La diputada de Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Catalina Pérez, pidió al Gobierno aclarar de cara a quién está legislando.
Lo anterior, a raíz de los antecedentes revelados por una investigación de Ciper respecto a que Julio Ponce Lerou y su injerencia a través de una serie de parlamentarios para modificar la Ley de Medioambiente.
En concreto, algunos parlamentarios presentaron indicaciones idénticas a las sugeridas por el controlador de la minera durante el trámite del proyecto en el Congreso.
Entre ellos figura Francisco Chahuán (RN), Roberto León (DC) y Marcela Cubillos (UDI), actual ministra de Medioambiente.
Por ello, Pérez señaló que este caso es particularmente grave, ya que en esta situación queda en evidencia el tráfico de influencias en el diseño de la institucionalidad medioambiental que rige actualmente en nuestro país.
Ante ese escenario, la parlamentaria pidió a los involucrados aclarar qué injerencia tuvo SQM en la tramitación del proyecto.
Hasta ahora el actual senador Chahuán no se había referido a las acusaciones, pero tras ser consultado por Radio Bío Bío descartó haber recibido indicaciones del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y recalcó que el correo en que se le señala no fue abierto.
Asimismo, insistió en que las indicaciones ingresadas fueron aprobadas en concordancia con los demás miembros que en ese entonces conformaban la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
“He legislado libre de cualquier tipo de presiones. Jamás he recibido presión alguna para legislar”, señaló.
FALLO DEL TC A FAVOR DE SQM
El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y rebajó considerablemente la millonaria multa que le impuso la Superintendencia de Valores y Seguros a raíz de su responsabilidad en el caso Cascadas.
A propósito de ello fue que se cursaron millonarias multas por las operaciones en la bolsa que realizaban una serie de empresas relacionadas y por las que fueron también sancionados corredores de la bolsa.
Se trata del requerimiento presentado contra la multa de un 1,7 millones de UF (unos 46.000 millones de pesos), y que se encuentra pendiente desde septiembre del 2014 ante un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En un fallo de 79 páginas, el TC acogió, por 6 votos a 4, el requerimiento por inaplicabilidad presentado por Ponce Lerou y consideró que la sanción “se escapa a la razonabilidad y proporcionalidad, dado que dicho quantum sólo se alcanza en virtud de un ejercicio arbitrario que vulnera el anotado principio de proporcionalidad”.
De esta manera, la Corte de Apelaciones de Santiago, de confirmar la sanción de la Superintendencia, ésta no puede exceder de un pago de 75.000 UF: es decir, poco más de 2.000 millones de pesos.
En tanto, el Tribunal Constitucional acogió otros requerimientos por estas millonarias multas que afectaban al resto de los sancionados, entre ellos, Roberto Guzmán Lyon.
De este modo, el controlador de SQM deberá pagar 44 mil millones de pesos menos que lo estipulado en la multa inicial. (Bio Bio)
