“Entendemos (señor juez) que continuar con el monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar Larraín resulta fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”. Así, la Fiscalía Centro Norte solicitaba al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago seguir escuchando las conversaciones del presidente del Senado, dado que es indagado por sus vínculos con el empresario Alvaro Jofré Cabezas, quien ingresó con 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio.
Estos antecedentes están en un oficio, al que accedió La Tercera, enviado por el fiscal Marcelo Carrasco el 9 de noviembre, en el que piden extender la interceptación telefónica por otros 15 días. En éste se relata que el caso comenzó a ser investigado el 16 de junio tras una denuncia de la PDI. Se relata que los inmigrantes entraron con visa de turista y Jofré “manifiesta a las autoridades de control migratorio que son sus invitados y proveedores y que se alojarán en el Hotel Plaza San Francisco”, dice el documento.
La fiscalía relata que tras la primera interceptación del teléfono de Jofré, fue necesario ampliarla a otros números telefónicos a raíz del tenor de las conversaciones y porque “además, se jactaba de tener amistad con gente del gobierno. Así, el imputado tomó contacto con Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando el cargo de Primer Secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai”.
El fiscal Carrasco detalla que se estableció también que Jofré “se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”. Incluso, la fiscalía indica que Jofré fue visto el 26 de octubre saliendo del ex Congreso en Santiago, tal como lo había anunciado en sus conversaciones con otra de las imputadas. “Después de salir del Congreso se comunicó con Diego Rivera y le relató extensamente los detalles de su entrevista con el senador Zaldívar”.
Luego, el Ministerio Público, para argumentar su petición de extender la medida intrusiva, entregó una serie de escuchas. En ellas, el senador habla sobre una terna para jueces para el Tribunal oral de Talca y menciona que le envió un correo electrónico al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. Además, también hay un llamado del director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien relata a Zaldívar, según el informe de la fiscalía, una gestión que hizo respecto de un funcionario policial. Además, el fiscal planteó que extender la interceptación Jofré iba a viajar a China el 12 de noviembre, por lo que ese viaje podría tener como objetivo obtener las visas.
REACCIONES
Al ser consultado, Alvaro Jofré señaló que “pertenezco a la agencia China Chile Connection, llevamos mucho tiempo en la gestión de inversionistas chinos que llegan a Chile. Han llegado a invertir desde un centro comercial hasta la exportación de cerezas y vinos”.
Consultado por qué pidió gestionar las visas a autoridades dijo que “cuando uno empieza a gestionar muchas visas, nosotros tenemos un problema de tiempo. A mí una empresa China va y me dice: Álvaro usted nos podría gestionar la visita de nuestra delegación a Chile porque queremos reunirnos con una empresa de los grupos de acero, por ejemplo, y yo les digo que ningún problema. Eso es algo que hacemos y cobramos por eso. Ellos nos envían la información a Chile y ellos la presentan en el consulado, donde yo tengo una petición desde julio a la fecha y me dicen que hay una investigación, un tema de tráfico de personas”.
En relación a las conversaciones con Zaldívar, dijo que “lo que hago es decir, senador quiero hacerle una consulta ¿a quién le puedo preguntar por las visas, quien es la persona idónea? Yo hice una consulta por Ley de Transparencia y me dan una respuesta estúpidamente correcta: ‘estamos en el tiempo para darle una respuesta’. ¿Usted cree que un empresario chino va a estar cinco meses esperando que le den las visas?”. Además, descartó las imputaciones de la fiscalía y rechazó haber cometido delito.
Respecto del correo enviado por el senador, el subsecretario Mena señaló que “yo no nombro ninguna terna. No recuerdo si me habrá sugerido algo en particular. A mí me pueden llamar para sugerirme algo o para recomendarme alguna persona o que efectivamente hay alguien que está en alguna terna y que tiene una buena evaluación, pero esa es un sugerencia”. Consultado si es que es regular que un senador le mande una terna y después lo llame, dijo que “no recuerdo el caso puntual. Ninguna designación del Ministerio de Justicia sale con mi firma (..) ni siquiera se nombró a la persona que recomendó Andrés Zaldívar”.
En tanto, Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, manifestó que “esta persona (Jofré) tomó contacto conmigo invocando el conocimiento que tenía de un conocido mío (..) Me reuní con él, me planteó su tema y le dije que era una cuestión que yo no manejaba porque su problema no era jurídico sino que él estaba pidiendo gestiones específicas que no hacía en mi campo profesional para sacar las visas de los ciudadanos chinos. Yo no hago ese tipo de cosas y le recomendé judicializar su situación”.
