El primer año de gobierno de la Presidenta Bachelet se caracteriza a lo menos por dos elementos: el cumplimiento del programa a través del envío al Parlamento de las principales reformas estructurales, tales como la reforma tributaria, parte de la reforma educacional, la reforma al binominal y la reforma laboral, entre otras. Lo segundo que caracteriza este período ha sido un descenso sostenido en las encuestas públicas y privadas entre marzo del 2014 y enero del 2015 en la evaluación positiva, tanto de la Presidenta, del Gobierno en su conjunto, como de la Nueva Mayoría. Romper esta contradicción es el desafío político de los próximos tres años.
Las reformas estructurales han sido complejas en su presentación -en su explicación y en sus consecuencias- por su carácter de reformas estructurales cuyo impacto en la cotidianidad de los chilenos, en un sentido positivo, es gradual en el tiempo. A manera de ejemplo, la reforma tributaria, desde el punto de vista del grueso de la ciudadanía, ha significado costos en su vida cotidiana, expresado en el aumento de impuestos de consumo general, como cigarros, bebidas y alcoholes, no obstante que sabemos que la mayor parte de la recaudación se concentra en el impuesto a la renta, y en consecuencia impacta en los contribuyentes de mayor ingreso relativo.
Asimismo, centenares de millones de dólares irán al mejoramiento de la educación pública. Cuando se pinten los primeros 400 establecimientos y se mejore el resto de la infraestructura de la educación municipal, la gente entenderá no solo el destino de los fondos de la reforma tributaria, sino también el sentido de la reforma educacional, independientemente del envío de los proyectos durante este año que dice relación con la educación pública.
Cuando a partir del 2016 se inicie el fin del copago, que concluirá el 2018 con el 93% de la educación particular subvencionada gratuita, donde sus padres y apoderados recuperarán para sus presupuestos familiares alrededor de US$ 500 millones sin afectar su opción educacional, la gente entenderá una vez más, porque lo vivirá, el objetivo de las reformas tributaria y educacional. Cuando en el sistema de educación superior se inauguren los 15 centros de formación técnica, las dos nuevas universidades regionales O’Higgins y Coyhaique, y se inicie a partir del 2016 la gratuidad total de la educación superior, decenas de miles de familias y sus hijos comprenderán porque vivirán -insisto en eso- el resultado de las reformas. En salud ocurrirá lo mismo, cuando durante estos próximos tres años se inauguren 20 nuevos hospitales y más de 200 nuevos consultorios de diversa complejidad. En el ámbito de la convivencia pasará lo mismo. Dos millones de chilenos resolverán, en parte, las complejidades de la vida en pareja con el Pacto de Unión Civil.
En materia laboral, millones de trabajadores experimentarán en sus vidas concretas un mejoramiento de sus remuneraciones y de sus condiciones de trabajo a partir del fortalecimiento de sus sindicatos, de la negociación colectiva y de su derecho a huelga sin reemplazo.
Asimismo, en marzo de este año, por segunda vez y a raíz de la decisión de la Presidenta Bachelet, millones de personas recibirán el bono que corresponde para enfrentar un mes complejo desde el punto de vista del presupuesto familiar.
La lista sería interminable. Lo relevante para el desafío político -como lo dijimos al inicio de esta columna- es llevar a la vida simple y cotidiana de las personas los efectos de las reformas complejas y estructurales que la Presidenta Bachelet le ofreció al país en su programa. De esa manera, la Mandataria recuperará e incrementará la adhesión y la evaluación positiva de su gestión, así como el Gobierno y la coalición política que lo respalda, la Nueva Mayoría. (El Mercurio)
