Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó -en primer trámite- un proyecto de ley que busca establecer sanciones a quienes no sufraguen en las elecciones, pero paradójicamente, sin sanción alguna. Ahora el asunto pasó al Senado, el que probablemente corregirá el vacío, pero eso no resuelve el problema: al menos, el proyecto deberá volver a la Cámara en tercer trámite, y es posible que se deba recurrir a la Comisión Mixta, lo que puede entrampar un proyecto que corre contra el tiempo: para ser efectiva en estas elecciones, la ley debe ser aprobada por el Congreso, pasar por el Tribunal Constitucional y estar publicada durante la primera quincena de noviembre.
Retrocedamos un poco, para dar algo de contexto. Esta discusión es la segunda parte de una reforma constitucional aprobada hace un par de años, que reinstaló el voto obligatorio, aunque con algunas diferencias al modelo antiguo, que rigió hasta 2012: en aquel año, se instauró el voto voluntario, y la inscripción voluntaria en el registro electoral (Ley 20.568). Desde 2023 (Ley 21.524), en cambio, el voto es obligatorio para todos los habilitados para votar, ya que la inscripción ahora es automática. El punto es que esa misma reforma constitucional no zanjó cuánto sería la multa, sino que terminó por señalar que: “Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber (…)”, lo que estamos discutiendo por estas días.
Debo reconocer que he sido -y sigo siendo- un defensor del voto voluntario. Lo he dicho en público y hasta he escrito más de alguna columna al respecto. Pero tengo más que claro que perdí la batalla, y que mi visión es minoritaria: La Constitución, que yo como cualquier ciudadano estoy obligado a respetar, establece voto obligatorio. Y no es admisible que intentemos hacerle trampa por medio de una norma inferior, como es la ley.
Por eso es sumamente preocupante que la Cámara haya despachado este proyecto sin sanción. Primero, porque es derechamente inconstitucional: la Carta Fundamental no deja espacio para interpretaciones. Repito la misma frase, por si hay alguna duda: “Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber (…)”. Es decir, el proyecto de ley discutido por estos días no tiene por finalidad discutir si sería conveniente una multa o no, sino para resolver a cuánto debería ascender la misma.
Además de lo anterior, es neurálgica la actitud de los que votaron en contra de la multa, porque intenta borrar con el codo algo que ya se escribió con la mano. Es decir, busca convertir la citada reforma constitucional en “una mula”, como se dice peyorativamente a las cosas falseadas o que no funcionan. Y eso es nocivo, pues genera incertidumbre legislativa, y esconde una disimulada forma de populismo.
Hay, con todo, un último punto de preocupación: la votación fue completamente ideológica. Todos los que se opusieron a la multa fueron parlamentarios del oficialismo, justo cuando su candidata presidencial no lidera en las encuestas y, según algunos estudios de opinión, pierde fuerza entre los llamados “votantes obligados”: aquellos que sólo acudirían a las urnas por temor a la sanción. ¿Mera coincidencia? Al menos plantear la interrogante parece algo incómodo.
No se trata de acusar a nadie con nombre y apellido, pero cuesta pensar en una vuelta olímpica tan masiva y radical: en 2023, la última votación en la Cámara de la reforma constitucional que estableció el voto obligatorio tuvo 124 votos a favor, muchos de ellos de izquierda; sólo 6 de ellos estuvieron en contra y 3 se abstuvieron. Así, no podemos descartar que muchos de los parlamentarios oficialistas están pensando en una estrategia electoral y no en el mejor modelo para Chile. Y eso es malo para la salud de la democracia, pues tal como decía Otto von Bismarck, el político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación. (El Líbero)
Roberto Munita