La conversación por la terna para juez oral de Talca
En el documento se da cuenta de llamados realizados el 31 de octubre y el 6 de noviembre entre el senador DC Andrés Zaldívar, una persona identificada como secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, Juan Pablo Nadeau, y el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.
Funcionario judicial
“Andrés Zaldívar recibe un llamado telefónico de un sujeto de sexo masculino, quien se identifica como ‘Juan Pablo Nadeau’, quien luego de saludar le manifiesta que le envió vía correo electrónico los datos de la terna, agregando que el oficio se fue al Ministerio (…) Zaldívar Larraín asiente y señala que verá el tema, a lo que Nadeau le explica que es la terna para Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, Zaldívar asiente (…) Nadeau le agradece su apoyo y ayuda (…) le señala a Zaldívar que puede contar con él para lo que necesite”.
Llamada a Mena
El informe da cuenta de que ese mismo día, el 31 de octubre, llamó a la Subsecretaría de Justicia para contactar a (Nicolás)Mena, pero no estaba. El 6 de noviembre “Andrés Zaldívar recibe un llamado de ‘Nicolás’ (la PDI vinculó el número a Mena), a quien luego de saludar le indica que le envió a su e-mail personal una terna para que la revise, porque le avisó a la secretaria que este se lo iba a enviar. Nicolás responde que lo va a ver y además le pregunta cómo le ha ido y quién siente que está compitiendo con él, manifestando que él cree que sacará un 8% o un 10% en el Maule, luego se despiden y finaliza la llamada”.
Llamada del director de la PDI, Héctor Espinosa
También hay otra llamada del senador. Esta vez en relación con un efectivo policial. Esa llamada fue efectuada por un NN desde la Municipalidad de Río Claro. La otra la hizo al día siguiente el director general de la PDI, Héctor Espinosa.
5 de noviembre
“Zaldívar recibe un llamado de un NN, quien le comenta si se recuerda que lo llamó por un niño policía, respondiéndole este que sí se recuerda y que habló con el Director de Investigaciones. El hombre le señala que se definió el viernes y por la información que le estaba llegando al policía, al día siguiente se definía y lo más probable es que le iban a dar de baja. Zaldívar indica que llamará al director, porque este le había dicho que se iba a preocupar especialmente (…) pidiéndole que le envíe los antecedentes por WhatsApp o por e-mail, porque él se lo envió al Director y no lo tiene registrado”.
6 de noviembre
“Zaldívar recibe un llamado de Héctor Espinosa, Director de la PDI, a quien le comenta que estaba preocupado por la persona que le había hablado, un inspector de allá, a lo que Espinosa Valenzuela le responde que el inspector es de apellido Barramuño y le señala que éste se encontraba en Lista 3 y en la cuota anual de retiro, logrando solo sacarlo de la cuota anual de retiro, por lo que quedará condicional, solicitándole que no le cuente a nadie aún, porque lo van a notificar por la vía que corresponda. Además, le señala que la otra persona, que se quería ir a Cauquenes, está más complicado porque lo sancionaron, pero que de todas formas está cerca. Zaldívar Larraín le dice que al otro lo deje ahí no más, que no se preocupe”.
REACCIÓN DE ZALDÍVAR
En conversación con La Tercera, el senador rechazó de plano las acusaciones en su contra. «No tengo nada que ver con cohecho o tráfico de inmigrantes, nunca le he pagado a nadie ni tampoco he recibido platas de otras personas», señaló.
Bajo esa misma línea, el presidente del Senado lanzó una dura crítica a la fiscalía. «Me parece extraño que revisen e intercepten mis teléfonos, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y aquí no fue respetada«, apuntó.
Yo tengo una vida limpia. He entregado todos los años de mi vida a la función pública. Tengo mis manos limpias”. Con esta frase, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se refirió a la publicación de La Tercera que reveló este miércoles que está siendo indagado como imputado en un caso de cohecho y tráfico de migrantes.
En un punto de prensa, el legislador relató que ayer fue contactado por el periodista Felipe Díaz, pero que no tenía conocimiento de la investigación. “No estoy enjuiciado, formalizado ni imputado”, enfatizó, y agregó: “Yo no soy traficante de influencias ni de personas”.
El presidente del Senado confirmó las gestiones que fueron descritas por La Tercera respecto a acelerar el ingreso de 32 ciudadanos chinos al país, a pedido del empresario Álvaro Jofré Cabezas, pero negó haber cometido un delito.
Lo mismo respondió frente a la conversación del legislador con Juan Pablo Nadeau, secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, por la terna para elegir al juez oral de Talca. En este caso, el senador agregó a la prensa de que la persona ni siquiera fue elegida para el cargo.
QUERELLA POR FILTRACIÓN
Zaldívar anunció que preparará una querella por la filtración y dijo sentirse “perseguido” por la Fiscalía, porque se le habría hecho “una investigación que no corresponde”.
