El Gobierno ha decidido enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional con el propósito de abrir la posibilidad de que el Banco Central de Chile compre en el mercado secundario instrumentos emitidos por la Tesorería.
Encuentro que es una decisión lamentable. Uno de los activos de mayor significación para la estabilidad de precios en el país ha sido la prohibición que tiene el Banco Central para adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.
Considero que al abrir la opción de compra de instrumentos de Tesorería se sienta un peligroso precedente que, como ocurre en muchas situaciones, finalmente deteriora la fortaleza institucional. Si hoy día son aquellos transados en el mercado secundario, mañana serán los que financian directamente el déficit fiscal.
Por otra parte, debe destacarse que estamos en un proceso de cambio constitucional en cuyo debate estará la independencia del Banco Central. En esas circunstancias la decisión adoptada genera un cuestionamiento que se abre a diferentes pareceres políticos que pueden concluir en el término de la autonomía e independencia del instituto emisor.
Por último, resulta a lo menos curioso que este mecanismo de financiamiento se establezca en circunstancias en las cuales el Estado puede acudir a financiamientos externos e internos con tasas de interés cercanas a cero. (El Mercurio Cartas)
Carlos F. Cáceres
