Un total de 16 pendrives, 18 discos de almacenamiento óptico, dos cintas magnéticas mini dv, ocho celulares, seis notebooks, tres discos duros externos, cuatro tarjetas de memoria y tres tarjetas SIM de teléfono. Todos estos dispositivos electrónicos son los que el suspendido fiscal de Rancagua Sergio Moya reclama a la justicia que le sean devueltos tras el allanamiento a su casa efectuado el 8 de mayo pasado.
El listado es parte del recurso de protección que presentó el 21 de mayo y que busca dejar sin efecto la incautación de los artefactos que -según el investigador- fueron incautados de manera ilegal por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien investiga el rol de Moya en la denominada Operación Huracán.
El suspendido fiscal asegura en el escrito que se vulneraron sus derechos. Según sostiene, el registro de la Policía de Investigaciones (PDI) -quienes contaban con una orden verbal del Juzgado de Garantía de Temuco- habría sido “de una profundidad inusitada” y excedido la búsqueda de un correo electrónico que fue el que motivó la diligencia.
Esa fue una segunda mala jornada para Moya. Apenas un día antes, su exjefe Emiliano Arias había declarado -en calidad de imputado- ante el Ministerio Público a causa de una denuncia que el propio Moya había levantado en su contra: entregó un e-mail en el que el ahora suspendido fiscal de Rancagua le daba instrucciones al oficial de Inteligencia Patricio Marín sobre cómo usar los reportes de supuestas interceptaciones de chats en que se incriminaba a mapuches de actos terroristas. Además, recomendaba cómo evitar que los peritajes quedaran a cargo de la PDI, pues Cibercrimen “informará que no es posible pinchar WhatsApps y así se termina la investigación”.
La comunicación, que según el fiscal Arias llegó a manos de su pareja -la abogada Marisa Navarrete– de manera anónima, fue suficiente para que la jueza de Temuco Viviana García autorizara el allanamiento a la casa y oficina de Moya en busca de más evidencias de su supuesta ayuda a los carabineros que hoy son investigados como partícipes de un montaje policial para incriminar a comuneros mapuches en una asociación ilícita en La Araucanía, la llamada Operación Huracán.
Moya a esa altura ya contaba con un sumario por las reuniones que había sostenido con el Alto Mando de Carabineros en los días previos y posteriores a que el Ministerio Público denunciara las irregularidades de la Operación Huracán y liberara de cargos a las ocho personas -entre ellas Héctor Llaitul– que fueron falsamente imputadas de terrorismo.
El receptor de este correo, el mayor Marín, habría confesado ante la fiscalía que eran consejos de Moya para las pesquisas de la señalada operación policial.
Lo concreto fue que el correo entregado por Arias abrió una caja de Pandora sobre diversas actuaciones de Moya. Pocos en la fiscalía se atreven a aventurar dónde va a terminar la indagación al suspendido fiscal.
¿De investigador a espía?
A dos meses de que Moya detonara una de las mayores crisis del Ministerio Público en su historia, el avance de las diligencias ha generado una suerte de “efecto boomerang” en su contra.
El jueves 13, el aún fiscal de Rancagua fue suspendido de sus funciones en un tercer sumario que se abrió en su contra tras el inusual hallazgo en su casa de las evidencias de la causa contra los jueces de Rancagua. El 8 de mayo, al producirse el allanamiento, la policía encontró celulares incautados a abogados en el marco de la investigación por presunta corrupción contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Pero del listado de dispositivos electrónicos reclamados por Moya en el recurso de protección, que aún se mantiene vigente en el tribunal de alzada rancagüino, hay un elemento encontrado en su casa y que el investigador no pidió que le fuera restituido: “Un lente óptico espía”.
La policía incautó un par de lentes ópticos de marco negro -muy parecidos a los que habitualmente ocupa el hoy suspendido fiscal. Sin embargo, el objeto tenía una llamativa diferencia: un dispositivo que puede grabar imágenes y audio durante 75 minutos, cuyo contenido se almacena a través de un puerto USB y tiene un alcance de tres a ocho metros.
En las denominadas “casas espía” este adminículo se vende a un valor promedio de $ 60 mil pesos.
Otro dato no ha pasado desapercibido en la fiscalía. En el recurso de protección presentado por Moya se solicitaba que se ordenara la devolución inmediata de los artefactos incautados, que se prohibiera la extracción de los archivos electrónicos imágenes, videos y audios de los más de 40 dispositivos de almacenamiento que había en su casa, y que no se entregara copia de esta información a ninguna persona.
La Corte de Apelaciones dio -sin embargo- un respiro al suspendido persecutor a fines de mayo: acogió su petición de mantener bajo reserva la información que le fue incautada, al menos hasta que se resuelva el fondo de su recurso.
Pero ¿qué hacían un par de lentes espías en poder del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua? Si se llega a establecer que existen grabaciones de sus diálogos con otras personas sin que estas hayan sabido que estaban siendo registradas, el investigador -con una trayectoria de 20 años en el Ministerio Público- podría enfrentar un nuevo cargo y ser formalizado por interceptaciones de conversaciones privadas.
Hasta ahora, a Moya se le indaga en el ámbito penal por presunta omisión de denuncia por conocer del uso del software “Antorcha” y saber que este no podía interceptar WhatsApps. A eso se suma su presunta obstrucción a la investigación por supuestamente haber asesorado a los oficiales de Carabineros implicados en la Operación Huracán y haberlos asesorado con información obtenida por la Ley de Inteligencia, que es restrictiva para terceros ajenos al caso.
En la otra vereda, el destino de Emiliano Arias es distinto. De todas las imputaciones que le ha levantado Moya, hasta el momento solo una es la que más complica al investigador (ver recuadro).
Pero el efecto “boomerang” podría aparecer una vez más en este duelo. Moya ha estado con licencia y no ha sido interrogado. Y sus cercanos señalan que aún tiene un as bajo la manga o al menos eso es lo que asegura: el suspendido fiscal ha dicho que -en caso de que se pruebe su autoría en el correo al mayor Marín, contaría con pruebas para establecer que su asesoría a Carabineros la hizo con la venia, conocimiento y participación de Arias.
La Tercera/Agencias
