La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general este viernes la ley que establece Reglas para el Uso de la Fuerza, más conocida como RUF, excluyendo el artículo 17° por reserva constitucional y que guarda relación con los tribunales militares. La iniciativa fue respaldada por el voto favorable de 144 diputados presentes en el hemiciclo.
Posteriormente, la corporación declaró inadmisible el artículo que establecía los tribunales militares en causas que tengan relación con el uso de la fuerza.
La indicación había sido presentada por el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) más integrantes de la bancada del Partido Republicano y que estipulaba «que los delitos imputados a militares, en acto de servicio militar, en cumplimiento de sus labores, o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los Tribunales señalados en el artículo 1° del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares».
Lo anterior, consideraba a miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas. No obstante, fue declarado inadmisible tras una moción de la mesa directiva de la Cámara. Así, en su votación particular, fue rechazada con 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención.
Durante la sesión, se dieron acaloradas intervenciones, una de ellas la del diputado Andrés Longton (UDI):»La ministra del Interior decía que esto era un proyecto razonable hasta antes de su votación. Déjeme aclararle una cosa, presidenta. Lo que menos tenía este proyecto era irrazonable. Lo que hacía era plasmar en un proyecto de ley todo el sesgo o todo el prejuicio que existe contra las Fuerzas Armadas y nuestra Policía. Lo que es razonable es que nuestras policías y fuerzas armadas tengan todas las garantías para resguardar el orden público. Porque quienes protegen nuestra vida, lo mínimo que se merecen es que nosotros resguardemos la suya».
En otro término, el diputado Andrés Jouannet indicó: «Suecia recurre al ejército para detener la ola de asesinatos. Suecia la cuarta democracia en el mundo, cuando nosotros estamos en el 20. En el mundo tiene hoy otra dirección, porque cuando hoy se viaja a Italia, en el aeropuerto hay militares. Porque los militares de hoy no son los militares de la dictadura ni de la derecha. Los militares de hoy día han demostrado tener convicciones que se apegan a la ley, así han funcionado. El problema, es que normalizamos la violencia. Los militares no actuarán si no tienen las garantías para hacerlo. Eso estuvimos haciéndolo el otro día y por eso planteamos la figura de la Justicia militar».
En tanto, la diputada oficialista, Maite Orsini señaló: «La regulación legal del uso de la fuerza es una antigua deuda en nuestra legislación. Desde hace años el INDH, organismos internacionales e incluso las mismas fuerzas armadas vienen insistiendo en la necesidad de que esto sea ley, porque con estas reglas se otorga certezas a las policías en su actuar y también protección a los ciudadanos. Lamentablemente, Presidenta, el proyecto que presentó el Ejecutivo, un buen proyecto presentado por el Ejecutivo, terminó convirtiéndose en una regulación sumamente peligrosa para la democracia y para nuestras instituciones».
Mientras que el diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo: «Nos están invitando a ser parte de un circo que quieren crear para seguir socavando la institucionalidad de nuestro país. Porque así como el diputado que me antecedió en la palabra (Sergio Bobadilla) intenta transformar en un circo pobre este Congreso Nacional, otros ayer acusaban a los tribunales de justicia intentando socavar la institucionalidad de nuestro Poder Judicial. Otros acusan al Ministerio Público que ha desarrollado una tremenda función en términos de persecución penal. Entonces, cuando nos invitan a una discusión falsa de quiénes son partidarios de la seguridad y quiénes no, y desarrollan ese tipo de discursos de odio, de hipocresía, de irresponsables, populistas e ignorantes, creo que nada avanza».
MINISTRO CORDERO: «UN RETROCESO»
El ministro de Justicia, Luis Cordero, ahondó en los argumentos del Gobierno para oponerse a la indicación aprobada este jueves en la tramitación del proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que deriva a la justicia militar delitos cometidos por uniformados. En conversación con EmolTV, el secretario de Estado señaló que la moción «es compleja porque es un gran retroceso en el sistema institucional».
«Esta fuera de toda discusión, por cierto, que nosotros tenemos que dictar RUF», acotó. Sin embargo, reparó que «cuando se involucra a la justicia militar, se distorsiona en parte el sistema, porque ya no estamos hablando de RUF, sino que estamos hablando de otro debate, que es la jurisdicción o el fuero penal en este tipo de asuntos».
En esa línea, explicó que «las razones por las cuales puede intervenir la justicia militar son cualificadas. Habitualmente tienen que ver con delitos militares, no con delitos comunes. En el caso de tiempos de guerra eso es evidente. En el caso de tiempos de paz, en el caso de delitos comunes que puede intervenir, lo que establece la legislación, es que son aquellos casos que ocurren dentro de un establecimiento militar o respecto de recursos militares».
«Además hay otra particularidad», añadió, «la justicia militar tiene un sistema de organización que no garantiza imparcialidad e independencia». «Opera sobre la base de miembros de las FF.AA. que no tienen inamovilidad judicial. Entonces, descansa en un sistema extremadamente frágil, tan frágil que durante largos años los especialistas de todas las tendencias políticas han estado de acuerdo en que es un ámbito que hay que reformar», sostuvo.
Por estas consideraciones, Cordero señaló que entregarle competencia a la justicia militar, «en rigor es dar un privilegio respecto del cual el país había venido corrigiendo en los últimos años».
Ahondando en la posible desconfianza que parlamentarios tendrían en la justicia civil para juzgar actos cometidos por uniformados, el titular de Justicia advirtió que «si ese fuera el argumento, el contraargumento es el peor de los mundos».
«El diseño de la justicia militar está construido sobre la parcialidad: son funcionarios de los cuerpos militares sujetos a la estructura del mando que no tienen la independencia sobre la cual está construido el sistema judicial», expuso.
Y agregó: «De acuerdo a la legislación vigente, el único caso donde la justicia militar entra al conocimiento de delitos comunes, es en estado de guerra. De ese cambio de dimensión estamos hablando». (Emol)
