La nominación del senador Zaldívar en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, la investigación por el posible mal uso de asignaciones parlamentarias, el aumento de los días de permiso sin goce de sueldo de los diputados son algunos de los temas que en las últimas semanas han tenido en el ojo de la crítica al Congreso.
De acuerdo a la encuesta CEP de abril-mayo del 2017, solo un 6% de los encuestados tiene mucha o bastante confianza en esta relevante institución política, la mitad que en julio del 2014. Temas como los anteriores no ayudan a mejorar la percepción ciudadana sobre el Congreso y los parlamentarios, quienes periódicamente se ven cuestionados por temas que dicen relación con ciertos privilegios que aún se mantienen pero que no gozan el común de los trabajadores chilenos, o con mal uso de sus recursos –que incluso en algunos casos son materia de investigación por posibles delitos-.
Desde la sociedad civil se ha señalado desde hace un tiempo la necesidad de fiscalizar al Congreso a través de un órgano externo e independiente. La Comisión Engel realizó propuestas en la materia y el programa del Presidente electo Sebastián Piñera también hace eco de esta necesidad. Claramente el modelo de “juez y parte”, que en este caso se evidencia en su máximo esplendor y que recientemente el Tribunal Constitucional cuestionó respecto de un órgano administrativo, no da para más en el Congreso.
Claramente las Comisiones de Ética, integradas por parlamentarios y que tienen la facultad de sancionar a sus pares por infracciones legales o a la ética, no han cumplido ese rol y es muy difícil que ocurra, salvo antes casos de gravedad. Por eso la regla general de fiscalización y sanción, para que opere realmente, se encuentra radicada en un ente externo e independiente y que no sea parte ni juegue a la defensa corporativa.
En agosto del 2016 un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, se hacía cargo de este tema, creando una Dirección de Ética compuesta por tres personas con un perfil técnico y trayectoria en materias de ética, probidad o transparencia, nombradas a propuesta del Sistema de Alta Dirección Pública y luego ratificadas por el Congreso. Esta Dirección tendría funciones sancionadoras en caso de infracción a las leyes de probidad, transparencia y lobby y otras obligaciones parlamentarias, como el deber de abstención. Asimismo, cumpliría un rol asesor de los parlamentarios en materias de ética y probidad y le daría apoyo al trabajo de las Comisiones de Ética. Sin embargo, dicho proyecto prácticamente no fue discutido en el Senado en casi todo el año pasado, luego de ser despachado por la Comisión especial de Probidad y Transparencia de dicha Cámara.
En marzo de este año se estrena un nuevo Congreso bajo la aplicación de varias reglas nuevas: ley de cuotas, sistema electoral y de financiamiento a la política. Asimismo se produjo una importante renovación en ambas Cámaras. Esperemos que estas nuevas caras le den un impulso a esta reforma que es tan necesaria y que puede contribuir significativamente a evitar polémicas como las señaladas y, finalmente, a mejorar la confianza de los ciudadanos en nuestro Congreso, institución vital para nuestra democracia. (La Tercera)
María Jaraquemada
