La ley parece ser que rige sólo para algunos, definitivamente no para todos. Habiendo un fallo judicial que obligaba a desalojar la toma de San Antonio, su cumplimiento se dilató por parte de la administración actual y hoy, el Ejecutivo ordena “exprópiese”. No se cumplirá la ley. Quienes robaron terrenos, porque es robo, serán recompensados y los dueños no recibirán el pago de mercado, sino el “justo precio” establecido por el “todopoderoso” Estado.
No se llegó a acuerdo con los propietarios de los terrenos para la compra, por lo que ahora el Estado pagará menos de lo que éstos querían. Otro robo vestido de “justicia social”. Esto se agrava con la constatación que ahí hay mafias que urbanizan y venden terrenos que no les pertenecen, por lo que esta acción gubernamental valida el “crimen organizado” y se escuda en frases simples y emocionales como “ahí hay niños”.
Esta situación fue ensalzada en el debate presidencial de la Archi, donde José Antonio Kast acusó al gobierno de usar el caso de la megatoma como una “estrategia dilatoria” para evitar el cumplimiento de un fallo judicial firme que ordenaba el desalojo del lugar. Esta acción claramente contraviene el principio de acatar las decisiones del Poder Judicial en tiempo y forma. Ante esta situación y varias más tocadas en el debate, el candidato republicano enfatizó: “Nosotros vamos a cumplir los fallos judiciales y vamos a aplicar la ley”. Esto que es evidente, es necesario aclararlo y reafirmarlo ya que en muchos casos se cuestionan los fallos, no se cumplen y tampoco se aplica la ley. No faltan leyes, de hecho, sobran, solo hay que aplicarlas.
En el caso de los “indultos presidenciales”, donde el Presidente Gabriel Boric otorgó indultos a 13 personas condenadas por delitos relacionados con el llamado “estallido social” de 2019 hubo controversia y crítica desde la misma Corte Suprema y la oposición. Estas críticas no se limitaron al hecho de indultar y favorecer con pensiones de gracia a criminales, facultad que tiene el Presidente, sino a las declaraciones del mandatario en relación con el juicio de uno de los indultados. Cuestionó el fallo judicial, lo que fue calificado como “intromisión ilegítima” en la autonomía del sistema de justicia. Esta intervención no ha sido la única, de hecho, la Corte Suprema ha amonestado públicamente al Presidente por sus dichos en diversas ocasiones en las que se ha “saltado” la separación de poderes del Estado.
En relación con el incumplimiento de la Ley de Migración (Ley 21.325), el actual gobierno de Chile ha cursado un muy bajo número de expulsiones de extranjeros irregulares o con antecedentes penales que se contrasta con los gobiernos anteriores. Hay ley que faculta, pero no se cumple porque no hay voluntad política. Estos que son temas que sí le preocupan a la población, son calificados por la candidata comunista en el debate de ayer como “oportunismo político” enfatizando: “No me parece que la inmigración se utilice como un tema de campaña electoral”. La pregunta es si un tema que le preocupa a la ciudadanía puede no tocarse en campaña electoral. Implicaría no tener los pies en la tierra. Ella afirma eso porque es algo que le incomoda y porque deja en evidencia que es la continuidad de quienes no aplican la ley por visiones ideológicas.
El no cumplimiento de la ley se hace evidente en los escandalosos casos de ProCultura y Democracia Viva. El escándalo de traspasos de dineros públicos en forma directa a supuestas “fundaciones” que eran solo “pantalla” de financiamiento político. Ahí las influencias han trancado la labor de la justicia. Nadie ha devuelto la plata, cambiaron al fiscal cuando justamente iba a actuar. No se ha permitido el levantamiento del secreto bancario para el caso del señor Larraín. Un trámite que es simple y que en menos de un día un juez autoriza en casos sospechosos, acá no se otorga, aunque la sospecha es inmensa y las pruebas contundentes. La pregunta es ¿por qué? Tal vez toca de cerca a algunos, o a muchos. Claramente hay un manejo desde el ejecutivo al poder judicial que no corresponde y que es altamente antidemocrático, ya que no respeta la Separación de Poderes y los contrapesos. Lo curioso es que los que defienden el levantamiento absoluto del secreto bancario para todos, no lo quieren para ellos. No es sólo el caso ProCultura, la misma diputada Karol Cariola, comunista, evitó que le revisaran las cuentas. Otra vez no respetó la separación de poderes.
Esto es lo que se debe acabar en Chile. La ley se debe cumplir y los delitos se deben castigar. Robar es siempre malo y quien robe, sea quien sea, del partido que sea, debe pagar con cárcel y devolver lo robado. Chile ha demostrado ser muy corrupto y para terminar con la corrupción debe aplicarse la ley y respetarla. Sin ese mínimo, la corrupción entra por las venas y genera una infección sistémica. Exigir cumplir la ley es el mínimo. Ya que no se cree en la moral racional, entonces es la ley lo que queda. Si eso no se aplica, ni respeta, se pierde toda posibilidad civilizatoria. El caso de San Antonio es simplemente inmoral, impresentable e ilegal. No se cumplió la ley. (La Tercera)
Magdalena Merbilháa
Historiadora y periodista.
