Desde el ingreso en julio del 2018 por parte del gobierno del proyecto que modernizaba el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este no pudo franquear la primera etapa de su tramitación ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde diversos actores dieron cuenta de la imposibilidad de construir consensos suficientes en torno a la iniciativa.
Los últimos reparos importantes, previos al ingreso de la iniciativa materia de la presente columna, provinieron de la Corte Suprema, que en su informe efectuó varias críticas, en particular al alcance de la participación ciudadana temprana, cuestionando si en dicho proceso quedaba comprendida la consulta previa de los pueblos originarios de conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT. En el mismo sentido, un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó al gobierno llevar a cabo un proceso de consulta indígena durante la tramitación del proyecto de ley, lo que ponía aún más cuesta arriba su viabilidad.
En ese contexto, fue ingresado el nuevo proyecto que busca re impulsar la reforma al SEIA, principal instrumento de gestión ambiental de nuestra institucionalidad, y donde convergen los múltiples intereses que pugnan al tiempo de evaluar un proyecto; por un lado, la demanda por celeridad y certeza para dinamizar las inversiones, y por el otro, los estándares de protección y de justicia ambiental para las comunidades y territorios.
Si bien la iniciativa original declaraba expresamente que uno de sus objetivos era ampliar y mejorar los espacios para la contribución de las comunidades involucradas, contemplando para ello un espacio de participación ciudadana anticipada (PACA), en la nueva propuesta solo se contempla perfeccionar las instancias de participación dentro del sistema, al ampliarlas a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), sin necesidad de acreditar cargas ambientales, cuya definición legal podía prestarse a absurdos, según lo señalado en jurisprudencia de nuestros tribunales.
Esta propuesta es, sin duda, positiva, pero ¿Por qué se deshecha la participación anticipada? Es cierto que su formulación fue objeto de críticas sustantivas (como todo el primer proyecto de reforma) que tenían que ver con la escasa presencia del Estado en su desarrollo y con la falta de asesoría a las comunidades para corregir las asimetrías que se producen en la evaluación de los proyectos estratégicos, al igual que con la falta de claridad respecto a la naturaleza de los “Término de Referencias Ambientales” donde se recogían los resultados de esta colaboración, sin perjuicio de los reparos que provenían desde el sector privado y que apuntaban a su duración y al carácter vinculante de la misma.
Pero también es cierto que parte de la conflictividad y de la judicialización de los proyectos se explica por la ausencia de mejores espacios de participación, que en forma temprana distingan los aspectos sociales y ambientales de los mismos, permitan su mejora, y contribuyan a dar mayor certidumbre jurídica a los titulares. Existen experiencias en este sentido que refuerzan el argumento, tanto desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (acuerdos de pre inversión) como desde los sectores productivos en la construcción de bienes públicos (Valor Minero).
El nuevo proyecto es una buena noticia, por cuanto intenta retomar la iniciativa de reforma al SEIA, conteniendo propuestas positivas, como el reforzamiento de la institucionalidad ambiental regional (desestimando las Macrozonas originales) y la eliminación del Consejo de Ministros como instancia recursiva, para pasar directamente de la calificación a los Tribunales Ambientales.
No obstante ello, me parece que se desaprovecha una importante oportunidad al desestimar la mejora de una instancia de relacionamiento temprano entre proyectos y comunidades, que concrete el principio 10° de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también recogido en el Acuerdo de Escazú, y a la vez profundice el debido acceso de las personas a la toma de decisiones en materia ambiental, dotando a la evaluación ambiental de los proyectos de mayor legitimidad, eficacia, y certidumbre.
La Tercera
