El proyecto de reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo continuó hoy su revisión en la comisión de Trabajo del Senado, instancia en la que el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz, expuso las conclusiones del informe respecto al impacto de las indicaciones ingresadas por el Gobierno.
Así, entre otras materias, advirtió que el aumento de la cobertura del 60% al 80% más vulnerable que se contempla para el Pilar Solidario tendría un impacto negativo en el mercado laboral, así como también desincentivaría el ahorro para pensiones.
«Esta propuesta afectaría tanto a los actuales jubilados como a los futuros jubilados que estén dentro de este rango (del 60% al 80%)», sostuvo, añadiendo que, según las estimaciones de la Dirección de Presupuestos, serán 488 mil personas las que se incorporarían al sistema solidario de pensiones, 148 mil como beneficiarios de Pensión Básica Solidario (PBS) y 340 mil como beneficiarios al Aporte Previsional Solidario (APS).
Esta medida, afirmó, «en términos generales, generará desincentivos a trabajar en el mercado formal, incrementará la informalidad laboral no necesariamente en igual magnitud, y reducirá el ahorro previsional».
«El motivo es que algunas personas se darán cuenta que para alcanzar un determinado valor de pensión requerirán un menor ahorro previsional, en caso de que cumplan con los requisitos de elegibilidad. No tenemos estimaciones cualitativas, por lo tanto, no es posible dar un orden de magnitud de este impacto negativo que podría producirse sobre el empleo formal y el ahorro previsional», apuntó Díaz.
Estos desincentivos para el ahorro previsional y para seguir en el mercado formal, «en nuestra opinión, no afectarán a todas las personas que se encuentran entre el 60% y 80% de la población más pobre por igual. Efectivamente hay heterogeneidad, es más factible esperar que tenga un mayor impacto sobre aquellos afiliados activos con menores salarios y con más posibilidad de trabajar informalmente, lo que le permite evadir o eludir las cotizaciones previsionales. Aquellos con mayor formalidad y una remuneración superior es menos probable que modifiquen su comportamiento«.
De todas formas, y aunque, aseguró, «es verdad que hay un efecto negativo sobre el empleo formal y sobre el ahorro previsional, eso, todos lo saben, son las consecuencias indeseadas de estas medidas», también destacó que «hay dos aspectos que queremos resaltar«.
«Aunque no es materia de este informe, una parte de este nuevo grupo de eventuales beneficiarios del sistema solidario tendrá mayores incentivos para cotizar por el efecto del programa ahorro colectivo solidario. No todos, por efecto de los umbrales, pero la gran mayoría creemos que sí, con esto se aminorado el efecto anterior», indicó el presidente del Consejo Consultivo.
En consecuencia, si bien hay un negativo producto de la ampliación del Pilar Solidario, «este programa de ahorro colectivo solidario -que contempla el proyecto- jugaría el efecto contrario: hacia más formalización y hacia más efectivamente cotizaciones previsionales«.
Además, «hay un efecto adicional que para aquellos afiliados que están cercanos y por debajo del umbral del 60% más vulnerable. Las personas que están en el 57%, 58% o 59%, esas personas hoy se pueden ver desincentivadas a cotizar en el mercado formal para no perder los beneficios», sin embargo, «ahora se acaba esto, porque la persona que prevé que va a estar en el 57% o 58%, ahora dice no, si esto ya llega hasta el 80%. Ahora ya no tengo ese desincentivo».
GASTO FISCAL POR LAS INDICACIONES
Por otro lado, Díaz se refirió al impacto fiscal de las indicaciones del Ejecutivo, entre las cuales se analizó «el adelantamiento de la PBS y PMAS, el aumento de la PBS a $177 mil para los beneficiarios actuales y el aumento de la cobertura del sistema de pensiones».
Dicho eso, señaló que el que involucraría mayor gasto sería el fortalecimiento del Pilar Solidario, «por cuanto significa incorporar a cerca de medio millón de personas al sistema de pensiones solidario en 2021, para ser exacto, 480.570 personas, y está proyectado hasta 2060 que el número crezca hasta llegar a un máximo de 621.960 personas y luego efectivamente decrece«.
«Producto de este amento de la cobertura, lo que vemos es que en 2022 el gasto fiscal será del orden de $790.682 millones y a 2060 de $854.877 millones (todo en precios de 2021)», añadió. Y como porcentaje del PIB, «lo que vemos es que a 2022 esto representaría un 0,36% del PIB para comenzar paulatinamente a ir disminuyendo para llegar a 0,2%. Disminuye porque recordemos que el PIB va creciendo a una mayor velocidad, por lo que este gasto en términos absolutos, expresados en monedas al 2021, cada vez va representando una menor proporción de un PIB que va creciendo en términos reales».
