Nuevamente con “función doble” (como en las antiguas salas de cine) trabajará hoy la Comisión de Seguridad de la Cámara, a la que asistirá la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para tratar de sacar una de sus iniciativas emblemáticas: la creación de una nueva cartera que asuma la tarea de enfrentar la delincuencia.
Si bien la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública es una iniciativa que viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, fue asumida por la actual administración como una forma de desconcentrar la lucha contra el crimen y separarla del rol de coordinación política y de jefatura de gabinete que le corresponde al Ministerio del Interior.
Para tratar de despachar esta iniciativa a la brevedad, que ya pasó por el Senado y ahora está en segundo trámite constitucional en la Cámara, el gobierno lo calificó con “discusión inmediata” (máximo 6 días para votar un proyecto), lo que ha obligado a la Comisión de Seguridad a sesionar, el miércoles de la semana pasada y hoy, en la mañana y en la tarde. Sin embargo, dada la complejidad técnica del proyecto que crea una nueva orgánica con una reasignación de responsabilidades, la comisión ya no ha cumplido los plazos. Y existe el riesgo de que el proyecto tampoco sea despachado hoy, a pesar de que la apuesta de la ministra Tohá es poder llevar esta iniciativa a la sala, al regreso de la semana distrital, a inicios de mayo.
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Aunque la comisión ya votó todos los artículos que creaban el nuevo ministerio y despejó, en una votación dividida, el aspecto técnico más complejo (cómo será la orgánica regional y cuáles serán sus potestades), todavía queda un punto sensible: cuáles serán las nuevas atribuciones del Ministerio del Interior, al que se le quiere dotar de un mayor poder político, en compensación por el hecho de delegar sus responsabilidades en materia de seguridad y orden público a una nueva cartera.
En circunstancias normales, las nuevas atribuciones que tendrá el Ministerio del Interior no debieran ser materia de conflicto. No obstante, en vista de la cualidad de eventual candidata presidencial de Tohá, en la oposición hay suspicacias en entregarle más poder, ya que sería la actual ministra del Interior la que estrenaría las nuevas potestades.
Por ahora, la propuesta de La Moneda es dejar en forma explícita el rol de “jefe o jefa de gabinete” a cargo de la coordinación y la supervisión estratégica del programa de gobierno. Si bien esto operaba en la práctica, no tenía mayor respaldo legal, por lo que el ministro del Interior siempre dependía del empoderamiento de facto que le daba el Presidente de la República. De hecho, en el pasado, no todos los titulares del Interior han gozado de poder político real.
Si esta reforma se aprueba en los términos que propone La Moneda, Tohá quedaría investida legalmente como la jefa de los otros ministros. Además, si se llega a ratificar la tarea de supervisión estratégica del programa de gobierno, asumiría un rol que tradicionalmente había estado radicado en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el llamado “Segundo Piso” de La Moneda, área de oficinas donde trabajan los asesores del Presidente de la República. En otras palabras, el primer mandatario también cedería una labor que delega a un influyente equipo.
Para reforzar esa misión estratégica, el gobierno plantea que las divisiones de Coordinación Interministerial y de Estudios, que hoy están en manos de la Segpres y a cargo de Rodrigo Echecopar (RD) y Javiera Ascencio (RD), respectivamente, se eliminen para ser traspasadas íntegramente a Interior.
La creación del nuevo Ministerio de Seguridad no será la única iniciativa a la que tendrá que abocarse Tohá este día. Por la tarde, en un hecho inusual, la Cámara y el Senado estarán debatiendo dos reformas paralelas para regular las nuevas reglas de uso de la fuerza (RUF).
Ambos proyectos establecen un protocolo de cómo los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las policías deben reaccionar y actuar ante agresiones o la comisión de un delito, en tareas de orden público, seguridad o persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento.
Sin embargo, la discusión de esta iniciativa se ha ido enredando por varias consideraciones técnicas y también ideológicas, por ejemplo, cuando La Moneda propuso establecer recomendaciones para diferenciar el trato que deben dar los militares y los policías a grupos “vulnerables”, como migrantes y diversidades sexuales.
Si bien Tohá accedió a corregir la redacción de la iniciativa que está en la Cámara para centrar ese trato diferenciado en niños, ancianos y mujeres y limitarlo a una fase de comunicación (a la hora de hacer advertencias antes de usar armamento), han surgido otros reparos, por ejemplo, por la definición de qué es un arma letal o el uso letal de un arma.
En el Senado, en tanto, donde la oposición tiene mayoría, la dificultad es otra. Aunque La Moneda está apostando a sacar el proyecto que se tramita en la Cámara, los senadores de derecha se niegan a renunciar a sus facultades legislativas y se niegan a esperar el proyecto que evacuará la otra rama del Congreso. Esta iniciativa está lista para ser votada en la sala del Senado y uno de los desafíos de Tohá será tratar de empalmar ambas reformas sin herir susceptibilidades de senadores y diputados. (La Tercera)
