A pesar de que a fines del año pasado fue la Security and Exchange Commission (SEC) la que destapó la acusación en contra de Juan Bilbao y Tomás Hurtado por uso de información privilegiada en el marco de la OPA por la farmacéutica CFR -donde Bilbao era director-, las investigaciones en nuestro país ya están comenzando a tener resultados.
Es así como en los últimos días la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) presentó el oficio en el que se le formularon cargos al ex presidente de Consorcio Financiero, por las operaciones de compra de acciones de CFR que realizó antes de que fuera anunciada públicamente la oferta de Abott.
Estos títulos, que eran calificados como ilíquidos dadas las pocas transacciones que se realizaban en el mercado local, tuvieron una inusual actividad poco antes de ser anunciada la operación.
Según trascendió, entre los presuntos ilícitos que habría cometido el empresario, estarían varias infracciones a la Ley de Mercado de Valores, como también a la Ley de Sociedades Anónimas.
Esto porque, por ejemplo, el empresario no informó al mercado las operaciones de compra de títulos que estaba realizando en el mercado local, lo que es su obligación legal por su calidad de director. De hecho, éste es un argumento que están evaluando algunos accionistas para presentar recursos contra Bilbao, ya que si hubiesen sabido que un miembro del directorio estaba comprando papeles de la sociedad, posiblemente no habrían vendido antes de que se diera a conocer la OPA.
Además, cuando emitió su informe escrito con su favorable opinión a la operación, el ejecutivo tampoco dio a conocer el interés que podía tener en dicha operación, ocultando que ya había comenzado la adquisición de acciones de CFR.
Al realizar la consulta formal por ese caso, la respuesta fue «la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no puede responder dicha consulta, ya que no se refiere públicamente a sus actividades de fiscalización o respecto de eventuales procedimientos administrativos».
Cabe recordar que los oficios de cargo tienen carácter reservado, haciéndose público este antecedente sólo en caso de aplicarse una sanción.
LA SEC
A diferencia de la Security and Exchange Comission, la SVS no puede interponer demandas como su par norteamericano, sino que debe seguir un proceso administrativo, que una vez finalizado, puede pasar a tribunales en caso de que alguna de las partes presenten apelaciones a las posibles sanciones que puedan ser determinadas.
Para reconstruir el capítulo local, la SVS solicitó información a las bolsas, para que informaran cuáles fueron las corredoras que compraron acciones de CFR, que luego se transformaron en American Depositary Shares (ADS), dado lo poco líquidos que son estos intrumentos, según reconocen los mismos documentos de la SEC.
Las bolsas pidieron la información a las corredoras, tras lo cual se detectó que BTG Pactual fue la entidad que habría realizado prácticamente todas las compras, lo que habría sido comunicado a la SVS. De hecho, un ejecutivo del grupo encabezado por Alejandro Montero, ya habría declarado ante la superintendencia, para entregar datos respecto al rol que jugaron en las transacciones. Ahora, esto no implica que la intermediaria haya tenido conocimiento del delito que investiga la SEC, ya que el cliente de ésta no fue ninguno de los acusados, sino CG Compass, la que operó por mandato de Bilbao y Hurtado. (DF)
