Un grupo de diputados anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Bajo “su punto de vista” el actuar del ministro es irresponsable, pues atenta contra la integridad física y psíquica de los estudiantes y profesores en su afán por abrir las escuelas.
Los parlamentarios no solo deciden utilizar la herramienta más severa de control político para manifestar un desacuerdo frente a la manera de abordar la crisis, debilitando y afectando seriamente el fin del instrumento, sino que pasan por alto la contundente evidencia que en este año y medio de pandemia hemos recogido respecto del tremendo daño que ha generado el cierre de escuelas y jardines en los niños, jóvenes y en la comunidad escolar en general: altísimas tasas de suicidio y enfermedades mentales en la población infanto-juvenil, deserción escolar, desnutrición y aumento de las brechas en habilidades que son claves para las oportunidades futuras.
Así, la verdadera irresponsabilidad habría sido que el ministro no estuviese haciendo todos los esfuerzos posibles para que los estudiantes —bajo un proceso voluntario— puedan regresar a clases presenciales, tarea que se repite en la mayoría de los países del mundo.
Con un virus que no se va a ir fácilmente, la pregunta ya no es si volvemos o no a la presencialidad; es cómo volver de manera segura. Lo clave es el proceso. Para apoyar este proceso se ha presentado en cada establecimiento escolar un plan flexible que orienta hacia mesas de diálogo para resolver dudas de toda la comunidad y a la definición de protocolos. Además, se han definido planes de prevención, con testeos tempranos, y se dio prioridad a la vacunación de profesores y asistentes de la educación, quienes ya en un 90% cuentan con las dos dosis. Así es como se ha logrado que 9.633 colegios y jardines hayan podido abrir durante este año, lo que se traduce en que más de un millón de estudiantes han podido asistir a clases.
Es de esperar que los diputados recapaciten en su intención de acusar constitucionalmente al ministro, pues ello solo afecta el bienestar y el futuro de los niños y jóvenes del país.
Magdalena Vergara
Directora ejecutiva de Acción Educar
Mariana Aylwin
Exministra de Educación
Sylvia Eyzaguirre
Investigadora CEP
Tomás Recart
Director ejecutivo de Enseña Chile
