actos ilegales en la zona ya que, según los mismos agricultores, “hay muchas denuncias que no se hacen”.
Yasna Navarrete y su familia fueron víctimas de extorsión. Según relata a El Líbero, el 13 de enero se encontraban trillando un predio en la comuna de Collipulli, en el sector de la Ruta 35, Camino de San Andrés, cuando llegó Víctor Ancalaf acompañado de una señora, su hijo y una niña y los amendrentó.
“Si no me das la mitad de la cosecha les vamos a quemar la siembra y la maquinaria”, fueron las palabras de Ancalaf, quien no les permitió seguir sus labores con los granos, según relata Navarrete. La agricultora explica que de acuerdo con su experiencia y la de otros vecinos agricultores, los victimarios siempre se acompañan de mujeres y niños “para ponerlos como escudo humano frente a las fuerzas policiales y que estos no puedan responder con fuerza”.
No es primera vez que Ancalaf, el werkén del lof Choiñ Lafkenche, ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), intimida a los agricultores de la zona. En diciembre del año pasado intentó tomarse las tierras del agricultor César Hompart, impidiendo la entrada de sus temporeros, luego lo amenazó con un machete y lo golpeó.
Los Navarrete no aceptaron la extorsión del dirigente mapuche, puesto que no es primera vez que son amenazados por grupos radicales. En 2020 les quemaron 27 maquinas en actos violentos en los cuales “7 trabajadores fueron golpeados, maniatados y secuestrados por una hora y media”. Además, “intentaron quebrarle los brazos a un trabajador con un fusil”, relata. Frente a esta última amenaza, hicieron la denuncia correspondiente en la Segunda Comisaría de Collipulli y se emitió una medida de protección para 3 días completos.
“A las 11 de la mañana del 14 de enero todavía no llegaba nadie y nos quemaron 16 hectáreas del predio. La excusa fue que no había personal”, dice la agricultora. La pérdida fue de 8 hectáreas de trigo y otras 8 de avena, valoradas en aproximadamente $30 millones. Agradece que no se hayan quemado las maquinarias, ya que “es con lo que nosotros trabajamos en este período de cosecha”, pero cuenta que le llegaron amenazas de que volverían para quemarlas.
El modo de operar se repite en otros campos. Gloria Naveillán, ex dirigente de Malleco y actual vicepresidenta del Partido Republicano en la región, sostiene que “esto pasa todos los veranos”. “Ellos llegan cuando vas a empezar la cosecha y piden este ‘aporte voluntario’, entre comillas, y si no les das el aporte o no entregas lo que te piden, te amenazan con quemar el predio, quemar tu cosecha de todo el año”, subraya.
Según Naveillán, la cantidad de extorsiones han subido y cuenta que “antes pedían trigo, pero este año y el pasado es cualquier grano, ya sea trigo, avena o raps”, por lo que asume que tienen fines económicos. “Cuando es trigo o avena pueden repartirlo, pero el raps claramente no es algo que les sea útil, lo que me indica que lo más probable es que lo estén vendiendo”.
Teoría que comparte Yasna Navarrete: “Reducen en dinero que uno les paga con las extorsiones. Estas personas no tienen un trabajo, de estas acciones ilegales sacan su dinero”. Otra forma de obtener dinero de los agricultores es, según cuenta Navarrete, tomándose los puentes y calles de la zona y cobrando una especie de “peaje” para poder seguir transitando.
El presidente del gremio agro en Malleco, Sebastián Naveillán, asegura que “hay varias denuncias de extorsiones” en la zona, pero que es pronto para hacer un balance, ya que “debe terminar la temporada de cosecha para ello”.
Señala que, como gremio, están “totalmente en contra de la extorsión, en ningún caso la permitimos, porque con terroristas no se puede negociar. Entendemos la postura de cada agricultor que tiene su predio porque también tienen problemas de incendio posteriormente si no pagas, entonces hay que poner un balance entre las ventajas y pérdidas de aceptar la extorsión”.