En tanto, el impacto total de las indicaciones del Ejecutivo ascendería «al año 2022 a $911.664 millones, un 0,41% del PIB, y en 2026 estaríamos hablando de $1.118.276 millones, que representa un 0,24% del PIB«.
SENADOR LETELIER
Pero en los últimos meses el tema no había sido mayormente mencionado, hasta que la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, reflotó el concepto este fin de semana, y propuso una pensión básica y universal, para el 100% de la población.
Allí mencionó que “el Pilar Solidario es sumamente complejo, y la gente no entiende cómo funciona. Hay que simplificarlo al máximo y moverse hacia una pensión básica y universal, la que debe ser generosa y debe estar debidamente financiada”.
Así las cosas, en la Comisión de Trabajo que realizaron este lunes los senadores, el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier (PS), hizo una consulta al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz; sobre lo que implicaría una pensión básica universal, aunque no se refirió con nombre y apellido a la propuesta de la nueva presidenta de las AFP.
El senador comentó: “Hay quienes han hablado de evolucionar hacia una pensión básica universal. Imagino que ustedes lo han conversado en algún momento en el Consejo Consultivo Previsional, de lo que significa, o lo que no significa”.
En esa línea, Letelier continuó diciendo: “Sé que no es el proyecto de ley propiamente tal, pero con el esfuerzo fiscal que se comienza a generar desde la reforma de 2008, luego en 2019, y ahora la de 2021, el Estado se comienza a involucrar en el sistema de pensiones. Dejo de lado lo que es la Pensión Básica Solidaria (PBS), que es un subsidio a la vejez, dejo esa parte fuera, y más me preocupa lo que es el Aporte Previsional Solidario (APS), que es donde se empieza a involucrar, y subsidiar, para que la tasa de reemplazo de las pensiones no esté debajo de ciertos umbrales”.
Es por esto que el presidente de la Comisión de Trabajo planteó algunas dudas: “Uno, si hay posibilidades de hacer algo mejor con los mismos recursos, si eso lo han conversado (en el Consejo. Dos,) si esta idea de una pensión universal garantizada es más adecuada o no, porque con el APS, no sabemos si incide en la tasa de reemplazo realmente de las pensiones… logra sacarlas de un nivel crítico, pero no establece por así decirlo, garantías per se (…) No sé si nos puede conversar un poco la opinión que tienen ustedes sobre cómo mejorar el uso (de estos recursos), si eso es posible, porque la discusión de la pensión universal es algo que se ha conversado crecientemente en este tiempo”.
Así, Díaz afirmó: “Tengo dos respuestas. La primera, es que no lo hemos analizado a fondo en el Consejo Consultivo Previsional, la verdad es que es un tema que hemos esbozado conversaciones (pero) no lo hemos analizado y no tenemos una opinión clara al respecto”.
Pero la segunda respuesta, fue dar una opinión personal. En esa línea, fue enfático al decir que “mi opinión personal, es que es un tema que habría que estudiar bastante a fondo, una pensión universal. La primera pregunta es cuán universal la queremos hacer, porque evidentemente con los fondos actuales, si uno pensara en $177 mil para todos por ejemplo, son cifras gigantescas. Entonces, no es viable hoy por la situación fiscal hacer una cosa de ese tipo”.
Al respecto, señaló que “la pregunta es si sería para el 90%, o para el 80%. Desde un punto de vista conceptual, me parece muy atractivo estudiar este tema, tiene varios beneficios, pero la pregunta que también surge en adelante, es la duda que se genera respecto a si después como sociedad vamos a querer mantener una pensión como aporte del Estado que sea igual para la persona que está en el 90%, que la persona que está en los primeros deciles”.
Sobre ello, dijo que “no hay tanta evidencia internacional al respecto de avalar esto como una política permanente que llegue para quedarse. Entonces, después, yo pienso que no es tan difícil comenzar a pensar, nuevamente, subir (las pensiones) a los más pobres, y mantener a los otros, y caemos en un sistema relativamente parecido”.
De este modo, concluyó: “Yo creo que el sistema de pensiones solidario actual es un buen sistema, acorde a las restricciones presupuestarias, que se ha ido cada vez sofisticando más, cada vez tiene más elementos de incentivos y desincentivos, por así decirlo, pero lo más importante en estas cosas es que las personas aprenden a cómo optimizarlo (…) pero si yo pensara en simplificarlo, creo que una pensión universal sería un tema a estudiar a fondo, y sería interesante de estudiarlo”. (Emol La Tercera)