“Me haré parte en la investigación penal y solicitaré copia de los antecedentes con el fin de ejercer mi defensa y demostrar que las imputaciones que se me dirigen son absurdas y sin ningún fundamento”, sostuvo el senador.
El legislador apuntó a la filtración de la investigación, la que aseguró “constituye una infracción administrativa de las reglas de los fiscales que deben cumplir, sino también ante un delito, establecido en el artículo 246 del Código Penal, por la revelación de secretos que se encuentran en poder de un funcionario público y que ellos tienen como deber no publicar”.
En este sentido, anunció que prepara las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
Y anunció una querella contra quien “realizó dicho delito” y que hará todas las acciones necesarias para “rechazar las imputaciones injuriosas que se hacen contra mi persona”.
“No es aceptable que los fiscales o funcionarios del Ministerio Público sigan incurriendo una y otra vez en este tipo de conductas, sin que ellas resulten sancionadas”, insitió Zaldívar.
Con 81 años, Zaldívar es el legislador más experimentado del Congreso y pondrá fin a su trayectoria política en 2018, pues fue derrotado en las elecciones del domingo.
FISCAL MONTES
El fiscal regional de la zona metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, sin entrar en detalles, aclaró que esta indagatoria encabezada por el fiscal Marcelo Carrasco no está relacionado con ningún conflicto vivido entre el presidente del Senado con el Ministerio Público, al ser consultado sobre la polémica en la que se vio envuelto Zaldívar y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, debido a la petición del Ministerio Público de documentos relacionados con asesorías externas de todos los senadores
Montes indicó que “niego categóricamente que sea consecuencia de otra situación (…) si el señor fiscal solicitó una diligencia en tribunales es porque tiene antecedentes”.
“Se trata de una investigación desformalizada vigente y no se ha judicializado de ninguna forma la imputación”, explicó.
Sin embargo, más antecedentes de la indagatoria no quiso entregar, debido a que se encuentra con carácter de reservada. Es por esto mismo que anunció el inicio de una investigación por oficio realizada por la fiscal Ximena Chong, por la publicación de la causa en el portal web del Poder Judicial.
El fiscal Marcelo Carrasco pidió alargar por 15 días la interceptación telefónica del parlamentario que es indagado por su relación con el empresario Alvaro Jofré Cabezas.
CANCILLERÍA
La Cancillería, por su aprte, confirmó que el parlamentario solicitó información sobre un grupo de ciudadanos chinos que gestionaban sus visas.
“En octubre pasado, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, contactó al Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, Embajador Carlos Appelgren, para solicitar información sobre un grupo de 23 ciudadanos chinos que solicitaron visas para viajar a nuestro país. Esas visas fueron denegadas por no cumplir con los requisitos, lo que fue informado oportunamente a los solicitantes a través de los canales correspondientes, y al mencionado senador”, señaló la Cancillería a través de una declaración pública.
Asimismo indicó que “el proceso de entrega visas que son competencia de la Cancillería responde a protocolos y controles establecidos, que están a cargo de la Dirección de Política Consular. Los elementos que se consideran para otorgar o denegar esta autorización incluyen el propósito del viaje del interesado, los antecedentes entregados, la solvencia económica, así como los antecedentes policiales y eventualmente penales del solicitante. Este proceso se realiza en coordinación con otras instituciones del Estado”.
El presidente (S) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, informó hoy que solicitó al 7º Juzgado de Garantía un informe sobre la tramitación de una causa penal desformalizada en que se menciona al senador Andrés Zaldívar.
El oficio del presidente Pfeiffer pide información al 7º Juzgado de Garantía, al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Fiscalía Centro Norte.
Según una denuncia del Ministerio Público, la causa tenía carácter de reserva, pero por razones que se deben investigar una solicitud de la misma pudo ser vista desde el portal de tramitación judicial.
Además, durante esta jornada, la jueza presidenta del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, instruyó un sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades.
MINISTRO DE JUSTICIA
El ministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró estar «sorprendido» «porque todavía no logro comprender qué tiene que ver la investigación que supuestamente está haciendo la fiscalía con la referencia que se hace del Ministerio de Justicia. Están sumando peras con manzanas y esa es mi mayor sorpresa», expresó.
Campos añadió que también le sorprende el hecho de que «a un senador de la República y a un presidente del Senado, alguien haya ordenado la intervención de su teléfono”.
Sobre la comunicación de Mena con Zaldívar por la terna para el citado tribunal, la autoridad manifestó que “yo lo único que sé, y por eso es que me sorprende los niveles de confusión, es que los jueces de la República los nombra el ministro de Justicia, ninguna otra autoridad del ministerio”.
