La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el miércoles el informe final de la auditoría realizada a las elecciones generales llevadas a cabo el 20 de octubre en Bolivia.
La conclusión sostiene que hubo una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas.
«El pueblo boliviano y su Gobierno necesitaban certeza respecto de su proceso electoral y para ello solicitaron el apoyo de la Organización. Ni ellos ni el resto de los Estados Miembros de la OEA merecían otra respuesta que el excepcional y profesional trabajo de la misión de auditoría reflejado en este informe», expresó el secretario general del organismo, Luis Almagro.
El informe comprueba que la manipulación fraudulenta de los comicios se produjo en dos partes del proceso. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. Y, en segundo lugar, se pudo comprobar que en el procesamiento de los resultados se redireccionaron los datos a dos servidores confidenciales y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitó la manipulación de datos y la suplantación de actas.
A esto se suman irregularidades «graves» expuestas en el documento, como la «falta de resguardo de las actas» y la «pérdida de material sensible». El informe detalla además un «significativo número de errores e indicios».
La investigación de la auditoría revela, asimismo, la «parcialidad de la autoridad electoral». Los vocales del TSE, que eran los que tenían que velar por la legalidad e integridad del proceso, «permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral».
La conclusión del informe de la OEA sostiene que «las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas».
El informe del organismo internacional tiene 96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos. En esos anexos hay centenares de documentos que respaldan y acreditan los hallazgos de la auditoría, y sustentan el análisis y las conclusiones del informe.
El documento es una respuesta a la solicitud del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, formado en un acuerdo firmado por ambos el 30 de octubre para realizar «un análisis de integridad electoral de las elecciones».
El trabajo de investigación se llevó a cabo entre los días 1 y 9 de noviembre por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades distintas, tales como abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.
El pasado 10 de noviembre, Morales anunció su renuncia después de que el organismo internacional diera a conocer algunas de las irregularidades en los comicios del 20 de octubre en los que había sido supuestamente reelegido para un cuarto mandato y luego de que los militares le sugirieran dimitir.
PRESIDENTA INTERINA
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, calificó este jueves (05.12.2019) de «acto criminal» lo que consideró como «un fraude monumental» orquestado por Evo Morales en las pasadas elecciones en el país.
Áñez, quien asumió provisionalmente el 12 de noviembre con la misión de organizar nuevos comicios tras la renuncia de Morales, dijo que tras el informe de la OEA se evidencia que «el Gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos».
En tanto, el fiscal asignado al caso, Ronald Chávez, dijo en una rueda de prensa en La Paz que el informe difundido el miércoles será tomado en cuenta para «sancionar a los responsables del fraude», en el proceso judicial iniciado por el ministerio público.
«PODER CORRUPTO, ILEGAL Y VIOLENTO»
En la posesión pública de su delegado ante el tribunal electoral de Santa Cruz (este) la mandataria responsabilizó al expresidente Morales, asilado en México. «Ni la historia de nuestra amada Bolivia, ni la justicia, ni Dios podrán dejar de sancionar este acto criminal», gestado desde «la propia presidencia» para extender un «modelo de poder corrupto, ilegal y violento».
«Ahora entiendo mejor la forma en que tuvieron que huir de Bolivia tanto Morales como su pequeño grupo de activistas violentos y criminales», comentó sobre la salida hacia su asilo en México del que fuera presidente y varios miembros de su Gobierno.
«OPERACIONES DOLOSAS»
El informe final del equipo auditor de la OEA describió una «manipulación dolosa» del proceso electoral de octubre tras las denuncias de irregularidades que originaron protestas y violencia que derivaron en la renuncia de Morales el 10 de noviembre, luego de perder el apoyo de militares y policías.
«Ese informe, que es muy exhaustivo, describe con precisión la forma en que el Gobierno del MAS fue tejiendo una red de corrupción asentada en los poderes del Estado para montar un fraude monumental», insistió Áñez.
El equipo de auditores de la OEA estableció además la alteración de actas y el redireccionamiento del flujo de los datos del proceso a dos servidores ocultos, sin control del personal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), para favorecer a Morales, que postulaba a un cuarto mandato.(Emol, DW, EFE, AFP)
