La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó la pena de 10 años de presidio para la desaforada diputada Catalina Pérez, esto por el caso Democracia Viva.
La parlamentaria es acusada de tres delitos consumados de fraude al fisco, apuntándola como la encargada de dirigir la operación para que se concretaran los convenios por $426 millones que suscribió la Seremi de Vivienda en Antofagasta, cuya titularidad recaía en Carlos Contreras, con Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade.
Justamente el Ministerio Público pidió la misma pena de 10 años para Contreras, Andrade y la ex concejal Paz Fuica. Asimismo, se solicitó una «multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena».
Entre ellos, también pidieron «inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas».
REVOCADO ARRESTO DOMICILIARIO
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó este miércoles la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía el arresto domiciliario total de la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada por tres delitos consumados de fraude al fisco. En fallo unánime, el tribunal acogió el recurso de apelación presentado por su defensa y decretó arresto domiciliario parcial, vigente entre las 20:00 y las 08:00 horas.
La decisión se dio el mismo día en que el Ministerio Público presentó su acusación formal contra la exdiputada y expresidenta de Revolución Democrática, solicitando una pena de 10 años de presidio. La Fiscalía sostiene que Pérez conocía el acuerdo entre los coimputados Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Daniel Andrade, entonces pareja de Pérez y representante de la fundación Democracia Viva, para suscribir convenios que no fueron ejecutados.
Los convenios, firmados entre septiembre y noviembre de 2022, implicaron tres transferencias de fondos públicos: $200 millones el 17 de octubre, $170 millones el 29 de noviembre y $56 millones el 19 de diciembre, destinados a obras menores en campamentos de Antofagasta que nunca se realizaron.
Durante la formalización del 12 de mayo, la Fiscalía había solicitado la medida cautelar más gravosa, argumentando que la libertad de Pérez representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. El Juzgado de Garantía desestimó esa petición y decretó arresto domiciliario total, medida que ahora fue modificada por la Corte.
En su resolución, el tribunal de alzada consideró que no existían argumentos suficientes para justificar una privación de libertad total frente a una parcial, y que los antecedentes sociales y psicológicos de la imputada permiten garantizar la seguridad social con una medida menos gravosa, tal como se ha aplicado a otros imputados en la misma causa.(Emol-La Tercera)