Sobre las cantidades, el dirigente asegura que “depende del grano que se está cosechando y de la proporción del agricultor”. Según estos indicadores, el agricultor negocia y finalmente llegan a un acuerdo de cuánto pagar. Dice que las personas llegan identificadas con nombre y apellido, por lo que tienen “identificados quiénes son y dónde viven”. De acuerdo con el dirigente del agro, “estos grupos radicalizados quieren causar terror en la población” y los colaboradores son los que sufren la mayor inseguridad.
“Sabemos la posición difícil en la que el agricultor queda y por eso estamos trabajando en conjunto con ellos y con Carabineros para poder ir frenando esto y generar una sensación de seguridad en todos los lugares en que se cosecha”, agrega el presidente del gremio.
Las tomas de los predios también son usuales en estos territorio. Con banderas marcan los terrenos y amenazan con tomárselos o simplemente se instalan en ellos. Según Gloria Naveillán, cuando ya entran “te quedas con ellos permanentemente encima y se apoderan del campo”. Incluso, señala, han extorsionado y luego tomado el terreno.
Un ejemplo de esto ocurrió el 22 de enero en Traiguén, donde un agricultor arrendatario debió pagar 40 toneladas de avena para poder cosechar, pero luego el campo fue tomado y no dejaron entrar a nadie al lugar. Yasna Navarrete asegura que “las tomas se ven todo el tiempo” y cuenta que como familia fueron víctimas de dos intentos de toma en 2020, algo que sería “usual” en el territorio.
Sebastián Naveillán apunta que “más que un daño a nosotros como agricultores, se está haciendo daño a nuestros colaboradores que sufren la violencia día a día”. Explica que “en La Araucanía generamos aproximadamente entre el 50% y 60% de la producción nacional de alimento. Por ende, se está haciendo un gran daño a la región y al país, porque estamos jugando con el alimento de Chile”.
“Aquí más que nos atacan a nosotros los agricultores, atacan al alimento de Chile y por eso es sumamente importante poner el foco en combatir el narcoterrorismo y todos los atentados que hayan en la zona”, agrega.
PLAN COSECHA SEGURA
Para resguardar las cosechas y entregar seguridad y tranquilidad a los trabajadores agrícolas, principalmente de las provincias de Malleco y Cautín, el Gobierno implementó el Plan Cosecha Segura. Durante la primera quincena de enero Carabineros patrulló 6 mil kilómetros efectuando controles vehiculares y de identidad, fiscalizaciones y apoyo al personal especializado del Control del Orden Público de la Macrozona Sur.
La iniciativa considera también sobrevuelos y patrullajes con drones de manera sectorizada por lugar y fechas. Sebastián Naveillán indica que es un plan dinámico, ya que las comunas del norte de Malleco cosechan primero y luego esto se traslada hacia el norte de Cautín. “Más o menos al final de la primera quincena de febrero, estaríamos terminando la cosecha en las partes más críticas que tenemos en la región, las zonas más conflictivas”.
Al ser víctima de la quema de su predio, Paulo Burgos puso el énfasis en este aspecto. “Eso es comida para un montón de gente, trabajo para un montón de gente, transportistas, gente que cosecha, los molinos y esta es una cadena de valor que al final todos perdemos. Sin duda que somos los primeros afectados. Es alimento que la gente no va a tener, que no va a llegar desde los campos de Cañete al menos”, lamentó en Radio Cooperativa.
Como gremio de agricultores se reúnen junto al coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Cristián Barra, y la Sociedad de Fomento Agrícola en Temuco (SOFO) una vez a la semana para identificar los puntos críticos donde se están cobrando “peajes” mediante la toma de caminos o extorsionando a agricultores.
Naveillán sostiene que esperan tener un balance a fines de febrero para ver cómo funcionó este plan. “Hasta el momento estamos confiados en que siga funcionando para poder sacar esta cosecha tranquila para producir tranquilamente y trabajar en paz como todo el mundo lo puede hacer”. (El Líbero)
