En julio, cinco días después de que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobara la reforma previsional con votos PS y DC, la Coordinadora Nacional No + AFP -encabezada por Luis Mesina- y la Fundación Casa Común -presidida por el abogado Fernando Atria- iniciaron la presentación de recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de once regiones con el objetivo de exigir el retiro de los fondos de pensión.
Hace dos meses lanzaron la campaña Decido yo que el mismo Atria se encargó de explicar a través de Twitter el 23 de julio. “Dicen que los trabajadores son dueños de sus fondos previsionales. Pero ser dueño de algo es poder decidir cómo se usa (…) La ‘propiedad’ de los trabajadores es una propiedad con letra chica”, expresó el socialista.
Palabras a las que -por esos días- se sumó Mesina: “La presentación tiene un solo objetivo que es develar la mentira que se ha instalado durante 40 años, esa mentira de que somos propietarios de nuestros ahorros previsionales cuando lo que ocurre en la realidad es que estos ahorros están disponibles solamente para los grandes empresarios de nuestro país”.
La campaña incluso tiene página web en donde se podían inscribir quienes querían ir a la justicia para «reclamar sus fondos de pensiones». Al pinchar en esa opción se lee: ¡Gracias! Somos 1.800 la primera tanda de interesados en la presentación de los recursos de protección! Trabajaremos con este primer grupo, por lo que, por el momento, no estamos recibiendo más solicitudes. De todas formas, puedes ser parte de la campaña inscribiéndote como voluntario».
Pero no fue hasta la semana pasada que la arremetida del constitucionalista tuvo su primer triunfo. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió los argumentos del recurso de protección presentado por la profesora jubilada María Angélica Ojeda y solicitó al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500 (que crea las AFP) especialmente sus artículos 23, 34 y 51, que estarían «en contravención a la Constitución Política de la República en cuanto a los atributos inalienables del derecho de propiedad, como asimismo del derecho a la seguridad social».
Con la ofensiva ya encaminada, Atria y Mesina volvieron a posicionar el tema de pensiones como uno de los principales de la agenda. En los últimos días han sido recurrentes sus apariciones en los medios de comunicación
Ayer, por ejemplo, el vocero nacional de No+AFP reconoció parte de la estrategia en el matinal de canal 13. «El hecho de que recurrimos para que un tribunal se pronuncie sobre si este sistema está quebrado socialmente. El Tribunal Constitucional se va a referir a la demanda que hacemos en términos del derecho (…). Si el TC termina validando lo que es la propiedad para un sector minoritario del país, bueno la explosión social va a ser inevitable».
Incluso señaló: «El objetivo nuestro no es que queramos que la gente al final de su vida laboral terminen retirando su dinero para su uso individual, lo que queremos es restituir la seguridad social».
Por su parte, Atria estuvo en el matinal de TVN y antenoche también en canal 13. Allí se refirió a la definición que puede dar el TC sobre la propiedad que tienen las personas sobre sus fondos, y que es el tema que, señaló, se debe discutir: «Si se trata de propiedad de verdad, entonces que se reconozcan las consecuencias de ser dueño de algo, o que nos digan los tribunales que en realidad no se trata de propiedad, sino que es una propaganda político-ideológica para legitimar un sistema que no es de pensiones, más bien de ahorro forzado, y que cumple una finalidad: poder culpar al trabajador de su baja pensión».
PERFIL DE LA PROFESORA: PC Y DIRIGENTA CUT
El recurso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue impulsado por María Angélica Ojeda (65), quien dice haber cotizado durante 26 años. Como parte de la estrategia primero la profesora de Matemáticas le solicitó a Cuprum que le entregara sus fondos de pensión, recibiendo una respuesta negativa. Fue entonces que, coordinada con No+AFP y la Casa Común, presentó un recurso de protección para demandar a su AFP, apelando a que sus ahorros eran de su “propiedad privada”.
Su último sueldo fue de poco más de un millón de pesos, pero su pensión como jubilada alcanza los $185 mil. Y, además, asegura que debe pagar todos los meses un crédito hipotecario de $220 mil, por lo que no alcanza a costearlo.
Ojeda es una activa dirigente en movimientos sociales de la II Región. Es dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores provincial Antofagasta. Además es vicepresidenta del Colegio de Profesores comunal Antofagasta y pertenece a las filas del Partido Comunista.
En estos días ha tenido un especial protagonismo. De hecho, ya se ha tornado común ver la imagen de la profesora vistiendo el pañuelo amarillo en el cuello con la frase No+AFP. Luego de que la Corte enviara el requerimiento al TC, la educadora señaló que «Dimos realmente un golpe y dejamos en jaque al sistema y a la Constitución. Yo espero que la gente se sume a esta reivindicación que hice al solicitar mis fondos. Y que lo haga de forma masiva la gente, para que demostremos que este sistema es malo y no le permite a las personas vivir en forma digna».
Y ayer sostuvo en TVN: “No esperamos la devolución de la plata completa, queremos previsión social, queremos pensiones dignas. Se trata de cuestionar este sistema de AFP porque de alguna manera atenta contra el derecho de las personas”.
Además, Ojeda ha tenido una activa partidaria en las filas del PC. De hecho, aparece en el video del Partido Comunista comunal Antofagasta -difundido en Facebook el 30 de mayo de 2018- donde respalda el movimiento feminista. “Quiero entregar mi mayor respaldo al movimiento feminista que se está llevando a cabo en el país. Y además, decir que estas mujeres han sido valientes y tienen la fuerza para seguir reivindicando todo el movimiento feminista”, señaló.
El 28 de enero de ese mismo año la profesora de Matemáticas se manifestó -junto a otros dirigentes de la zona- en contra del acuerdo alcanzado entre Corfo y SQM. Pocos días antes, ambas empresas habían firmado un acuerdo de conciliación y la modificación de los contratos que, incluía, la opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile. “Nos estamos manifestando porque creemos que es una necesidad dejar plasmado en el mundo de los trabajadores, estudiantil y en la ciudadanía en general, que el litio es un elemento natural que se tiene que quedar en Chile”, afirmó por esos días Ojeda.
En Antofagasta, además, participó en la mesa de conversación sobre el proyecto de Aula Segura que se desarrolló en octubre del año. En el encuentro, la dirigenta intercambió ideas con el senador por la zona, Alejandro Guillier, quien por esos días planteó su crítica en torno a la iniciativa. Postura a la que sumó Ojeda, rechazando las suspensiones y expulsiones de los estudiantes. Incluso llamó a crear «un frente antifacista para defender y profundizar los avances en educación», haciendo alusión a la gratuidad.
Y ya este año, en su rol de vicepresidenta del Colegio de Profesores, valoró el reajuste del bono de retiro -liderado por la alcaldesa Karen Rojo- para que los profesores recibieran más de $22 millones. “Acá la gran mayoría tienen más de 40 años de servicio, hay mucho profesores que han entregado su vida a la docencia, la gran mayoría normalista, ellos han entregado muchas cosas y su formación era muy diferente a la nuestra”, dijo Ojeda el pasado 3 de mayo. (El Líbero)
