El domingo, en medio del fin de semana largo, un grupo de diputados de RN creó un chat de WhatsApp orientado a coordinar gestiones para reaccionar ante el nuevo reglamento sobre objeción de conciencia en la Ley de Aborto, que el Gobierno envió el viernes a la Contraloría. Una de sus primeras acciones fue enviar una carta a «El Mercurio» -firmada por Diego Schalper, Camila Flores, Miguel Mellado, Catalina del Real, Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea- en la cual expresan su rechazo al dictamen emitido por el ente fiscalizador en mayo.
En esa oportunidad, la Contraloría declaró ilegal el protocolo del Minsal en el que se permitía a establecimientos privados con convenios con el Estado invocar la objeción de conciencia, por lo que La Moneda debió emitir un nuevo texto, en el que se determinó que las instituciones objetoras no podrán mantener convenios que involucren prestaciones ginecológicas u obstétricas.
«Debemos emplear todos los medios para revertir el dictamen. Para un liberal, es inaceptable sostener que el ejercicio de funciones públicas por parte de una entidad privada lo transforme en una extensión del aparato estatal», señalaron en la misiva.
Luego de ello, el diputado Schalper confirmó ayer que el grupo está por recurrir al Tribunal Constitucional (TC) contra el dictamen de la Contraloría, sumándose a la ofensiva que ya prepara la UDI. «Cuando sea el momento recurriremos para que el reglamento, que es inconstitucional y expresa el sentir del contralor, sea revisado por el TC», expresó.
La arremetida encontró nuevos partidarios. Una vez difundida la carta, al WhatsApp interno se habrían sumado los diputados Paulina Núñez, Aracely Leuquén y Jorge Rathgeb. «Es conveniente y necesario ir al TC para tener el criterio correcto y evitar sucesivas interpretaciones», comentó Rathgeb. También se mostraron dispuestos a respaldar un recurso en la bancada cristiana RN, formada por los diputados Francesca Muñoz, Leonidas Romero y Eduardo Durán.
Pero hubo un apoyo que el grupo consideró fundamental. El presidente del partido, Mario Desbordes, les transmitió que compartía el contenido de la misiva. Consultado, el diputado aseguró estar «100% identificado» con el texto. «Apunta al corazón de la discusión: el intento de entrometer al Estado y forzar a la sociedad civil a actuar como si fueran entes públicos solo por recibir recursos fiscales», dijo Desbordes. El timonel recalcó que en RN hay libertad de acción para actuar ante el reglamento, y expresó que los liberales de Chile Vamos «deberían defender esto también con fuerza, porque trata justamente de defender la libertad, lo medular en la doctrina de centroderecha«. Cercanos al timonel confirman que es partidario de ir al TC.
A ello, Schalper agregó que la iniciativa debiera ser respaldada por el oficialismo, aludiendo a Evópoli, donde su presidente Hernán Larraín Matte ha sostenido que su partido no está a favor de la ofensiva.
Por otro lado, en el ala liberal de la bancada RN -grupo liderado por la diputada Marcela Sabat- Sebastián Torrealba respondió a la carta, tomando distancia de acudir al órgano jurídico. «Respetar la institucionalidad no es tema de liberales o conservadores: es el mínimo deber de quien ejerce una función pública. Lo que hizo el Gobierno es correcto, y corresponde acatarlo», dijo. El sábado, además, el jefe de bancada Leopoldo Pérez también mostró dudas de recurrir al tribunal.
Con todo, en RN contaban ayer -previo al almuerzo de bancada de hoy, donde debatirán el tema- ya al menos 14 diputados apoyando ir al TC. Ese número, más los 31 votos UDI, permitiría reunir las 39 firmas necesarias.
DUDAS EN EL SENADO
En la Cámara Alta, el comité RN también abordará el tema hoy. No obstante, previo a esa conversación, el jefe de bancada Andrés Allamand adelantó: «Todavía no fijamos una postura, pero hay varios senadores que pensamos que sería difícil de explicar el recurrir al TC frente a un reglamento emanado del Gobierno que apoyamos».
En la bancada afirman que previamente se ha conversado el tema, y que la mayoría de los ocho senadores serían partidarios de no ir al TC, para no generar un nuevo inconveniente al Gobierno.
GOBIERNO RESTA DRAMATISMO
La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, le restó dramatismo a la idea de que partidos de Chile Vamos como la UDI, recurran al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto, presentando el viernes por La Moneda.
Según algunos parlamentarios del oficialismo, el nuevo reglamento «vulnera» el derecho a la objeción de conciencia, pues éste impide a los privados que reciben fondos públicos invocarla en prestaciones de obstetricia y ginecología.
Al respecto, Pérez recordó que ese nuevo reglamento «recogía dos derechos, un derecho garantizado por el propio TC que decía relación con la objeción institucional y otro derecho que se hace cargo la Contraloría General de la República al rechazar el protocolo inicialmente ingresado, y en ese sentido, se señalaban que los recursos ingresados por DFL 36 que existieran en instituciones privadas, no podían ser objetores institucionales (…). Creemos que en este nuevo reglamento se compatibilizan ambos derechos».
«En su minuto dijimos, no compartimos el dictamen de la Contraloría al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos. Y lo que corresponde en un estado de derecho, como también corresponde que aquellas personas que teniendo derechos, sientan que han sido estos pasados a llevar, puedan concurrir a aquellas instituciones que son los garantes para poder nuevamente reivindicar el derecho a sancionarlo, en este caso los parlamentarios y el TC», sostuvo.
