La mañana de este viernes 4, la Universidad La República (Ulare) se querelló contra quienes resulten responsables del delito de desacato. En su escrito, al cual tuvo acceso La Tercera, la casa de estudios apunta al actual administrador, Jaime Alejandro Torreblanca, por no dar cumplimiento a la orden de no innovar dictada por la Corte Suprema y que suspendió el proceso de cierre de la universidad dictaminado por La Superintendencia de Educación Superior.
Torreblanca es quien, a través de un comunicado a la comunidad universitaria, denunció “montos desviados” al exrector, Fernando Lagos, posterior a su nombramiento. La acción judicial presentada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, se sustenta en la decisión del máximo tribunal, quien dictaminó paralizar todos los actos administrativos a partir de la decisión del organismo vinculado al Ministerio de Educación y que decidió cancelar la personalidad jurídica de la mencionada casa de estudios.
El escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, señala que “el administrador de cierre designado, Sr. Jaime Alejandro Torrealba Cubillos, en contravención a la orden de no innovar decretada mediante resolución de fecha 28 de febrero de 2022, continúa ejerciendo las facultades de administración de la ULARE y no ha hecho entrega de las dependencias de dicho plantel a su Rector (Fernando Lagos) o a las autoridades correspondientes, lo que configura el delito de desacato, según se verá a continuación”.
Ante estos hechos, el rector de esa casa de estudios ha señalado que “el daño a la comunidad universitaria ha sido inconmensurable. La imprudencia, la actitud intimidante de las autoridades ha generado un gran perjuicio”.
En mayo de 2021 el Consejo Nacional de Educación le quitó el reconocimiento oficial a la Universidad de la República, desde entonces la institución ha tenido un complejo cierro, el que, hasta ahora, no tiene una salida. Actualmente son más de 3.400 alumnos y 600 profesores que tiene esa casa de estudios. (La Tercera)