En ese sentido, descartó que exista algún tipo de tráfico de influencias de parte del senador, que no fue reelecto por la región del Maule en los comicios del domingo. «¿Qué tráfico de influencias va a haber?. Ahora, sí hay gente que llama, que sugiere, que recomienda, que aconseja, es lo más normal. Que tenemos un diálogo muy fluido con las otras autoridades del Estado, en especial con el mundo parlamentario, por supuesto que eso es así, pero eso no quiere decir que hay tráfico de influencias», recalcó, agregando que «al final soy yo el que resuelve caso a caso las distintas ternas y eso lo resuelvo en conciencia y sin recibir presiones de ninguna naturaleza, entonces creo que están haciendo una tormenta en un vaso de agua», finalizó.
FALLA EN PROTOCOLO DE PUBLICACIÓN
La noticia generó el inicio de una investigación sumaria al interior del Séptimo Juzgado de Garantía -donde está radicada la causa llevada adelante por el fiscal Marcelo Carrasco-, así como también que la Corte de Apelaciones de Santiago pidiera un informe a dicho juzgado y al Ministerio Público.
Éste último ente, por su parte, inició una investigación penal de oficio para determinar cómo una causa que es reservada fue a parar al sitio web del Poder Judicial.
Respecto de este punto fuentes judiciales señalaron a Emol, que el error habría surgido al momento del ingreso de la causa al sistema electrónico. Es decir que desde la fiscalía no se habría indicado que se trataba de una causa reservada a la hora del inicio de los trámites.
Trascendió que la investigación fue ingresada al sistema electrónico del Poder Judicial el pasado 9 de noviembre, pero sin que se haya hecho «click» en el botón que indica que la causa tiene reserva, acción que según se informó a este medio, compete sólo al Ministerio Público.
Lo anterior, habría permitido que el matutino haya podido acceder a los detalles de las diligencias decretadas por Carrasco en la causa.
Así, sólo este miércoles y tras la aparición de la nota periodística, se habría hecho la señalada acción y ahora sí la investigación tiene carácter de reservada. Estos antecedentes deben ser corroborados por la investigación de oficio que anunció el fiscal regional Centro-Norte, Andrés Montes.
PETICIÓN DE APOYO DE PIZARRO
El senador Jorge Pizarro pidió hoy durante la tarde la unanimidad de la Cámara del Senado para apoyar legalmente al senador Andrés Zaldívar. Al respecto, el senador indicó que la mesa debía “tomar cartas en el asunto” y así “llevar adelante las acciones legales que correspondan como senador de la República frente al agravio y la situación inconcebible en que ha sido expuesta su persona”.
“Por supuesto que no lo va a hacer usted presidente”, indicó durante la sesión. “Lo tiene que hacer el vicepresidente con el respaldo de todo el comité para patrocinar estas acciones y exigir al señor Fiscal Nacional que termine de una vez por todas – o determine mas bien – las responsabilidades de las filtraciones reiteradas que dejan en la indefensión a los ciudadanos de este país, condenándolos públicamente sin tener antes la posibilidad de una defensa adecuada”.
Al respecto, indicó que las filtraciones eran una situación reiterada, y si bien “un señor fiscal regional había planteado un sumario interno”, eso no era suficiente con la situación anterior. “La opinión pública tiene derecho a saber donde están las responsabilidades”, agregó.
SENADORES APRUEBAN ACCIONES LEGALES
Apelando la gravedad de que se haya filtrado la investigación los senadores se cuadraron con el presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, y acordaron presentar acciones legales «para esclarecer dichas filtraciones que vulneran de manera grave los derechos de la segunda autoridad de la República».
Al inicio de la sesión de Sala, los senadores Jorge Pizarro (DC), Víctor Pérez (UDI), Rabindranath Quinteros (PS) Felipe Harboe (PPD), Francisco Chahuán (RN), Andrés Allamand (RN) y Alejandro Navarro (País), en representación de sus respectivos comités coincidieron en rechazar estos «hechos graves que atentan contra la democracia y sus instituciones» y muchos calificaron de «infames» en contra de la honra del senador Zaldivar, así como su familia y la propia institución.
Los legisladores enfatizaron en que la acción no se trata de una «defensa corporativa» y llamaron al fiscal Nacional, Jorge Abbott, a pronunciarse sobre la supuesta filtración a la prensa sde la investigación que recae sobre el parlamentario DC la que incluye intercepciones telefónicas.
«Estos episodios de filtraciones se han hecho recurrentes de parte de la Fiscalía y se han transformado, no solo en una forma de litigar, sino también para dañar en forma irreparable a personas e instituciones», coincidieron en su exposición los parlamentarios. (La Tercera-ADN-Emol)
