Chile vive un punto de inflexión en materia de seguridad. Los recientes reportajes publicados por CIPER, que revelan cómo el Tren de Aragua opera con impunidad desde las cárceles y cómo las denuncias por extorsión se han multiplicado por diez en apenas cuatro años, son síntomas claros de una crisis institucional frente al crimen organizado. Estos hechos no sólo reflejan la capacidad de adaptación de estas bandas, sino también las graves deficiencias del Estado en su deber de proteger a los ciudadanos.
En este contexto, urge abordar una nueva dimensión de la seguridad: la autogestión. Una herramienta imprescindible cuando las estructuras tradicionales ya no bastan.
En el reportaje publicado por CIPER el pasado 10 de junio, se expone una verdad incómoda: las cárceles chilenas no sólo han fracasado en rehabilitar, sino que en muchos casos se han convertido en centros de operaciones delictivas. Miembros activos del Tren de Aragua, incluso aquellos bajo medidas de máxima seguridad, han tenido acceso a celulares, redes sociales y coordinación de delitos como secuestros y extorsiones.
Esto evidencia un colapso institucional que no puede seguir siendo ignorado. Si el Estado no puede garantizar que sus propias cárceles estén libres de criminalidad, ¿qué podemos esperar en las calles, donde el control es aún más difícil?
En el reportaje que CIPER publicó el 5 de junio, se muestra una estadística que debería encender todas las alarmas: los casos de extorsión han pasado de 31 en 2019 a 322 en 2023. Este fenómeno no es sólo una cifra: es una transformación profunda del paisaje delictual, donde el crimen organizado ya no actúa en las sombras, sino que impone su lógica violenta en barrios, pymes y comunidades.
Se trata de una nueva forma de violencia, más silenciosa pero igual de devastadora que el narcotráfico o el sicariato. El miedo y la incertidumbre se instalan como herramientas de control social.
Frente a este escenario, la autogestión de la seguridad no es una opción; es una necesidad estratégica. Empresas, comunidades y ciudadanos deben asumir un rol más activo, responsable e informado en su propia protección. Esto no significa armarse ni reemplazar al Estado, sino tomar decisiones preventivas basadas en datos, tecnología, redes de colaboración y protocolos claros ante situaciones de riesgo.
Desde soluciones tecnológicas como aplicaciones de alerta temprana y monitoreo colaborativo, hasta capacitación en prevención situacional y respuestas frente a extorsiones, la seguridad debe dejar de ser un asunto exclusivamente estatal para convertirse en una práctica transversal, integral y empoderada. Por ejemplo, el Executive Security de Insight Security es un servicio que ofrece capacitaciones con especialistas muy preparados en toda esta nueva ola de criminalidad que estamos viviendo y que nos prepara para enfrentarnos a esto de una forma preventiva.
El crimen organizado avanza porque es adaptable, disciplinado y funciona como una red. Nuestra respuesta debe ser igualmente flexible, informada y comunitaria. La autogestión de la seguridad es hoy el escudo más efectivo ante un Estado que, lamentablemente, ha demostrado ser permeable frente a las amenazas más complejas del siglo XXI. (Red NP)
Gonzalo Cornejo
CEO de Insight Security
