La degradación de los liceos emblemáticos es probablemente uno de los dolores más sentidos para Chile. Emblemas del mérito y el reconocimiento al esfuerzo han pasado por las aulas del Instituto Nacional durante 200 años, y un siglo por las del Liceo de Aplicación y el Barros Arana, al menos veinte presidentes de la República, más de treinta premios nacionales y generaciones de alumnos de diversos orígenes sociales, que han dejado huella en la política, la medicina, las ciencias, la cultura, etc.
Primero fueron los paros, hábilmente respaldados por el Colegio de Profesores y por las más diversas causas: la Constitución, el pase escolar, demandas por mejor infraestructura, etcétera.
Luego vinieron las tomas y la legitimidad que les dio la izquierda, como una forma más de protesta social. Les siguió en esa cadena de degradación la pérdida de respeto y el debilitamiento de la autoridad de rectores y profesores.
Mientras el debate por la educación pública se tomaba las calles, la agenda legislativa y las redes sociales, la etapa siguiente fue más al fondo. Se desacreditó la selección en los liceos emblemáticos, cuyo fin era darles a buenos alumnos de familias vulnerables la oportunidad de acceder a un estándar educacional exigente, que les asegurara una matrícula en la educación superior. Luego vino la arremetida contra la evaluación docente, el Simce, las notas e incluso las tareas. Progresivamente se fueron desarraigando de la cultura escolar el rigor académico, la exigencia y el valor de las normas, como parte de la formación integral.
La violencia dentro y en los alrededores de los liceos emblemáticos no es reciente, ni surgió inesperadamente. Fue noticia, pero nos olvidamos rápido, cuando en el año 2014 representantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron invitados por alumnos del Instituto Nacional a dar una charla sobre “la política de la rebelión popular de masas”. Los alumnos convocantes se ampararon en su “libertad de expresión” y es probable que la charla se extendiera a otros colegios, sin que nadie se inmutara.
Pocos años después irrumpieron los overoles blancos y nos acostumbramos a ver en los noticieros prime a prácticamente niños lanzando molotov; destruyendo bibliotecas, muebles y laboratorios; proclamando consignas frente a las cámaras de televisión, y a profesores y rectores denunciando humillaciones en patota y amenazas. La consagración fue el lamentable protagonismo de una generación que, en octubre de 2019, irrumpía en las estaciones del metro para saltarse los torniquetes, en lo que el Presidente Boric calificó entonces de una expresión de “desobediencia civil”, frente a la desigualdad.
Es una buena noticia que la ministra Siches distinga hoy entre protesta social y vandalismo y condene la quema de un bus con pasajeros a bordo. La mala noticia sigue siendo la misma: un gobierno que no quiere o no se atreve a pasar la frontera de la retórica. La ministra del Interior le adjudica la violencia estudiantil a la “complejidad de la adolescencia”; y el ministro de Educación va incluso más lejos y no solo desecha la posibilidad de que la Ley Aula Segura restrinja beneficios a quienes participen en conductas delictivas, sino que deroga de facto la ley vigente, porque a su juicio “no tuvo mucho sentido ni en su minuto ni creo que hoy día”.
Tenemos un problema severo cuando quienes están al mando invocan la adolescencia, los déficits de infraestructura, las raciones del almuerzo o las sensibilidades pospandemia de las comunidades escolares para explicar la violencia pura y dura. Y estamos en un zapato chino cuando la máxima autoridad de la Educación en Chile se da vueltas entre eufemismos e inocentes diálogos con padres y apoderados, mientras un pequeño pero poderoso y destructivo grupo de alumnos mantiene secuestrada la libertad y el derecho a estudiar de varios miles que quieren y necesitan imperiosamente avanzar en su año escolar.
Todavía estamos a tiempo de resucitar el espíritu más noble de los liceos emblemáticos. Exigirá años y mucho esfuerzo, pero antes de eso, el primer paso es voluntad. El segundo: aplicar la ley. (El Mercurio)
Isabel Plá