Y agregó que «cuando decimos que respetamos la decisión individual de los parlamentarios, es porque la respetamos (…) son facultades que tienen y por lo tanto, creemos que tienen toda la facultad y la independencia para tomar esa decisión». Con ello, la ministra descartó que esto sea en contra del Gobierno, aunque indicó que primero lo que corresponde es que la Contralaría se pronuncie.
«Hoy no podrían concurrir, porque no hay ningún reglamento aprobado (…) y una vez que exista, como esperamos como Gobierno, la aprobación por parte de la Contraloría, y se persevera en la postura de la UDI de ir al TC, lo tendrían que hacer contra la toma de razón de la Contraloría», precisó.
Con ello, Pérez recalcó que de ser así «para nosotros no es ningún drama, es respetar la facultad de los parlamentarios».
GESTIONES
Al cierre de esta edición, el panorama parecía despejado en la Cámara Baja. Junto a la unanimidad existente en la UDI -incluso parlamentarios “liberales” como Jorge Alessandri se manifestaron a favor de recurrir al TC-, el diputado RN Diego Schalper, que está coordinando el tema, ya tiene contabilizado al menos a 14 parlamentarios que estarían dispuestos a apoyar la iniciativa. Se trata de Schalper, Camila Flores, Miguel Mellado, Catalina del Real, Harry Jürgensen, Cristóbal Urruticoechea, Leonidas Romero, Francesca Muñoz, Eduardo Durán, Jorge Rathgeb, Sofía Cid, Aracely Leuquén y Paulina Nuñez. A ellos se suma el timonel del partido, Mario Desbordes. Esto sumaría al menos 44 diputados, cinco más de lo que exige la ley para recurrir al TC.
El ala “liberal” de la bancada, compuesta por Marcela Sabat, Andrés Longton, Sebastián Torrealba, entre otros, hasta ahora se marginó.
“Este no es un tema de liberales o conservadores. Lo que está en juego es el principio de subsidiaridad, ese es el cambio de eje que imprime el dictamen de la Contraloría y que para nosotros como sector es inaceptable”, señaló Schalper. Y respecto de la señal política que da el hecho de que parlamentarios de Chile Vamos recurra contra un reglamento de su propio gobierno, el diputado planteó que “el gobierno se ha visto forzado a dictar este reglamento y actuó bien. No pretendo exigirle a la Segpres ni al Ejecutivo que haga algo que no puede porque deben actuar bajo la tutela de la Contraloría. Es la Contraloría la que se inmiscuyó en cosas que no corresponden”.
SENADO REVUELTO
En el Senado, en tanto, las aguas parecían más revueltas. En la UDI, su timonel Jacqueline van Rysselberghe es la que lleva adelante las gestiones para lograr los 11 senadores que se necesitan para acudir al TC. En el comité gremialista -de 9 parlamentarios- hay unanimidad sobre el tema.
No así en RN, donde su jefe de comité, Andrés Allamand, señaló hoy a El Mercurio que “varios senadores pensamos que sería difícil de explicar el recurrir al TC frente a un reglamento emanado del gobierno”. Hace unos días su par Francisco Chahuán se mostró con dudas. Hoy, el senador José García afirmó a La Tercera PM que “en principio, me parece que el Ejecutivo ha tenido sus razones para dotar el reglamento que conocemos y debiéramos apoyarlo; salvo que surjan antecedentes que hoy no tenemos. Espero que lo conversemos tanto en la reunión de senadores Chile vamos hoy, como senadores RN mañana”.
Quien sí se manifestó de acuerdo con recurrir al TC el senador por el Maule Juan Castro. “Yo soy partidario de la vida, por tanto siempre voy a apoyar cualquier acción que vaya en favor de la vida. Si mi firma va a servir, sin duda que lo voy a hacer. Soy partidario de la vida, lo he dicho siempre, y cualquier iniciativa que vaya en esa línea sin duda que la voy a apoyar”, dijo a La Tercera PM. Con ello, a Van Rysselberghe -que se reunirá hoy con sus pares UDI para conversar del tema- le restaría buscar un voto más para presentar el requerimiento.
DEBILIDADES DEL REGLAMENTO
Por ahora los ojos están en el trámite de toma de razón Contraloría.
Tanto Gabriel Osorio como el abogado Jorge Barrera -quien trabaja en la fundamentación del requerimiento de los senadores UDI ante el TC- afirmaron que, en general, la debilidad del reglamento firmado por Piñera está en las sanciones económicas que se plantean en caso de incumplimiento.
“Más que debilidad, uno podría haber esperado mayor claridad respecto del tema de las sanciones que pueden establecerse frente al incumplimiento, sin perjuicio que se hace mención a las reglas generales del código sanitario (…) pero como regla general no tenemos mayor observación. El protocolo cumple con lo dispuesto por el contralor”, dijo Osorio.
“Más allá de que es inconstitucional la prohibición de ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia por la mera celebración de convenios, llama la atención la existencia un artículo 28 donde se establezcan sanciones, pues ello excede lo dispuesto por el articulo 119 ter del Código Sanitario”, planteó Barrera.
(El Mercurio-Emol-La Tercera)
