«Hemos visto como algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también como algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, es decir los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales».
Con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer la composición del Consejo contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción,instancia que tendrá 15 miembros y un plazo de 45 días para presentar propuestas.
La instancia forma parte de las medidas impulsadas por La Moneda para enfrentar a través de cambios legislativos y reglamentarios los cuestionamientos al sistema político tras el Caso Penta y el Caso Caval, donde este último involucra al hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, y a su nuera Natalia Compagnon, contra quienes existe una investigación por presunto tráfico de influencias e información privilegiada.
«Ha llegado la hora de actuar. En este plano Chile no tolera dilaciones. Y en mi responsabilidad como Presidenta impulsaré las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios», recalcó.
La jefa de Estado aludió al impacto del caso Caval en su propio gobierno, que ha perdido respaldo luego que se conociera el negocio de la firma ligada a su nuera. «Esto no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, de mí, del Gobierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir», recalcó.
Bachelet hizo hincapié en que «debemos hacer que estos casos no vuelvan a repetirse. Se equivocan quienes creen que este es el momento de suavizar los hechos o esconder la tierra bajo la alfombra. No, se trata de asegurar mediante instituciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir».
«Por eso, en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisión el trabajo de los tribunales en su plena autonomía para que sean aclarados y sancionados», remarcó.
SANCIONAR IRREGULARIDADES EN ELECCIONES
La Mandataria aseveró que hay materias «urgentes» de regular, por lo que encomendó a sus ministros avanzar en la elaboración de indicaciones y proyectos de ley. En este contexto, anunció que enviará una reforma constitucional «para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales».
Otra de las medidas apunta a definir «con precisión y mayor rigor las inhabilidades e incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general, tanto a nivel central como en los gobiernos locales». Del mismo modo, anunció que encomendó al Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, la «actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento».
Una tercera medida apunta a ella como Presidenta y a sus antecesores: «he instruido para que a la brevedad se impartan las medidas administrativas y legales para que se extienda el ámbito de aplicación, se hagan más detalladas, periódicas y de por vida las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de los ex Presidentes, partiendo por mí. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia».
LOS 15 MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR
La jefa de Estado enfatizó que «el mandato de este Consejo es claro. He instruido que, más allá de las que he anunciado, proponga medidas en el plano administrativo, legal y ético, de aplicación inmediata y de mediano plazo, tanto para el ámbito de los negocios y el servicio público, como para las relaciones entre ellos».
«Se trata de perfeccionar nuestro ordenamiento para que, por ejemplo, ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos; que los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero; que el abuso de poder no sea más una práctica y que los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares», explicó.
La Comisión -explicó- deberá proponer mecanismos «accesibles y eficaces» de defensoría a los ciudadanos contra actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles.
La instancia tendrá 15 miembros y un equipo de secretaría ejecutiva, que tendrá por misión entregar «en un plazo muy acotado» sus propuestas. «El diagnóstico ya lo tenemos, ahora necesitamos medidas concretas. Desde hoy, el Consejo dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas», dijo. La Comisión será encabezada por el economista Eduardo Engel.
Bachelet anunció que el gobierno se «compromete» a enviar los instructivos administrativos en no más de 15 días después de recibir las propuestas, mientras que los proyectos de ley serán enviados en un plazo máximo de 40 días.
Respecto de los proyectos ya en tramitación, se le solicitó al Consejo que las revise para proponer «indicaciones inmediatas». En el caso de los proyectos nuevos, Bachelet dijo que las proposiciones del consejo «deberán materializarse en un plazo no superior a 30 días».
EL LISTADO
Entre los 15 miembros del consejo asesor presidencial electos por Bachelet se encuentran Benito Baranda, la ex directora de presupuesto Rossana Costa y la ex ministra Paulina Veloso. A ellos se suma Eduardo Engel, quien presidirá la comisión. A continuación los miembros de la comisión asesora:
Eduardo Engel: Será quien presida la comisión. Engel es profesor titular de Economía en la Universidad de Chile y profesor visitante en Yale University. Presidente de la fundación Espacio Público.
Benito Baranda: Presidente de la Fundación América Solidaria. Sicólogo de la Universidad Católica.
Lucas Sierra: Profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Sub Director del Centro de Estudios Públicos (CEP)
Andrea Repetto: Miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza y de la Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza. Tesorera de Espacio Público.
Olga Feliú: Presidenta del colegio de abogados de Chile.
Rossana Costa: Subdirectora de Libertad y Desarrollo. Ex directora de Presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. Economista.
Vittorio Corbo: Economista de la Universidad de Chile, académico, investigador y consultor. Fue presidente del Banco Central entre 2003 y 2007.
Alfredo Etcheberry: Abogado y profesor de la Universidad de Chile. Experto en Derecho Penal.
Claudio Fuentes: Director Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica. Magíster y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, EE.UU. Ex director de Flacso.
Alvaro Castañon: Abogado, coordinador legislativo de la fundación Ciudadano Inteligente.
José Andrés Murillo: Doctor en filosofía. Presidente de Fundación Para la Confianza.
Manuel Riesco: Ingeniero civil industrial; magister en Economía de la Universidad de Chile con estudios de doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de las Ciencias de la URSS.
Marcela Ríos: Doctora en ciencia política de la Universidad de Wisconsin-Madison, EEUU, Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Desde el 2007 es coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD.
Agustín Squella: Abogado, periodista y columnista chileno. Premio nacional de humanidades y ciencias sociales de Chile en 2009.
Daniel Zovatto: El único extranjero del grupo. Experto en Derecho Electoral e Internacional.
Paulina Veloso: Ex ministra Secretaria General de la Presidencia del primer gobierno de Michelle Bachelet.
(La Tercera)
