Una dura crítica al trabajo del gobierno y del Congreso realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual.
En el documento -que será presentado hoy- se acusa un incumplimiento de las obligaciones de ambos poderes del Estado en materia de reparación a las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar.
Si bien el texto reconoce como un avance la reciente aprobación en el Senado de un bono reparatorio destinado a personas calificadas como torturadas en las Comisiones Valech I y II, de igual manera se advierte que la actuales iniciativas no son suficientes para construir una política integral de justicia.
Junto con esto, el informe reitera lo señalado en 2014 y hace un llamado a revelar los antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), secreto que, a juicio del INDH, dificulta la acción de la justicia.
Además, el organismo que dirige Lorena Fries acusa una persistencia de pactos de silencio entre ex agentes del Estado, y pide agilizar las indagatorias en materias de violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar.
Junto con abordar las tareas pendientes en este ámbito, en el informe del instituto se realiza un extenso análisis de la implementación del programa de gobierno.
Así, en materia de seguridad ciudadana, el INDH critica el proyecto de ley, actualmente en tramitación, que contempla la implementación de penas especiales para ciertos delitos en materia de propiedad, iniciativa que implica, a juicio del organismo, una violación a los principios de igualdad y no discriminación.
Asimismo, se cataloga el control preventivo de identidad como innecesario y desproporcional.
Sobre las medidas del Ejecutivo en materia de protección de los DD.HH., en el texto se aborda la creación de la Subsecretaría destinada especialmente a estas materias. Y pese a que el organismo valora en su informe la iniciativa, cuestiona que, pese al objetivo, las funciones de esa nueva entidad estarán limitadas a la promoción de los DD.HH., con escasa capacidad operativa.
Otra de las áreas que se abordan en el documento es la educación.
Al respecto, en el informe se señala que existe una ausencia de medidas destinadas a la inclusión de sectores que, a juicio del instituto, se encuentran en desventaja. A esto se agrega en el texto que durante toda la tramitación de las distintas iniciativas ha estado ausente una definición clara de educación de calidad.
En otras aspectos también se cuestiona una lenta o nula implementación de las propuestas de la Comisión Engel sobre probidad y transparencia, junto con una fuerte crítica a las prácticas laborales llevadas a cabo en el propio Estado. Sobre esto último se critica especialmente un gran número de empleos temporales a contrata.
